Democratizar el acceso al servicio de Internet se ha convertido en un objetivo prioritario en un nuevo y enrarecido contexto marcado a fuego por la pandemia del coronavirus, que ha obligado entre tantas otras medidas a suspender las clases presenciales, cerrar las escuelas y derivar la transferencia de conocimiento en forma exclusiva a las aulas digitales. El problema es que en una Argentina donde cada vez más familias caen, sin buscarlo, en la pobreza no hay posibilidad de costear la infraestructura (una computadora) y el servicio de conexión a la red de redes para que los alumnos se comuniquen con sus docentes para dar continuidad de alguna manera a los procesos pedagógicos correspondientes al 2020.  
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), presentó un informe en marzo pasado que advirtió que 48,7% de la población no tiene una computadora personal y que el 47,1% no tiene acceso a servicio de Internet en sus hogares. Esta realidad no hace más que agravar la brecha digital entre los argentinos y recortar las posibilidades de educación de miles de niños, una marginación que sufrirán esta carencia en el resto de sus vidas. 
Por eso no sorprende que desde distintos espacios políticos comiencen a dar forma a proyectos para generar acciones que favorezcan a quienes hoy parecen en cierta medida excluidos del sistema solo por no contar con el servicio de Internet, que hoy marca la diferencia de ser o no ser. 
El diputado nacional por el Frente de Todos, Ariel Rauschenberger presentó un proyecto de ley para la creación de una tarifa social para usuarios de internet, una herramienta que considera "indispensable para continuar con las actividades básicas de la vida en sociedad". En el proyecto se reconoce el carácter de "servicio público esencial", asegurando que los sectores sociales más postergados, puedan tener acceso al servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en condiciones de igualdad. A tal efecto se establece el acceso a la Tarifa de Interés Social (T.I.S.) para los titulares de programas sociales, docentes, personas inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, a los hogares con personas con discapacidad –entre otros-, que acrediten contar con los requisitos que fijará la autoridad de aplicación.
En los fundamentos de la iniciativa, Rauschenberger afirmó que en la actualidad Internet se transformó en una herramienta insustituible para cubrir necesidades básicas. Como se sostiene en el proyecto, hoy se trabaja, se educa, se abastece y se presta atención sanitaria a través de la conectividad, de allí que poder acceder o no al servicio, representa una pauta significativa en la determinación de la inclusión social.
Otro diputado nacional, el sanjuanino Marcelo Orrego, impulsa un proyecto para crear una "tarifa social de internet", similar al que tienen los servicios de luz y gas, para mejorar el acceso a la educación. La iniciativa propone que también sean reconocidos como servicio esencial "los servicios de datos móviles" para garantizar el apoyo educativo, y que no se puedan gestionar cargos por la navegación en páginas gubernamentales de dominio ".gov.ar" y ".gob.ar", para la realización de trámites, como es el caso de la aplicación CuidAR.
En la provincia de Santa Fe también se presentó un proyecto de ley, en este caso autoría del senador provincial Marcelo Lewandowski, para la creación de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria “Santa Fe Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, de la cual el estado provincial contará con el 51% del capital accionario. El objetivo de la misma es la explotación de servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la provincia, además de servicios auxiliares y fabricación de productos relacionados, aprovechando la red federal que tiene desarrollada Arsat. De este modo, el proyecto busca que este tipo de servicios le permitan a la provincia "alcanzar los niveles de conectividad necesarios para unificar a las diversas localidades, dejando de lado la brecha digital existente en la actualidad".
El legislador santafesino consignó que en la actualidad los prestadores que ya están establecidos focalizaron sus inversiones en zonas de alta concentración poblacional y de mayores recursos. En ese sentido los indicadores estadísticos de penetración de servicios de TIC en la Provincia son muy desparejos.
Mientras tanto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dictó un nuevo reglamento general del Servicio Universal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y aprobó una serie de programas con una inversión de $ 3.800 millones. El objetivo es priorizar la reducción de la brecha digital y posibilitar el acceso equitativo y de calidad a las TIC a todos los habitantes, con especial énfasis en las zonas desatendidas. 
Todo suma para reducir el mapa de desigualdades de la Argentina y generar inclusión digital y tecnológica, lo que aumentará las oportunidades para todos.