BUENOS AIRES, 15 (NA). - El fiscal Gerardo Pollicita imputó ayer al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga y a dos responsables de la cerealera Vicentín por un préstamo "irregular" de $ 18.500 millones, que ahora cayó en cesación de pagos.
Los directivos imputados son Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y el fiscal consideró que hubo una "maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional". Vicentín fue la principal aportante privada a la campaña de Juntos por el Cambio en 2019.
La firma agroexportadora nunca pagó sus deudas con el Nación, entidad con la que tiene compromisos pendientes por 350 millones de dólares, lo que representa más de 20% del patrimonio de la entidad.
En diciembre la empresa se declaró en cesación de pagos y luego entró en convocatoria de acreedores, lo que anuncia que no pagará lo adeudado.
Pollicita tomó como base el informe del Banco Nación, cuyo Directorio ahora integra Claudio Lozano, autor de un informe que permitió detectar los préstamos millonarios sin saldar.
El dictamen recuerda que entre 2015 y 2018 Vicentín tuvo "un considerable crecimiento aumentando notablemente sus ventas, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking, al sexto puesto general y primero en su actividad, al mismo tiempo que verificó un aumento de sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el Banco Nación".
La sospecha planteada en el dictamen de la fiscalía, y también en la denuncia que hizo Fernando Miguez y que dio origen a la causa, es que la deuda de Vicentín con el Nación a cargo de González Fraga, "superó los límites a los que podía acceder la firma en función de la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas".
Consideró, además, que "sin fundamento alguno habría obtenido una refinanciación sin hacer las cancelaciones correspondientes para encuadrar en la normativa vigente".
Indicó que esto "habría sido posible gracias a los vínculos de la empresa con funcionarios del anterior gobierno nacional y del Banco Nación, y a sus aportes proselitistas a favor de la coalición Juntos por el Cambio, que la ubican como principal contribuyente". .
Si bien Lozano no declaró aún en el expediente, el planteo de Pollicita se apoya en un informe de su autoría que se puede consultar en la página web de su fuerza política, Unidad Popular.
El informe sostiene que la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco.
"Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión", consignó el informe de Lozano.
Lozano dijo que pudo saber en el Banco Nación que "en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentín para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia".
"Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa", afirmó.
El incumplimiento de Vicentín con sus pagos -según el documento- fue casi simultáneo con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), poco después se declaró en situación de "estrés financiero" y el 10 de febrero pidió la apertura del concurso preventivo.
El informe de situación de Vicentín citado por Pollicita muestra, en contraste con ese panorama, la curva ascendente de su facturación: 66,7% en 2016, 35% en 2017, 92,4% en 2018, "lo que dificulta comprender la alegada crisis", señaló.
Dijo que todo indica que la empresa utilizó como argumento para justificar su crisis que sus pasivos eran en dólares y sus activos en pesos, cuando sus productos son exportados y darían ganancias en la moneda estadounidense.
Otras circunstancias sospechosas señaladas son el acuerdo estratégico con el Grupo Glencore al que se le pagó con una cesión del 16,67% de las acciones de Renova; en 2018 Vicentín habría aportado a la AFIP solo 2,4% de las ganancias declaradas, que a la vez calculó con un mecanismos que permitía retraerlas.
Según el planteo de Lozano, que reproduce Pollicita, "ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentín".