En un nuevo aniversario de aquella primera movilización para decir ¡BASTA DE FEMICIDIOS! en nuestro país, la concejal Alejandra Sagardoy reflexionó sobre ese 3 de junio de 2015 que marcó un antes y un después en nuestra sociedad, y que fue el puntapié inicial para que la lucha por los derechos de las mujeres se visibilicen con fuerza en Argentina.
“Fue un día clave y necesario para el movimiento de mujeres, donde expresamos el hartazgo del género femenino y de las identidades feminizadas que desde siempre vemos nuestros derechos vulnerados en una sociedad patriarcal que nos excluye y nos deja relegadas sólo por ser mujeres. Por primera vez nuestra voz se hizo escuchar, y por primera vez en Argentina comenzamos a llamar a las cosas por su nombre, cuando un hombre mata a una mujer no se llama homicidio se llama FEMICIDIO”, planteó.
Y aseguró que “así fue como comenzamos a dejar de ignorar una estadística criminal y repetida, que requería con urgencia denunciar el machismo asesino, ese que nos sigue matando en la actualidad en medio de la pandemia”.
La concejal también comentó que para ella esta fecha es un momento ideal para hacer un balance de lo que se logró en estos años de lucha y de lo que todavía nos falta recorrer para garantizar plenamente los derechos de las mujeres.
Desde las primeras consignas que se reclamaron:
*Instrumentación y asignación de presupuesto para cumplimentar con la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Puesta en marcha de un Plan Nacional.
*Estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, que incluyan los índices de femicidio.
*Apertura y funcionamiento de Oficinas de Violencia de Género en el ámbito del Estado (Nacional, provincial y municipal).
*Garantías para el acceso de víctimas a la Justicia.
*Creación de casas de amparos, hogares de día para víctimas.
*Incorporación a las currículas de Educación sexual integral con perspectiva de género.
*Capacitaciones obligatorias para personal del Estado en la temática de género.
Muchas de ellas ya puestas en marcha y otras que aún se implementan a medias. Lo que no podemos dejar de reconocer es que han sido la base para impulsar varias otras conquistas como la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la Ley 27.501 que incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia hacia la mujer y lo incluye como delito dentro del Código Penal, entre otras que también surgieron, lamentablemente, por nuevos casos emblemáticos de femicidio como lo fue la “Ley Micaela”.
Sagardoy aseguró que “el NI UNA MENOS sigue siendo un grito colectivo para poner la mirada sobre eso que antes se ocultaba, revisar las propias prácticas machistas que todos tenemos para asumir el compromiso social de construir una sociedad menos violenta y machista donde las mujeres puedan desarrollar su vida plenamente, ejerciendo sus derechos”.
Además, mencionó que el contexto de la pandemia y el aislamiento social, que obligó a muchas mujeres a estar confinadas con quienes las violentan, desnudó nuevamente la triste realidad de miles de mujeres que son víctimas de violencia al interior de sus hogares, hecho que quedó registrado en el último informe elaborado por el Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro que da cuenta de 57 mujeres asesinadas desde el 20 de marzo.
Las cifras no descienden y el confinamiento no ayuda ya que el 71% fue asesinada en su vivienda, dejando 77 hijas e hijos sin madre. Teniendo en cuenta que el 65% de los femicidas eran parejas o exparejas y que 1 de cada 6 mujeres tenía denuncias previas lo que pone en evidencia que es necesario que el Estado Nacional adopte medidas urgentes destinadas a la protección y prevención de la violencia de genero.
La concejal concluyó que hay que asumir la responsabilidad de seguir avanzando con las demandas que aún continúan pendientes porque este es un compromiso necesario para proteger la vida y los derechos de las mujeres, y nos obliga a quienes formamos parte de los poderes del Estado a responder con políticas públicas efectivas que resguarden la integridad de las mujeres.