Por Roberto F. Bertossi*

Tardía y llamativamente AFIP informó que unos 250.000 beneficiarios de planes sociales en los últimos años habían comprado dólares, ello cuando aún resuenan otros escándalos de planeros u organizaciones sociales intermediarias de cooperativas de viviendas y trabajo no formales (Sueños Compartidos, Tupac Amaru, Mayra Mendoza, caciques piqueteros, etc.).
No obstante y a pesar de todo, el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis acaban de suscribir el decreto 728/2022´. Arbitraria y discrecionalmente esta medida promueve el otorgamiento a la economía popular del 30% de la Obra Pública Nacional en la realización de obras de hasta $ 300.000.000; una subespecie de cupo piquetero que nos recuerda en términos de negación meritocrática, al absurdo, ridículo e ilegal cupo femenino.
Naturalmente, este arrebato administrativo provocó la reacción de los constructores formales argentinos, quiénes conforme al derecho vigente, cuestionaron el DNU que otorga el cupo del 30% de la obra pública a esta autodenominada economía popular; esencialmente frágil, políticamente permeable.
La misma está integrada por titulares de planes sociales, muchos de los cuales, violando impedimentos legales, compraban dólares (cuando el resto de los argentinos no podía ni puede) y declaraban bienes personales; irregularidades natural y absolutamente incompatibles para recibir tales ayudas estatales, sin mencionar un perverso escamoteo de tales asistencias sociales a otros legítimos argentinos beneficiables.
En efecto, una de las razones y fundamentos de tal reacción por parte de la cámara argentina de los constructores formalizados, consiste en que la decisión del Gobierno de otorgar a piqueteros seudocooperativos ese porcentaje de emprendimientos de hasta $300 millones, facilita la competencia desleal en grave desmedro de la sostenibilidad, tanto para pymes como para microempresas urbanas o rurales, afines y complementarias.
En todo el país, se calculan mínimamente unas 20 mil empresas constructoras formales inscriptas, de las cuales más del 97 por ciento son pymes que ejecutan obras por debajo de 300 millones de pesos. En no pocos casos, su techo es mucho menor que dicho monto.
La competencia desleal radica en que la estructura de costos de una cooperativa informal no incluye todos los de las pymes que tienen que aportar vg., inversiones en bienes de capital, su mantenimiento y amortizaciones, tarifas y servicios, cargas tributarias, sindicales, salarios de convenio, aguinaldos, vacaciones, obra social, ART, jubilaciones, etc.
Adicionalmente las cooperativas no tributan impuesto a las ganancias ni tasas o tributos locales ni provinciales.
Preconclusivamente, no se trata de estar en contra de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino, mediante una agenda cuidadosa y premurosa para la regularización de la Economía Popular.
Finalmente, nada de esto último resulta a priori ilegal e inaceptable, tampoco la transición verosímil de los planes sociales a programas de empleo duradero. Lo jurídica y socialmente reprochable es la apertura desleal de la competencia procrastinando una concurrencia cooperativa regular al mercado de la obra pública.

(*) Experto en cooperativismo de la Coneau.