Periódicamente se refresca en la agenda pública la discusión en torno a la forma en que se recaudan y luego se distribuyen los impuestos en la Argentina. La presión fiscal configura un peso muy difícil de sobrellevar en especial por parte de los sectores productivos, que suelen tener al Estado como principal socio sin que nada aporte. Un Estado que absorbe la riqueza que genera el universo productivo para mantener una enorme burocracia y una alta dosis de ineficiencia, muchas veces mezclada con corrupción. 
Ahora que la economía argentina, tanto del sector público como del privado, dependen en gran medida de los fondos públicos para sobrevivir a la cuarentena ampliadísima -específicamente del oxígeno de la emisión de billetes puesto que el Estado no tiene crédito en el mundo ante un gran volumen de deuda que procura, hasta ahora sin éxito, reprogramar- se descubre un sistema de reparto de los fondos de impuestos que debería mejorarse. 
El Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), planteó en su reciente informe, que el problema del coronavirus está concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto explica la decisión del gobierno nacional y los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires a ser más estrictos con el aislamiento de la población en estos distritos. El indicador de movilidad de Google aporta evidencias sobre esta situación. Mientras que en el AMBA la movilidad en los lugares de trabajo está reducida en un 45%, en el interior del país la reducción es del 23% en promedio.
De todos modos, consideró que la mayor libertad en el interior no se va a reflejar en una más rápida recuperación productiva por varios motivos. Algunos vienen de la época colonial, como la enorme concentración logística que se produce en el Gran Buenos Aires. Otro, muy decisivo, es la forma en que se cobran y distribuyen los impuestos, advierte Idesa. En promedio, los estados provinciales del interior se financian en un 72% con la coparticipación de impuestos nacionales y apenas en un 28% con impuestos provinciales. En casos extremos, la dependencia llega al 90%. Con la región del AMBA semiparalizada, la coparticipación está estancada. Como la inflación es del 45% anual, esto está generando severos problemas fiscales en las provincias.
¿Es necesario semejante nivel dependencia de las provincias del Estado nacional? se pregunta los especialistas de Idesa. Para responder esta cuestión resulta pertinente apelar a datos que aporta el Ministerio de Economía de la Nación. Según esta fuente se observa que las provincias del centro generan el 78% del PBI y tienen el 71% de la población. Además que en el sur se produce el 9% del PBI y allí vive el 6% de la población. Y que en las provincias del norte se produce el 13% del PBI y vive el 23% de la población. Estos datos muestran que el rezago productivo está concentrado en el norte del país. Allí, es claro que se necesita transferir recursos desde las regiones más productivas a los fines de corregir asimetrías.
Tal como está diseñada, la coparticipación federal de impuestos genera incentivos perversos asociados a la dependencia de las provincias respecto al Estado nacional. La presión tributaria total es de aproximadamente el 28% del PBI, de los cuales 23 puntos son impuestos recaudados por el Estado nacional y sólo 5 puntos son generados directamente por las provincias. De los 23 puntos recaudado por el Estado nacional, sólo 8 puntos vuelven a las provincias vía coparticipación. Esto delata dos grandes distorsiones. Una es la desproporcionada apropiación de recursos por parte del nivel nacional. La otra es la gran dependencia de todas las provincias, no solo las más rezagadas, de las transferencias nacionales.
Tras plantear los argumentos, Idesa sostiene que desde varias perspectivas la coparticipación es un fracaso. El más visible es que no fue una herramienta útil para corregir asimetrías entre regiones. Muy por el contrario, su efecto es profundizarlas al punto que, mientras CABA tiene niveles de calidad de vida similares a países desarrollados, el norte se asimila a los subdesarrollados. Pero más negativo aún es que la concentración de recursos y poder de decisión en el nivel nacional provoca un estado de dependencia generalizado con una estructura de incentivos muy perversa. 
A modo de propuesta, sugiere que más conducente es desarmar la coparticipación y que cada provincia se financie con su propia recaudación. Para las asimetrías regionales, que los distritos más ricos financien un Fondo de Convergencia –de tamaño mucho más reducido que la actual coparticipación– para promover el desarrollo en las regiones más atrasadas del norte.