La Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la constructora argentina Cartellone Construcciones Civiles y la brasilera Goetze Lobato Engenharia Ltda, que se encargan de la ejecución de los tramos Nº 4 por $ 473,8 millones y del Nº 5 por $ 566,3 millones de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, despidieron el jueves pasado a 28 operarios, a los que ya les pagó la correspondiente indemnización. 
La UTE tiene a su cargo la construcción de los tramos 4 y 5 más cerca de Rafaela, e incluso tiene su sede administrativa en esta ciudad. Precisamente ayer dirigentes del gremio de la UOCRA junto a los despedidos se reunieron en esa oficina -ubicada sobre la colectora de Ruta 34- para solicitar que una vez que se reanuden las tareas se priorice la contratación de los 28 obreros despedidos. 
La falta de pago de certificados de obra por parte del Gobierno provincial derivó en una secuencia de crisis que afecta a las distintas empresas adjudicatarias de los cinco tramos del acueducto. Desde la gestión del gobernador, Miguel Lifschitz, aseguran que aún no ingresaron los fondos del financiamiento internacional para pagar la obra y que hasta ahora aportó los recursos para ir cancelando los primeros vencimientos. 
Ahora, en medio de la transición, ya no hay más fondos para el acueducto mientras se espera el envío de los recursos por parte del Fondo de Abu Dabi y de la OPEP, que están demorados por el retraso del Gobierno nacional en firmar las garantías, al menos según la versión de la administración de Lifschitz. 
Según la UOCRA, ya son 160 los trabajadores cesanteados por las empresas adjudicatarias de los distintos tramos del acueducto Desvío Arijón. 

BRUMONT
Héctor Bernal, del gremio de la UOCRA, anticipó en declaraciones a la mañana de radio ADN que hoy al mediodía se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la sede Rafaela del Ministerio de Trabajo por el despido de 23 trabajadores por parte de la empresa rosarina Brumont, que se encargaba de obras para Aguas Santafesinas. 
"La empresa despidió a 23 empleados de Rafaela el 4 de noviembre. Les adeuda la segunda quincena de noviembre, la liquidación final, vacaciones y el fondo de desempleo. Si en la audiencia no llegamos a un acuerdo, nos vamos a movilizar a la sede de ASSA porque entendemos que era su contratista y debe responder por ella", sostuvo Bernal. "Ahora todos se lavan las manos. Incluso vamos a detener las obras que hace una constructora rafaelina para ASSA, es decir la que reemplazó a Brumont. Queremos una solución para los 23 despedidos", concluyó.