Dicen que los datos que el presidente Alberto Fernández monitorea casi minuto a minuto parten de dos grandes matrices estadísticas. Por un lado, la cantidad diaria de muertos por coronavirus y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA. Por el otro, las cifras de nuevos desocupados y de solicitudes de seguros de desempleo recibidos por el Ministerio de Trabajo. Ambas variables claves le dieron malas noticias en los últimos días.
El jefe de Estado es consciente de que ese escenario negativo puede ir empeorando, y por eso decidió encabezar la última reunión de Gabinete Económico, durante la cual se definió, entre otros ejes, avanzar con una moratoria de alto calibre.
Si todo sale como planea el oficialismo, hacia fin de mes el Congreso convertirá en ley uno de los planes destinados a regularizar deudas impositivas más ambiciosos de las últimas décadas. Abarcará todos los compromisos caídos en materia impositiva, previsional y aduanera.
Se estima que durante el aislamiento obligatorio las empresas dejaron de pagar más de $ 750.000 millones en impuestos.
A pesar de la suerte esquiva que le devuelve la realidad, a él y a todos los argentinos, Fernández parece decidido a pelear cuerpo a cuerpo en todos los frentes, que a esta altura son innumerables.
Una prueba de esa determinación habría sido el "operativo encuesta" fogoneado por la Casa Rosada en los últimos días, cuando los habituales voceros oficiales ventilaron una parte seleccionada de un sondeo de la consultora Aresco, que arroja novedades sobre el "estado de ánimo" de la población ante la cuarentena y su efecto arrasador en la economía hogareña.
La encuesta dice que entre las principales razones del deterioro de los ánimos a 90 días del inicio del aislamiento - se hizo entre el 16 y el 19 de junio- figura el "cansancio" de estar encerrado. El sondeo también recogió, y la administración Fernández se preocupó mucho en destacarlo, que "aunque con resignación, se sigue aceptando" el aislamiento en el AMBA, la zona crítica.
Pero mucho más relevante en la encuesta es el punto que detecta el sondeo, y es eje de debate por estos días: la "preocupación por la situación económica". Allí anidan factores vinculados con el deterioro del ingreso de millones de argentinos, sobre todo las clases medias del área metropolitana, y el dato de que en abril -el primer mes donde la cuarentena impactó a pleno- se perdieron más de 185 mil empleos en blanco.
Esos indicadores, elaborados por el Ministerio de Trabajo, solo reflejan el empleo regular y no estiman lo que ocurrió con el trabajo en negro y las changas, principales golpeados por las medidas de aislamiento social.
El panorama no es aún más desalentador porque la Argentina sigue siendo el "imperio del empleo público". Entre Nación, Provincias y Municipios sostienen laboralmente a 4 millones de personas, muy por encima del promedio de América Latina -salvo Venezuela-, aunque por debajo de países desarrollados como Francia y Canadá, según estimaciones del centro de políticas públicas CIPPEC.
El 80% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y los municipios.
En los primeros quince años tras la crisis del 2001, la cantidad de empleados públicos creció casi 70%, pero en el período 2015/2019 la cantidad de personas que dependen de un salario estatal siguió en aumento, sobre todo en provincias y municipios.
Eso abre paso a otro de los grandes desafíos que tiene la inversión pública en la Argentina: es muy difícil reconvertir cualquier recurso porque solo los salarios explican en promedio la mitad del gasto total y casi todo lo demás se va en jubilaciones, pensiones y planes sociales.
Según el último dato elaborado por la cartera laboral, a fines de abril había casi 11.781.000 empleados registrados.
En marzo, el mes en que se produjo el primer caso de coronavirus -aunque recién el 20 se dictó la cuarentena-, el número oficial marcaba casi 12 millones de empleos formales.
Sólo en abril se perdieron unos 185 mil puestos netos -la mayoría fueron cesantías porque casi no hubo altas-, mientras en marzo ya se habían despedido a 90 mil personas. Y aquí entra a tallar de nuevo la encuesta difundida por el Gobierno, ya que marca una gran preocupación por la situación económica.
El 37% de los consultados hace dos semanas dijo que no estaba trabajando porque había "perdido su empleo o no podía hacerlo en casa". Es fácil imaginar cómo habrá empeorado el panorama para esa franja de la población desde el primero de julio, cuando se decidió volver prácticamente a Fase 1 con la cuarentena en el AMBA y el Chaco.
En las últimas horas se sumó al regreso a la Fase 1 por parte de San Luis, que tuvo su primer caso confirmado en 90 días: un tambero que mantuvo decenas de contactos en una extensa recorrida por distintos pueblos de la provincia vendiendo quesos.

EL IMPACTO DEL DESEMPLEO
MAS DIFICIL DE MEDIR
En los sectores de menores recursos la situación laboral se agrava en forma alarmante, coinciden la mayoría de las consultoras y la Universidad Católica. El sondeo divulgado por el Gobierno lo confirma: refleja que entre los más vulnerables asciende al 52% el porcentaje de consultados que no trabaja, ya sea porque su tarea no se puede realizar desde el hogar o porque perdió su empleo".
Esto representa un golpe demoledor para un problema estructural: hace más de dos años que en la Argentina se pierden empleos. Según las cifras oficiales, fueron más de 470 mil en ese período, y casi todos corresponden al sector privado.
El deterioro del empleo habría sido aún mayor si el Estado no hubiese acudido en ayuda del pago de salarios durante la pandemia.
En abril, 2.340.000 asalariados de 245 mil empresas percibieron el beneficio. Pero la ayuda oficial es un mecanismo de alcance limitado si, como se espera, los efectos de la pandemia se prolongan y las perspectivas de una vacuna confiable contra el coronavirus se desplazan hacia 2021.
Ante ese escenario crítico, desde que comenzó la cuarentena el Banco Central giró más de de $1 billón al Tesoro, de acuerdo con datos de consultora Ledesma. Solo entre mayo y junio fueron más de $600.000 millones, lo cual representa más de tres puntos del Producto Bruto.
Se trata de una cifra sideral de emisión monetaria que puede desembocar, más temprano que tarde, en una espiral inflacionaria y una devaluación que provoquen una tensión mayúscula a una economía que caería alrededor del 15% este año.