En lo que promete ser otra maratónica sesión, al igual que lo sucedido la semana anterior con el tratamiento del límite agronómico, que insumió cuatro horas de discusión, esta mañana sesionará el Cuerpo legislativo local y todas las miradas están puestas en la ordenanza tributaria por el ardiente debate que se espera.
La de hoy, será la última sesión con la actual composición del Concejo porque mañana (a las 18) asumirán los tres concejales electos el pasado 14 de noviembre: Martín Racca y Valeria Solterman, ambos del PJ, y Ceferino Mondino, de Juntos por el Cambio, más Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, radicales en Cambiemos, que renovaron sus bancas.

UNA INCÓGNITA
El proyecto de ordenanza Tributaria promete cruces interesantes cuando se aborde el porcentaje de incremento de las imposiciones municipales, con un oficialismo que solicita un 27% de suba para el primer semestre (dividido en un 15% para los primeros tres meses y un 12% para los tres restantes) y una oposición que no adelanta cuánto está dispuesta a otorgarle por lo que habrá que esperar cuánto pagarán demás los contribuyentes en 2022.
El Justicialismo sostiene que el aumento surge de la aplicación de la fórmula polinómica que rige actualmente (aprobada por el Concejo en 2018) para la actualización de las impuestos locales y la oposición le reclama que muestre los “números”, pero dicho cálculo no aparece y eso los hace pensar que el resultado es inferior al 27%.
Vale recordar que la fórmula polinómica fue consensuada para terminar con los engorrosos debates que tenían lugar cuando el incremento de los tributos no tenía parámetros a los que ajustarse y se adoptaban criterios “políticos” para determinarlos. Lo paradójico es que a un año de haberse puesto en vigencia, la oposición entendió que la cifra final era elevada, en función de la situación socio-económica, la desconoció y, al tener mayoría volvió a utilizar un método “político”.
Con este marco, todo indica que ahora, la bancada de Juntos por el Cambio, a la que acompañará Lisandro Mársico (PDP,-Frente Progresista) con su voto, se saldrá nuevamente con la suya, aunque el porcentaje de aumento que impondrán no estaría muy por debajo de lo que pide Hacienda municipal.

SE APRUEBA
En una breve reunión, previa al encuentro de comisiones del martes último, con el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, le transmitió las últimas modificaciones propuestas por el sector inmobiliario y de la construcción con relación a la modificación del Código Urbano, las que fueron tomadas en cuenta por los ediles y tras discutirlas acordaron “rebajar” un poco los porcentajes pretendidos por el sector privado y quedó el camino expedito para el proyecto que llegue al recinto legislativo esta mañana.
Martino recogió los cambios y se comprometió a enviar la ordenanza definitiva cuanto antes, pero, como consecuencia de la evaluación de las propuestas recibidas para el concurso de remodelación de la Recova Ripamonti, en los primeros días de la semana, más el feriado de ayer, todo se dilató y el proyecto ingresará al Concejo poco antes del inicio de la sesión, aunque, como ya tiene el consenso de todos bloques, se votará de manera unánime.
Ante esta situación, se deberá esperar hasta su aprobación para conocer la redacción final del texto, que, todo indica, no dejará del todo conformes al sector de los profesionales y empresas ligadas a la construcción.

ARCHIVADO
Finalmente, no hubo acuerdo y el proyecto para la creación del Instituto de Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas de la ciudad no tuvo despacho y perderá estado parlamentario.
La presencia de la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, no alcanzó, a pesar de la sólida defensa que hizo de la iniciativa, para torcer la voluntad de los concejales de la oposición, con la excepción de Raúl Bonino, alguien con preparación académica más que suficiente en el tema, quien se mostró decididamente a favor del Instituto.
Los cuestionamientos opositores pasaron fundamentalmente por objeciones a la falta de tiempo para un mejor análisis del proyecto, pero también se mantuvieron las de tipo presupuestarias, dudas en cuanto a la independencia política del organismo y a la metodología empleada por el Ejecutivo en el proceso que transitó para impulsarlo.
En este marco, Gallardo señaló que el Instituto es un “salto de calidad” al programa Rafaela Evalúa que demostró su valía a la hora de medir algunas acciones de Gobierno, entre las que mencionó el seguimiento e impacto del Festival del Teatro y los datos recolectados durante la pandemia que fueron de gran utilidad en la toma de decisiones.
A su vez, refutó las críticas de la oposición sobre la autoría del proyecto al recordar que es “una ordenanza que tiene legitimidad social por ser una construcción de las instituciones y (CUR, SEOM, vecinales, entre otras) y de personas no institucionalizadas” y que, al contrario de lo que piensan “no beneficia al Ejecutivo porque será la gente la que evaluará si los funcionarios son idóneos y las políticas son acertadas”.
Asimismo, remarcó que este proyecto recogió los reparos presupuestarios (el Instituto absorbería el Rafaela Evalúa) para no generar una planta política más grande de la que ya teníamos”. También, mencionó que se redujeron las partidas que tendría asignadas para el ejercicio siguiente del 1,5 al 1 %, lo que implica algo así como casi 13 millones de pesos.
Pero la oposición cerró filas, aferrándose a la necesidad de contar con más tiempo para analizarlo y se frustró nuevamente la puesta en funcionamiento del Instituto.