El gobierno de la provincia envió a mediados de febrero a la Legislatura para su tratamiento en extraordinarias, un proyecto para obtener financiamiento de mediano y largo plazo por más de 985 millones de pesos, que serán destinados a la construcción de obras de infraestructura: para el Sistema Penitenciario Provincial, la continuidad del acueducto Desvío Arijón - Rafaela y del acueducto Gran Rosario.
El proyecto busca hacer uso de la autorización otorgada por la Legislatura al Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto 2014.
Además de las obras para seguridad, principalmente cárceles nuevas, también forman parte del proyecto obras de acueductos por más de 700 millones de pesos: la segunda etapa de la obra del Acueducto Desvío Arijón –Tramo Desvío Arijón - Rafaela– que permitirá suministrar agua potable a las localidades de Desvío Arijón, Sauce Viejo, Santo Tomé, Matilde, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela y San Carlos. El sistema completo abarca un total de noventa y un localidades, estimando a la fecha una población de 350.000 habitantes y previendo que la misma supere el medio millón de habitantes que se beneficiarán de esta obra. En tanto, el proyecto también contempla la financiación de la obra en ejecución del Acueducto del Gran Rosario.
Entre los considerandos, se destaca que “el artículo Nº 46 de la ley Nº 13.404 que aprueba el Presupuesto para el Ejercicio 2014, autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar operaciones de crédito público por hasta la suma de 2.200 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación –prevista en el Artículo 60º de la ley Nº 12.510–, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, debiendo remitir a aprobación legislativa detalle de los proyectos a ejecutar y las condiciones de endeudamiento”.
“Santa Fe requiere de la ejecución de importantes obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como así también la competitividad de las empresas aquí radicadas”, argumenta el mensaje que acompaña el decreto remitido a la Legislatura.
“Tales obras involucran montos de inversión pública que exceden la capacidad financiera del Presupuesto Provincial para ser ejecutadas. Asimismo, dados los beneficios intertemporales que las mismas traen aparejados, razones de equidad intergeneracional aconsejan distribuir en el tiempo la carga de su financiamiento”, precisa.