Una jueza penal rechazó un proyecto que intentaba aumentar la capacidad de la cárcel de la localidad de Pérez, alojando hasta tres personas en celdas individuales.
La iniciativa fue revisada a partir de un recurso de hábeas corpus del Servicio Público de la Defensa Penal que, en un relevamiento, detectó una situación general de saturación carcelaria y el uso de Comisarías como lugares de detención permanente.
En ese contexto, la magistrada Silvia Castelli dispuso no alojar personas por fuera del cupo de 320 plazas en la Unidad 16, "sin perder de vista la realidad que acucia al resto de la población penal en rango creciente, expuesta a una vulneración actual y concreta de derechos elementales donde la respuesta estatal no llega a tiempo ni de modo integral".

LA RESOLUCION
De acuerdo a un pormenorizado informe de La Capital, la resolución fue adoptada tras una audiencia en la que, a instancias de la defensora general Jaquelina Balangione y el defensor regional Gustavo Franceschetti, se planteó la situación de la Unidad 16 de Pérez.
Según el planteo en esa cárcel con capacidad para 320 personas, se preveía generar 80 nuevas plazas llevando a tres la cantidad de detenidos en celdas individuales.
Luego de un cuarto intermedio para resolver la cuestión, la jueza planteó que, de concretarse la medida, sería "agravatoria de las condiciones en que se cumple la detención" de los internos.

LO CONSIDERADO
Como a la fecha la capacidad del penal está completa, la jueza consideró que "toda ocupación de espacios que exceda el cupo" arroja "una situación que en los hechos desborda los márgenes de lo razonable y trasunta en el hacinamiento para las personas alojadas".
Para Castelli esto no puede legitimarse.
No sólo porque la logística de alimentación, esparcimiento, seguridad y atención de la salud se verían resentidas sino, especialmente, porque se arriesgarían cuestiones sanitarias en el contexto particular de la pandemia de coronavirus.

LO DISPUESTO
En ese orden, la jueza dispuso que el Servicio Penitenciario "se abstenga de alojar a internos en número superior al cupo administrativo", y ordenó notificar de su decisión al Ministerio de Gobierno provincial.
En la resolución advirtió sobre la conflictiva situación por la que atraviesan las unidades de detención en términos de ocupación.
Según lo expuesto en audiencias para abordar el problema, 3.490 personas están privadas de la libertad en el sur provincial, con un exceso de 672 sobre las plazas disponibles.
También se detectó permanencia de presos en Comisarías y Penales policiales más allá del plazo máximo de 72 horas permitido hasta la audiencia imputativa, lo que es materia de otro recurso judicial en trámite.
A partir de ese momento, si un juez ordena la prisión preventiva, la persona acusada debe ser derivada a un instituto penitenciario.

LOS RECURSOS
JUDICIALES
Según recordó la jueza, fue necesario transitar por numerosos recursos judiciales para que las Comisarías y Penales policiales dejaran de ser lugares de encierro permanente en la Provincia.
Esto ocurrió "en los albores del nuevo sistema penal, cuando asumiendo compromisos multisectoriales finalmente las dependencias policiales fueron vaciadas de detenidos que cumplían cautelares o condenas".
Un logro que hoy "parece tener la necesidad de renovarse", por lo que instó a no reanudar "un vicio que parecía superado".

LO NO ACORDADO
Pese al cuadro de saturación, Castelli no acordó con la Defensa en revisar la situación de quienes cursan detenciones cautelares como mecanismo para descomprimir cárceles.
"La propia Corte Interamericana explica que no corresponde una liberación automática de la persona privada de la libertad en esas condiciones (en referencia al hacinamiento), dado que afectaría otros derechos fundamentales de víctimas y de la población en general, es decir que la situación de hacinamiento no genera automáticamente un derecho subjetivo inmediato a ser excarcelado", opinó.