En medio de la pandemia, uno de los debates que se ha instalado en todos los ámbitos tanto en la Argentina como en la aldea global gira en torno al acceso a las vacunas contra el Covid. Democratizar y garantizar la equidad en la compra de las vacunas o privatizar al mejor postor del mercado animan la controversia en la que participan, inicialmente, los sanitaristas y los funcionarios públicos pero que gradualmente se ha extendido al resto de la sociedad. 
Si bien a finales de 2020 las expectativas por el desarrollo de las vacunas había generado un optimismo que ahora luce exagerado, el mundo asiste en la actualidad a un retraso en la producción de vacunas que obligan a volver a las recetas iniciales para combatir la pandemia: barbijos, distancia social, lavado de manos y restricciones para reducir la circulación y aglomeración de personas. A esto se suma la necesidad de una suerte de "conciencia social" para que todos cumplan con las medidas sanitarias y evitar una rebeldía que actúe como caldo de cultivo para la propagación del virus. Ahora que la segunda ola oficialmente comenzó en el país, entonces se requiere compromiso y responsabilidad individual para aportar desde casa a la salud pública y al bienestar común. 
En la Argentina se había consolidado la idea de que el Estado nacional había monopolizado la negociación para comprar vacunas y luego, en base a un criterio de igualdad, distribuir las dosis entre las provincias. Pero en la última semana el enfoque cambió cuando el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, planteó que los estados provinciales, municipios e instituciones particulares pueden gestionar por su cuenta la compra de vacunas ante los laboratorios, lo que reconfiguró los términos del debate al menos en el plano local.
La discusión por el acceso a las vacunas se renovó en los últimos días y en este marco Cafiero recordó que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre pasado, dejó en claro que "no está prohibido en la Argentina" la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.
En este escenario, el Gobierno de Córdoba informó que mantuvo conversaciones con distintos laboratorios para comprar dosis de vacunas contra el coronavirus, pero que las firmas aclararon que la eventual entrega no iba a ser posible antes de fines de 2021. De igual forma, el Gobierno de Tierra del Fuego retomó gestiones para adquirir por su cuenta 50 mil vacunas Sputnik V y 50 mil Sinopharm destinadas al plan de vacunación contra el coronavirus.
En Rafaela fue el concejal de Cambiemos, Raúl Bonino, quien abrió el debate a nivel local al proponer que la Municipalidad de Rafaela también explore la posibilidad inicie su propia negociación con los laboratorios para comprar dosis que inmunicen a los rafaelinos del coronavirus para no depender exclusivamente de los envíos de la Nación. 
Actualmente, los países más ricos concentran el 85% de las vacunas y es el problema que tiene la Argentina y el resto de los países con menores recursos y poder para negociar frente a los laboratorios. Además del escalamiento y la producción hay una inequidad tremenda, y esto se agravaría mucho más si lo dejases en manos de privados es lo que consideran desde la perspectiva de la salud pública. 
La  presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE),  Florencia Cahn, remarcó recientemente que en el contexto de vacunación en pandemia es importante que el Estado nacional tenga un rol rector en la distribución de vacunas estableciendo el Plan de Vacunación por grupo prioritarios según el riesgo de padecer formas graves o fallecer por Covid-19. En este sentido, subrayó que debe primar el principio de equidad por el cual todas las personas que pertenezcan al grupo de riesgo tengan igual acceso a las vacunas independientemente de su condición socioeconómica. 
En el fondo subyace otra discusión: el problema de la escasez de las vacunas, atribuido a que las patentes le dan monopolio a las empresas - laboratorios por 20 años. ¿Por qué no se liberan las patentes para que las vacunas puedan producirse de manera masiva y lleguen a todo el mundo? A nivel mundial, más de 99 países apoyan la exención de propiedad intelectual de los medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de Covid-19 mientras dure la pandemia, hasta que se logre la inmunidad mundial. Como planteó días atrás la BBC, la historia parece repetirse mediante un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos, o en este caso vacunas, más baratos para salvar vidas.