Por Pedro Ulman

Una mayoría de los argentinos coincide en que el país no podía continuar deslizándose hacia abajo en un tobogán en forma infinita. Quizás en algún momento podría encontrar el fondo, pero ¿cuáles serían los riesgos? ¿Una implosión? Como en los últimos meses se fueron encendiendo todas las alarmas, los votantes optaron por no elegir más de lo mismo y se inclinaron a favor de quien prometía, con cierta sinceridad -una verdad incómoda antes que una mentira confortable- un camino pedregoso.
El gobierno de Sergio Massa -en 2023 asumió el gerenciamiento de la presidencia de Alberto Fernández, quien a su vez se recluyó en la Residencia de Olivos y solo participó de actos protocolares- emitía dinero sin límites con la esperanza de convencer a los argentinos de que era el mejor candidato. Pero solo empeoraba las cosas cada día, restringiendo las importaciones al mínimo necesario ante la escasez de dólares y aumentando la deuda del sector privado con sus proveedores del exterior, pisando precios de productos de la canasta básica e incluso de la medicina privada, de tarifas de servicios públicos y del transporte. Y a pesar de todas esas medidas distorsivas la inflación hervía como el agua al fuego, los salarios perdían mes a mes capacidad de compra. El fenómeno que rebalsó el vaso fue que la clase trabajadora y la clase media con pleno empleo e incluso sobre ocupada recibía ingresos insuficientes para cubrir sus gastos. Así, los trabajadores incluso registrados comenzaron a caer en la pobreza.
Massa armó, en su desesperación por ser presidente de la Argentina, una bomba casi nuclear para una economía. Pero perdió y dejó una bomba imperfecta para desarmar, sin planos ni protocolos. En medio de su gestión en el 2023, se destaparon nuevas ollas de corrupción con pretensión de impunidad. El caso de Martín Insaurralde, jefe de Gabinete del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cargo al que había llegado en 2021 por imposición de Cristina Kirchner al gobernador Axel Kicillof tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales de medio término, sacudió una vez más a la sociedad argentina por la obscenidad. Un funcionario que repetía como loro el relato sobre la necesidad de reconocer derechos y prioridad a los sectores más vulnerables de la población fue sorprendido al disfrutar de una vida de lujos en España, a borde de un yate con placeres mundanos costosísimos, desde una botella de champán de primera línea mundial hasta carteras de las marcas top en la clase alta. Un funcionario que en su declaración jurada apenas confiesa ser dueño de una casa y no tener más ingresos que el que percibe por la función pública.
De la misma manera, estalló el escándalo que se conoce como el caso Chocolate, por el empleado de la Legislatura bonaerense Julio Rigau que fue hallado extrayendo dinero de un cajero ubicado en el centro de La Plata de casi 50 cuentas, con las respectivas tarjetas de débito.
Dos casos de corrupción grosera de la cual los responsables políticos buscan hacerse los distraídos. Por el caso Chocolate, hay dos detenidos de apellido Albini estrechamente vinculados a Massa. Se esperan novedades sobre cuál era la ruta del dinero sucio. ¿Hasta dónde llegará?
Ojalá la Justicia se atreva a avanzar más rápido en la investigación y la condena de los casos de corrupción. Deberían ser prioridad para enviar un mensaje a todos aquellos que desempeñan un cargo público en cualquiera de los poderes del Estado. Como se dice ahora, el que las hace, las debe pagar... y rápido.

El ganador de las elecciones, Javier Milei, cumplió en parte su palabra al adoptar las primeras medidas, pues el camino se tornó pedregoso para la mayoría de los argentinos, que todavía soporta al nuevo Presidente a pesar de que pierde por goleada ante una inflación que en diciembre voló por los aires, mientras los salarios sufrían una nueva licuación de su poder de compra.
A esta altura nadie tiene certeza de que el plan que Milei tiene en su cabeza de león funcionará realmente. La incertidumbre es absoluta y el escenario se ha caldeado a niveles explosivos, con un aumento de la conflictividad social y reclamos de municipios, gremios, entidades intermedias, organizaciones políticas y otros actores de la vida pública nacional, que rechazan parcial o completamente la desregulación económica y la derogación de múltiples leyes contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia y también por el controvertido proyecto de la denominada "Ley Ómnibus", cuyo título en realidad es "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", cuyo tratamiento se dispone a realizar el Congreso a partir de la próxima semana.
En rigor de verdad, no todos los argentinos se oponen a las propuestas del Gobierno de Milei. Asociaciones empresarias, ciudadanos de a pie, comerciantes y otros más que incluso están asustados por la inflación del primer mes de la gestión libertaria aún respaldan el proceso de transformaciones, cuyo puerto de destino aún es incierto. Pero no están dispuestos a regresar al punto de partida que fue la Argentina de los Fernández y de Massa, considerada una ficción insostenible.
A pesar de que los combustibles acumulan incrementos que rondan el 90 por ciento en menos de un mes, con el efecto dominó que genera en los precios de la economía en general, de que los alimentos registran subas en promedio del 36 por ciento en diciembre aunque la carne subió mucho más de esa cifra, de que los insumos de las industrias duplicaron o hasta triplicaron su valor a raíz de la devaluación, de que con el 2024 llegaron los ajustes de tarifas como agua, electricidad o de servicios como la medicina prepaga, de que los salarios y las jubilaciones se pulverizaron, no son pocos los argentinos que se mantienen firmes en su apoyo a Milei.
Alguien podría recordar aquella máxima menemista de 'estamos mal, pero vamos bien'. O bien 'hay que pasar el verano', la actualización con cambio de estación incluida de la frase de otro liberal, Alsogaray.
Al fin de cuentas, es creer o reventar.