El 37,6% de los inquilinos decidió mudarse a una vivienda más económica en el último año por no poder afrontar los gastos, señaló un informe privado. Según datos difundidos por el portal Zonaprop, un 41,4% del total encuestado tuvo que afrontar subas de un 40% en el último año, al tiempo que un 35,5% pagó incrementos de 20%. Paralelamente, hubo un 8,6% que aseguró haber tenido un aumento del 50% e, incluso, un 7,6% que manifestó que la suba en su alquiler superó el 50%. El resto respondió que la suba en su alquiler fue del 10%.
En el último año, el 37,6% de los inquilinos debió mudarse a una propiedad más económica, mientras el 79% de ese total tuvo que ir a otro barrio para alcanzar a cubrir las obligaciones.
A su vez, poco más del 26% señaló que, ante las complicaciones económicas, volvió a vivir con sus padres. El sondeo dio a conocer que más de la mitad de las personas respondieron que en 2020 no renovarán su alquiler actual ante el ajuste de la cuota.
En relación a la percepción del aumento en los precios de los alquileres respecto al año 2018, un 82,4% afirmó que se trató de una gran suba, seguido por un 15,5% que manifestó que el incremento no fue considerable. En relación con lo anterior, para un 55,5% de los interpelados el porcentaje de su sueldo destinado al pago del alquiler de su hogar no sufrió incrementos, versus un 44,5% restante que indicó que el porcentaje que destina a ese pago ahora es mayor.
“Según nuestro estudio a la hora de buscar una propiedad para alquilar se prioriza el precio y la ubicación. Esto nos da la pauta de que, si bien los usuarios buscan lugares más económicos, el barrio donde deciden vivir es una variable fundamental en la elección", afirmó Nicole Conforti, responsable de Zonaprop.
A la hora de preguntar si comparten el alquiler con alguien más, un 58,8% afirmó que no, mientras que un 36,9% lo hace con los padres y sólo un 4,2% con sus amigos. Las razones de convivencia principales de estos dos últimos son por elección (59,2%) y para economizar gastos (40,7%).
En cuanto a los planes para el año próximo, un 55% de los encuestados no renovará el alquiler en la propiedad donde vive, la razón principal para un 51,8% es porque el incremento de la cuota es mayor a la que puede pagar, un 15,1% simplemente quiere cambiar de lugar, un 14,6% necesita más espacio, un 7% quiere cambiar de barrio, un 5% decidió comprar una propiedad y el restante 6% ya sabe que no le renovarán el contrato.
El grupo que decidió renovar su alquiler actual (44,9% versus 55% que no lo hará) justifica esta decisión en base a diferentes motivos: el 44,1% prefiere esperar un tiempo antes de tener que mudarse nuevamente, el 38,5% está a gusto en el lugar que habita y el 17,2% quiere quedarse en el mismo lugar para tener capacidad de ahorro con vistas a comprar una propiedad.
Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre Ley de Alquileres, el cual apunta a equilibrar las relaciones contractuales entre ocho millones de inquilinos y los propietarios. Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto dispone una actualización anual del precio de todos los contratos, sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).
Otra de las reformas que introduce el proyecto tiene que ver con la disposición de que el depósito de entrada no pueda representar un monto no mayor al valor del primer mes de alquiler. A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios. En tanto, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.
Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo. Además, el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.