BUENOS AIRES, 18 (NA).- El juez de Cámara y flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, criticó ayer la intención del Gobierno Nacional de avanzar contra las jubilaciones de privilegio que reciben los magistrados.
En declaraciones a Radio AM 750, Lugones consideró que el proyecto del gobierno "es fácilmente atacable por inconstitucional" por lo que está "de acuerdo con el planteo de los colegas respecto de las jubilaciones". "Hay jueces que están con edad de jubilarse y se van a ir por la posibilidad del cambio de cálculo de jubilaciones", remarcó.
Además, indicó que los jueces aportan "12% sobre el bruto", lo que significa "un aporte muy superior al de cualquier ciudadano". "Aportamos durante 40 y 50 años mucho más. Nunca dejamos de cumplir nuestra función de juez", expresó.
Por su parte, Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, aseguró ante Radio Mitre que la iniciativa es inconstitucional ya que "vulnera el principio de independencia de los jueces", en tanto que aseguró que podría generar "una ola de reclamos de los aportantes que se verán perjudicados".
"Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes. Para que sean independientes existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones", agregó.
El viernes a última hora el gobierno envió un proyecto para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y, rápidamente, numerosos magistrados salieron al cruce de la iniciativa.
El texto que envió el oficialismo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad.
Según la nueva iniciativa, los magistrados cobrarían el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años, lo que equivaldría a aproximadamente un 60% del sueldo de un juez en actividad. El proyecto también alcanza a las jubilaciones de los diplomáticos, que perciben el 85% móvil sobre el último salario.
En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067.

ASOCIACION
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), los dos entidades gremiales de los jueces y fiscales, emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron el proyecto del gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces.
“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostiene el comunicado elaborado por ambas entidades. En el texto, señalan que no desconocen “la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país” pero resaltaron sobre el proyecto “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.
Esta es la primera declaración pública que se hace desde el Poder Judicial sobre la iniciativa.