La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), a cargo de Carlos F. Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elaboró un informe estadístico sobre niños y adolescentes con causas penales, que fueron intervenidos por la Justicia nacional de menores durante el primer semestre del año, y dEterminó que en esta situación se encontraron 906 jóvenes, un 10% más que en el mismo período de 2021.

Nueve de cada 10 fueron varones, principalmente argentinos (94%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (44%), y la edad promedio fue de entre 16 y 17 años (61%).

LOS DELITOS

De los delitos registrados en las intervenciones, predominan aquellos contra la propiedad (85%), principalmente distintos tipos de robos (77%). El restante 15% corresponde a delitos contra la integridad sexual (41%), contra la administración pública (20%) y contra las personas (8%).

En esta última categoría (12 causas), en 4 se investigó el delito de homicidio (2 en grado de tentativa y 2 consumados). Esta cifra representa un 60% menos de causas por homicidio que en el mismo período del año anterior.

Los juzgados nacionales de menores registraron en el período un total de 954 resoluciones, de las cuales el 59% fueron sobreseimientos por mediar una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria (conforme al artículo 336 inciso 5 del Código Procesal Penal de la Nación). 

Los tribunales orales de menores, por su parte, registraron 16 resoluciones, 7 de ellas fueron declaración de responsabilidad con suspensión del trámite o absolución.

Privación de la libertad o alojamiento en instituciones

El informe detalla que, en el semestre, 67 NNyA tuvieron alguna medida judicial de privación de libertad, alojamiento en residencias de libertad semi restringida u hospitales, 10% menos que en el mismo período de 2021. La mayoría de las medidas finalizaron el mismo semestre (60%) siendo su duración promedio de 21 días. 

El 50% de las medidas se inició en centros de régimen cerrado, el 27% en residencias socioeducativas de libertad restringida y el 23% en hospitales.