Por Roberto F. Bertossi *

La politización, la prepotencia sindical y hasta la judicialización del ciclo lectivo 2021, añadieron condimentos mezquinos a cierto desbaratamiento y desbarajuste educativo argentino.
Esta pandemia del coronavirus aceleró, al menos parcialmente, un desbaratamiento de fines y objetivos liminares en cuanto preámbulo del sistema educativo argentino (ley 26.206/06), ello en tanto reguló el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, estableciendo que la educación y el conocimiento son un bien público esencial, un derecho personal y social, garantizados por el Estado en categoría de prioridad nacional como política estatal para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico nacional.
Un inédito atropello y humillación vírica del Covid-19´ junto a los consabidos obstáculos sindicales y de financiamiento durante los tres últimos quinquenios del aludido marco educativo nacional, alteraron, licuaron y hasta llegaron a truncar procesos y secuencias posibles de enseñanza-aprendizaje, de capacitación y asimilación tecnológica.
El desmantelamiento y el desguarnecimiento del mismo -por acción u omisión- no constriñe pedagógicamente la difusión y transmisión educativa en nuestro país, fundamentalmente en geografías desfavorecidas y con más carencias por un prolongado empobrecimiento que injusta e inequitativamente las desvincula de una razonable igualdad de trato y de oportunidades; todo esto no obstante denodadas y ejemplares entregas permanentes de cada maestro rural.
Para esto último, tampoco se cumplimentó con la promoción educativa solidaria civil a través del Consejo Federal de Educación prevista en el artículo 90 de la ley 26.206, mediante la oportuna y apropiada incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus reglamentaciones. También se ignoró la educación concerniente al cooperativismo y el mutualismo escolar (históricamente previstos ya en la ley 1.420).
En general, la educación argentina con su masomenismo de contenidos y destinatarios, si bien ya venía cargada de inconvenientes, ineficacias, gastos inútiles, fuerzas coactivas administrativas que desangraban la ilusión y la profesión del docente, dejando sin el maná del conocimiento al discente, bueno, adicionalmente con esta pandemia sufrió una metamorfosis metodológica sin precedentes, substancialmente en modalidades (presenciales, virtuales e hibridas) como de conectividad, de logística y de capacidad de respuesta a viejos y nuevos desafíos epidemiológicos, gremiales, ambientales, etc.
Preconclusivamente, todos los saberes, bienes, servicios y enseñanzas, debieran estar traspasados por el valor de la solidaridad y sus aplicaciones cooperativas. La conciencia de la ciudadanía como virtud cívica debe motivar nuestras responsabilidades y deberes tanto personales, como profesionales y comunitarios. Esta, y no otra, es la mejor garantía de la consagración de los derechos, como emanación natural del entrecruzamiento de los deberes de todos. Para una cabal educación, ese es el horizonte de una civilización de sujetos éticos.
Finalmente, recomendamos revisar “La Tragedia Educativa” de Guillermo Jaim Etcheverry tan vigente en el análisis ilustrado del estado cultural y político de la sociedad argentina y su impacto nefasto en las instituciones educativas cuando niños y jóvenes argentinos no aprenden, repiten o desertan; también para maravillarnos con su epílogo que refleja una perspicaz clarividencia en su mensaje al futuro al proponer una mejor educación para más argentinos, entendiéndola como la base óptima para constituir o reconstruir la nación y cohesionar su sociedad civil.

(*) Docente e investigador universitario. Experto CoNEAU / Cooperativismo