BUENOS AIRES, 22 (NA).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció ayer que "es posible" que en algunos casos no se hayan cumplido los protocolos de uso de la fuerza durante las manifestaciones, mientras que desestimó la posibilidad de crear una Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación porque las instituciones del país "están cumpliendo su rol".
"Chile tiene una institucionalidad democrática. Tenemos tribunales de justicia independientes. Tenemos una fiscalía independiente. Tenemos instituciones cuya labor, en forma independiente y autónoma, es proteger los derechos humanos", dijo Piñera en un desayuno con corresponsales extranjeros. Y añadió: "Todas esas instituciones han operado con total autonomía y con el total apoyo del Gobierno. Nuestra democracia ha pasado por un momento muy difícil, pero ha demostrado que tiene raíces profundas".
El mandatario chileno respondió así ante las consultas sobre el informe de la entidad Amnistía Internacional (AI) que cuestionó el accionar de las fuerzas militares y de orden, las armas y municiones utilizadas.
"La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el Estado de Emergencia tuvo consecuencias catastróficas", indica el reporte.
En tanto, afirma que hasta el momento la organización "ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la región Metropolitana de Santiago, ocurridas entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre".
"Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones", agrega.
Sobre esto, Piñera señaló: "En los últimos 30 días, todos los chilenos hemos enfrentado una situación que nunca antes nos había tocado enfrentar. Y hemos tenido que tomar decisiones frente a encrucijadas".
"¿Cómo lo enfrentamos? Estableciendo Estado de Emergencia que es un instrumento democrático que está en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, tomando todas las precauciones, todas las providencias con todas las instituciones que podían cumplir un rol para que los Derechos Humanos fueran respetados. Eso fue lo que hicimos", continuó el presidente.
Respecto a las demandas sociales que originaron las protestas, detalló: "Hemos puesto en marcha un Plan Social que significa un alivio para la gente, no resuelve todos los problemas, pero alivia".
"Subir las pensiones al 50%, bajar los precios de los medicamentos en 30 o 40%, establecer transporte gratuito para la tercera edad son alivios para las personas, pero significa una exigencia y una carga para el Fisco muy grande y tenemos que compatibilizar eso con que los fundamentos de la economía chilena se mantengan sólidos", sostuvo.
En esa línea, el jefe de Estado chileno aseguró: "Eso es lo que he tratado de hacer como presidente, compatibilizar el orden público con los Derechos Humanos, compatibilizar las demandas sociales con mantener sana nuestra economía".
Sin embargo, volvió a referirse al uso de la fuerza y admitió: "Si no se cumplieron los protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se hayan cumplido, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho".

POLEMICA POR LA
REBAJA DE SUELDOS
La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó el miércoles, en forma unánime, la rebaja de 50% en dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Sin embargo, la iniciativa también determina que el Banco Central sea el que fije las remuneraciones de otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio gobierno y el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, la Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Fiscales y la Asociación de Defensores Penales Públicos, manifestaron su preocupación por esta iniciativa según publicó el diario La Tercera.
En un comunicado conjunto, estas las organizaciones dicen estar “conscientes de la realidad actual y especialmente sensibles a las causas que han motivado las movilizaciones sociales”, sin embargo, dejan ver su “preocupación por la evolución que iniciativas fundadas en una eventual reducción del ingreso que perciben ciertas autoridades -sobre base de criterios de austeridad- alcancen también a quienes desempeñan funciones con características que se alejan de las que cumplen parlamentarios o funcionarios de la administración del Estado, sin un estudio detenido de tales elementos”.