En una Argentina que nunca termina de salir de un estado de crisis, más allá de que por momentos se toma recreos saludables donde la economía se las ingenia para crecer, la inseguridad se ha transformado en una problemática estructural principalmente en las áreas urbanas. Las peleas entre vecinos, en el interior de las familias y los robos donde los delincuentes están dispuestos a todo ocurren con alarmantes niveles de violencia. Esta situación nos atemoriza, nos preocupa y quizás también nos ocupa, aunque no hemos acertado con las soluciones aplicadas.
El caso de Rosario es emblemático. Es la ciudad argentina con mayores muertes violentas desde hace años. Con una estrategia de acción coordinada, fuerzas de seguridad provinciales y nacionales buscan reducir el poder de las bandas vinculadas al negocio de la droga. Si bien han logrado cosechar una serie de victorias, da la sensación que la suerte de la guerra se inclina en favor de los delincuentes. Tiroteos en plena calle, sicarios que sorprenden a sus víctimas cuando éstas se detienen en un semáforo o en un bar se han transformado en poco menos que escenas naturales.
En Rafaela también tenemos lo nuestro. El incesante auge del delito pese al despliegue de las tropas de las policías de la Provincia o la recientemente instalada Federal o de la Gendarmería dan una buena impresión ante la ciudadanía. Ver a los efectivos de las fuerzas de seguridad en la calle genera la sensación de que están haciendo algo, aunque en el fondo escasa efectividad se ha observado en estas tácticas. Los robos siguen ocurriendo en todos los puntos cardinales de la ciudad y los delincuentes dominan el territorio como reyes.
Efectivos policiales y fiscales ineficientes explican en gran medida esta crisis de la seguridad pública mal que le pese al ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro y su deseo-utopía de convertir a su policía en la mejor de la Argentina.
Rafaela se moviliza por una obra de teatro que faltó el respeto a la simbología cristiana, pero nada dijo de esa abuela que superó los 80 años y que fue víctima de un brutal robo esta semana, cuando un delincuente ingresó a su casa de calle Falucho, en el corazón de barrio San Martín, le puso un cuchillo en su garganta y le exigía dinero y todo lo de valor, aunque principalmente le preguntaba si debía volver una persona. Parecía tener el dato correcto, porque poco después regresó una vecina con el dinero de la jubilación que mensualmente le cobra a la abuela, quien además de joyas de oro resignó más de 20 mil pesos que constituyen su ingreso mensual. Pero no fue todo lo que perdió. Se le fue la alegría y se entregó al miedo. Ese final de la entrevista que brindó al noticiero de Cablevisión con lágrimas en sus ojos al recordar el cuchillo que un irascible ladrón sostenía contra su garganta es un cuadro de una película dramática que nunca quisiéramos ver.
Como la mayoría de los ladrones goza de una gran impunidad que descansa en la falta de compromiso y de resultados de fiscales y policías de investigación, poco tienen de que preocuparse.
Sin embargo, algunos que otros robos se esclarecen. Al mismo tiempo desnuda la inoperancia de otras estructuras del Estado en cualquiera de sus niveles. Veamos. El miércoles un adolescente de nombre Carlos -según informó la Policía local- robó una moto costosa y una bicicleta que estaban en una vivienda del barrio La Cañada. Pasó poco tiempo y agentes policiales encontraron ambos vehículos en una casa ubicada en la calle que separa los barrios Fátima y Villa Podio. Fue detenido un joven de apenas 15 años que hasta hace poco tiempo era un inocente niño que iba a la escuela primaria. ¿Habrá sido el real ladrón? ¿O asumió la responsabilidad con la certeza de que por su edad no quedará preso? Claro que a las pocas horas recuperó la libertad y volvió a su casa. La legislación vigente los ampara y aparentemente limita a fiscales o a la Justicia de Menores, o a ambos. Una posición cómoda para algunos. Teléfono legisladores provinciales, también son responsables.
¿Se interesa el Estado en hacer un seguimiento de su situación? ¿Le interesa qué le pasa a ese chico de solo 15 años que robó? ¿Qué sucede cuando un policía restituye a ese menor a su casa? ¿Le dice a sus padres que se merece un chirlo que lo cuiden mejor? ¿O lo suelta así nada más para que engorde un incipiente prontuario? ¿Cómo está constituida su familia? ¿Nadie pensó en vincular la labor de la Justicia de Menores con las áreas sociales de la Municipalidad y la Provincia? ¿Lo hacen? ¿Al delincuente juvenil no le exigen que vaya a la escuela o un centro de oficios para refrescarle la importancia de los valores y decirle que está mal robar? Al menos en la superficie no se visualiza nada.
Otro caso se registró ayer cuando dos adolescentes, de 14 y 17 años, robaron una moto en calle Falucho al 500 que luego fue hallada abandonada y algo deteriorada en avenida Suipacha y Juan B. Justo. Los chicos se escaparon del lugar pero a partir de un operativo de saturación fueron atrapados cuando se escondían frente a la cañada cercana al Instituto Superior del Profesorado. Al adolescente de 17 lo alojaron en la Alcaidía porque debe responder por otros robos. Al de 14 lo entregaron a "su progenitora". ¿Así nada más? ¿El Estado no hace nada más con ese niño-adolescente de 14?
Más allá de esta serie de cuestionamientos hacia las instituciones vinculadas al sistema de seguridad (policía y justicia), no es menos cierto que el fracaso es general, es decir de todo el cuerpo social. 
De la droga, al menos en esta columna, mejor ni hablar. No hay más espacio.