La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe convirtió en Ley la reforma del Código Procesal Penal, una de las acciones más ambiciosas e importantes dentro de la batería de medidas propuestas por la gestión del gobernador, Maximiliano Pullaro, desde que asumió en diciembre. El mensaje remitido por la Casa Gris impulsa cambios en más de 40 artículos y la incorporación de figuras que permitan colaborar con las investigaciones, buscando así dotar de más herramientas a jueces, fiscales y policías frente al delito.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, encabezó ayer la primera Sesión Especial del período 141° en la que lo más importante fue la sanción de la reforma del CPP, vigente desde el 2007. Con una votación casi en simultáneo del Senado y Diputados, cámaras donde el oficialismo tiene mayoría, se aprobaron cambios en 48 de los 460 artículos.
El proyecto del Ejecutivo señala que “tiene por objetivo disponer que, en los procesos judiciales que tramiten en la justicia provincial de Santa Fe, en los que un sujeto sea imputado por la posible comisión de un delito, al que según el Código Penal de la Nación le corresponda una pena privativa de libertad, y a los fines de que los jueces puedan aplicar o no la prisión preventiva, se tenga en cuenta como peligro procesal el hecho de que el investigado tenga condenas previas total o parcialmente cumplidas, o esté siendo investigado en otras causas por la comisión de delitos dolosos”.
El diputado José Corral, vocero parlamentario del Ejecutivo en materia de Seguridad, hizo hincapié en algunos de los aspectos más destacados de la actualización de la norma y resaltó el trabajo legislativo: "Celebramos el amplio consenso en la aprobación de esta Ley y agradecemos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Un proyecto en el que se han tenido en cuenta las voces de todos los actores involucrados que pasaron por este recinto, y que han nutrido y mejorado el resultado final”.
"Reforzar y darle más herramientas a la fiscalía y a la fuerza de seguridad en materia de allanamientos era una cuenta pendiente que incorporamos", subrayó Corral. Los cambios apuntan a acelerar la autorización y a hacer más efectivo el proceso, con la posibilidad de derribo de búnkers de venta de drogas, y de allanar espacios aledaños en la búsqueda y secuestro no sólo de los elementos individualizados como objetos de prueba e investigación, sino también otros relacionados a la comisión de delitos. Las modificaciones también prevén la viabilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial cuando la urgencia lo amerite.
Además, el legislador de Unidos para cambiar Santa Fe se refirió a otros puntos de la reforma como la incorporación de agentes encubiertos, informantes y entregas vigiladas entre las medidas especiales de investigación y prueba; y los registros audiovisuales -como la filmación de cámaras de seguridad- entre las situaciones de flagrancia, siempre y cuando el presunto autor aparezca cometiendo un delito y el personal policial tenga acceso en un tiempo inmediato al material.Otro capítulo importante es el referido al acuerdo de Juicios abreviados ante delitos contra la integridad sexual, en los que se necesitará el aval del Fiscal General además de la conformidad de la defensa del imputado y del fiscal. 
Finalmente, el Diputado Corral subrayó: “Estoy que seguro que este tiempo será recordado como un tiempo de profundas reformas de las instituciones de la provincia, que han tenido como eje un reclamo de la ciudadanía sobre la recomposición de la autoridad del Estado.”
“Estamos avanzando en reformas para afrontar el delito complejo, y la situación crítica de Rosario”, sumó el diputado Rubén Galassi, mientras que su par Martín Rosúa indicó que con los cambios “no se retrocede en la esencia del sistema acusatorio”.
Entre las modificaciones, se destaca el cese del estado antijurídico. Significa “que los inmuebles o terrenos usurpados deben ser restituidos inmediatamente a sus propietarios”, o bien, que “un auto o una moto robada, ni bien se encuentre debe ser entregada a su dueño”, ejemplificaron fuentes del oficialismo que fueron citadas por el diario El Ciudadano. 
Asimismo, los cambios establecen la eliminación de las audiencias para determinados casos y la extensión de plazos para detenciones previas a la imputación de acusados, que se duplicaron de 48 a 96 horas y en casos de delitos complejos como narcotráfico se extiende a 15 días, prorrogables a otros 15. 
Por último, aumenta el margen de maniobra de la figura del querellante en las audiencias imputativas, ya que ahora podrá participar de la misma, ser escuchado, realizar preguntas al imputado y dirigirse o peticionar al Tribunal, mientras que los juicios abreviados se podrán solicitar en cualquier momento de la investigación penal preparatoria.
La semana pasada, la Legislatura había convertido en ley la implementación de los juicios por jurados. En tal sentido, la norma ha diseñado un juicio por jurado popular, con 12 jurados titulares y 2 suplentes, para el juzgamiento obligatorio de delitos graves como homicidios, abuso sexual seguido de muerte, y también para que la sociedad juzgue el accionar policial y penitenciario en casos de enfrentamiento. También se postula que se requerirá unanimidad a la hora del veredicto pero, también, se incluye supuestos de mayoría agravada como los de criminalidad organizada.