El presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se enfrentaron ayer en una audiencia de mediación luego de que la referente opositora lo hubiera acusado de hechos irregulares en la negociación con el laboratorio Pfizer por las vacunas contra el Covid-19, aunque no se vieron cara a cara.
El proceso judicial es porque la ex diputada nacional denunció que la presencia de un intermediario en las negociaciones entre el Estado argentino y el laboratorio sugerían que hubo un posible pedido de sobornos, algo que fue negado por el Gobierno y desmentido incluso por Pfizer: ante ello, el mandatario interpuso la demanda y dijo que el resarcimiento será donado.
La ex ministra de Seguridad ratificó sus dichos y cuestionó al mandatario por no haber accedido a un careo: "No se animó a mirarme a los ojos".
"Se escondió en un cuartito y mandó una patota", lanzó Bullrich, acompañada por su abogado, Néstor Balian.
"Es una vergüenza que el Presidente de la Nación haya venido para quedarse en cuartito guardado. Lamento que el Presidente no tenga lo que debería tener para enfrentarnos cara a cara", insistió la titular del PRO en la vereda del Juzgado Civil 21, al tiempo que narró que ratificó sus declaraciones en torno a la falta de acuerdo con Pfizer en la pandemia. .
En ese sentido, profundizó: "¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo".
Por su parte, el abogado del jefe de Estado, Gregorio Dalbón, se adjudicó la decisión de reservar a su defendido y evitar el cara a cara con la referente opositora. "No teníamos intención de que se vean las caras, aparte ella dijo anoche que no iba a retractarse. Entonces al no haber retractación, las partes no tienen de qué hablar. Por eso decidí que Alberto Fernández no la vea cara a cara", aclaró.
Y continuó: "Bullrich no sabe de derecho. ¿Para qué íbamos a verle la cara? Se la vemos todos los días en LN+. Su justicia la tienen los sets de televisión". A su salida en auto, la exministra despidió al jefe de Estado con señas que dejaban entrever que huía del lugar.
En el interior del Juzgado, tanto el Presidente de la Nación como la titular del PRO estuvieron en habitaciones separadas.
Al haber sido ratificado sus dichos por parte de Bullrich ahora procede la demanda, o sea aquella que inicialmente entabló el mandatario a través de su abogado Dalbón.
Para los tiempos de la demanda, la Justicia civil no tiene plazos establecidos y lo que resuelva podría ser apelado a la Cámara Nacional en lo Civil, que tiene la última palabra.

PIDEN RECHAZAR ACUERDO
POR FESTEJO EN OLIVOS
La Fundación Apolo, una ONG de fuerte perfil opositor al actual Gobierno y cercana a Juntos por el Cambio, pidió ayer al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que rechace la "conciliación" que propuso el presidente Alberto Fernández para cerrar la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la cuarentena.
La fundación, que no es parte en el expediente, pidió ser tenida como "parque querellante" o, en su defecto, como "amicus curiae" (amigos del tribunal), argumentando que "Alberto Fernández vulnera su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero".
El escrito, presentado por los directivos de la Fundación Antonio Fratámico y Yamil Santoro –con el patrocinio del abogado Juan Pablo Pane- considera que "conceder la suspensión del juicio a prueba a un funcionario público sería una decisión contra la ley, que no haría otra cosa que vulnerar la prohibición expresamente establecida en el Código Penal".
El planteo recuerda que según la legislación vigente "no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".
Esa normativa se refiere a la "suspensión del juicio a prueba" o probation, pero no es ese el mecanismo al que apelaron Alberto Fernández, su pareja y otros asistentes a la reunión para cerrar el expediente mediante la "reparación integral del daño".
El mecanismo de la "conciliación" es más amplio que el de la probation y sobre esa base es que Fernández y su mujer formularon la propuesta de resarcir el daño causado desembolsando 1,6 y 1,4 millones de pesos respectivamente, para entidades públicas sanitarias que desarrollan políticas contra el Covid-19.
La fundación, en su escrito, consideró –no obstante- que "está claro que el Presidente de la Nación, además de ser funcionario público, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, de las fuerzas que tienen a su cargo la seguridad de la Residencia Presidencial, y que dentro de dicha residencia, es el responsable directo de hacer cumplir las normas que él mismo dicta".
"Ya sea que se hubiere encontrado con una fiesta en su residencia oficial o ya sea que la hubiere organizado, vulneró - por acción u omisión- su deber como Presidente y como Comandante en Jefe de las fuerzas que lo custodian y que tienen a su cargo la seguridad de su domicilio", subrayó la presentación ante la Justicia de San Isidro.
"La conducta imputada al Presidente constituye un acto de corrupción, un desvío de poder inadmisible, un privilegio intolerable en las circunstancias de esfuerzo supremo que estaba realizando la ciudadanía", resumió el escrito. (NA)