Con enormes dificultades, el Gobierno nacional logró el año pasado reestructurar parte de la deuda externa lo que le dio aire a la economía argentina al postergar vencimientos para los próximos años y al mismo tiempo generó un saludable impulso para encarar la búsqueda de acuerdos con acreedores institucionales como el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Sin embargo, a pesar de un sinnúmero de reuniones y declaraciones gentiles no se han registrado avances concretos principalmente por las confusas señales de la gestión del Presidente Alberto Fernández, que a esta altura está encontrando mayores trabas a sus iniciativas en el interior de su coalición gobernante que en la propia oposición legislativa. La Vicepresidenta plantea demorar un eventual acuerdo hasta después de las elecciones del segundo semestre cuando el Ministerio de Economía podría resolverlo en el corto plazo, lo que aumentaría la certidumbre del futuro del país, propenso a la incertidumbre. La licuación de poder del Presidente y de sus funcionarios, como el de Martín Guzmán en estos días por el affaire con la Subsecretaría de Energía por el conflicto en torno a las tarifas eléctricas, da como resultado en una peligrosa pérdida de confianza de las autoridades nacionales. Parece que la Casa Rosada cede ante el Instituto Patria.  
En un documento reciente, la consultora Ecolatina abordó la problemática de la deuda. Señala que a pesar de la reestructuración de la deuda pública en divisas bajo ley local y extranjera con acreedores privados en 2020, lo cual descomprimió el perfil de vencimientos del Tesoro Nacional en el corto plazo, el ratio deuda total-PBI alcanzó un máximo desde 2004 (118%), al ubicarse en 103,7%, saltando alrededor de 14,2 puntos porcentuales en relación con 2019.
El reporte afirma que esta dinámica, que podría sonar contradictoria a priori, se explica por tres grandes motivos. Por un lado, porque la reestructuración no implicó una quita significativa de capital (2%), en tanto los intereses pasaron de 6,1% promedio ponderado anual a 3,1% en el caso de la deuda ley extranjera y de 7,6% a 2,4% en la deuda ley local: el foco no estuvo en relajar las obligaciones, sino en estirar y normalizar el cronograma de pagos.
En segundo lugar, sostiene Ecolatina, obedece a que el Tesoro incrementó significativamente su déficit durante el año pasado, producto de la pandemia y la crisis económica que provocó. Si bien casi 9 de cada 10 pesos del rojo financiero se solventaron con emisión, el Palacio de Hacienda también colocó deuda por casi 4 billones de pesos, esto es el 15% del PBI, en pos de refinanciar vencimientos de capital o canjear Letras de corto plazo por instrumentos más largos. A la vez, se recibieron desembolsos de organismos internacionales por casi USD 3.300 millones que incrementaron los pasivos del sector público. Resultado de todas estas colocaciones, la deuda pública total aumentó poco más de USD 12.500 millones en 2020, lo que representa una suba del 3,9% en la comparación interanual.
Por último, responde a que el PBI en dólares, que es el denominador del ratio deuda-PBI, cayó casi 15% durante el año pasado. El desplome de la actividad que trajo la pandemia y la cuarentena, que alcanzó el -9,9% según el INDEC, y la suba de 4,5% del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos provocaron este fuerte deterioro que ayudó al salto del cociente analizado.
Como el PBI argentino en divisas se derrumbó casi 30% producto de los sucesivos saltos cambiarios, la relación con la deuda se modificó sustancialmente. Es decir, a pesar de que la deuda pública total avanzó “solo” 4,7% entre 2017 y 2020, resultado del desplome de 40,2% del PBI en dólares, este cociente prácticamente se duplicó, al pasar de 56% en 2017 a 104% al cierre del año pasado.
El indicador deuda pública-PBI es particularmente relevante para los inversores: permite comprender rápidamente cuánto representa el stock de pasivos del Tesoro en relación con el flujo de producción anual de una economía y, de esta forma, dimensionar los esfuerzos que debe hacer un país para repagar en tiempo y forma sus compromisos.
De todos modos no todo es color oscuro. Buena parte de la deuda pública está en manos de otros organismos del Estado, por caso el Banco Central y la ANSES, de modo que la deuda relevante, esto es aquella que excluye los pasivos intra sector público y es más exigente de refinanciar, equivale al 62% del PBI, porcentaje sensiblemente menor que la deuda total, y por lo tanto de menores riesgos. Más allá de todo, el riesgo país argentino no se redujo sensiblemente luego de la reestructuración de la deuda y sigue por encima de los 1.500 puntos básicos, un valor que nos aleja de los mercados internacionales de crédito. La política de la deuda, por tanto, se basa paradójicamente en no tener una política de deuda.