Por Dolores Martínez *

El sistema previsional argentino históricamente muestra una acumulación de malas decisiones. A principios de siglo XX, las cajas previsionales surgieron como una demanda de protección frente a la incertidumbre de la vejez y, en principio, se pensaron únicamente para los empleados públicos. Si bien esta situación se revertiría mediante la expansión gradual a nuevas ramas de actividad, muestra el nacimiento de un germen aún presente: la fragmentación del sistema previsional y la desigualdad en las condiciones de acceso, niveles de beneficios y mecanismos de financiamiento.
A mediados de siglo XX, y con el comienzo de nuestros vaivenes económicos, sumamos un segundo vicio recurrente: la tendencia a utilizar los fondos previsionales como mecanismo de financiamiento de un Estado deficitario. Desde ese entonces que siempre se les pide a los jubilados realizar el esfuerzo que permita mitigar los desequilibrios fiscales.
Ya caminando el siglo XXI, para no salirnos de nuestra (mala) tradición, y en el marco de un contexto de solidaridad, requerimos nuevamente de los fondos de los jubilados: ese oasis de activos financieros al que se le demanda que compre letras del tesoro (deuda estatal) y realice préstamos. La situación se agrava cuando tantos desmanejos impiden que esos fondos cumplan su razón de ser.
Alberto Fernández, a pocos días de asumir la presidencia, envió al Congreso Nacional la suspensión del índice de movilidad jubilatoria, aprobado hace apenas dos años; lo que generó nuevamente incertidumbre para los adultos mayores.
Con este congelamiento de actualización de haberes, el gobierno apeló a la solidaridad de aquellos jubilados que perciben un poco más de la mínima y excluyó aquellos que se rigen por sistemas diferenciales, como son el de funcionarios judiciales y el del Servicio Exterior. Inevitablemente, esto nos dirige a un debate y nos lleva a preguntarnos, ¿Por qué las jubilaciones se rigen por cálculos que los sujeta a los embates de una economía en permanente crisis? ¿Por qué nuestro sistema acepta jubilaciones de privilegio? ¿Por qué no tenemos un sistema jubilatorio equitativo?
Esto no es nuevo. Vale recordar que, apenas estalló la crisis del 2001, el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.688, en la cual se dejaba sin efecto no sólo los regímenes jubilatorios especiales del sector político, sino también aquellos que beneficiaban a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los Obispos y a los funcionarios del Servicio Exterior. No obstante, en el 2002, el presidente Eduardo Duhalde vetó, casi en su totalidad, la eliminación de esas jubilaciones mediante el decreto 2322 y restituyó la vigencia de los privilegios para los Obispos de la Iglesia Católica, los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados, los funcionarios del Poder Judicial y los diplomáticos.
Como consecuencia, hoy existe un 3% que recibe el 9,7% del gasto destinado a jubilaciones. Hablamos de 8.000 jubilados que, en promedio, reciben entre $235.000 y $335.000 en concepto de haberes, de los cuales aproximadamente $100.000 son aportados por el Estado. En paralelo, hay 5.271.323 jubilados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para quienes el ingreso promedio ronda los $21.000, según los últimos datos del ANSES.
Cuando nos referimos a debatir privilegios, hablamos de cuestionar las medidas que excluyeron a los privilegiados de ser solidarios. Pero también, de abordar el origen de esa desigualdad que nos aleja del espíritu del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional.
Por eso, proponemos debatir una Ley que establezca en forma precisa y transparente la universalidad de requisitos y beneficios en las jubilaciones de los tres poderes del Estado, procurando que se garanticen las mismas condiciones que en el régimen general jubilatorio y así perfilarnos hacia un horizonte que nos permita construir una sociedad moderna y de iguales.

* Diputada nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UCR-Evolución). Publicado en Parlamentario.com