Por
Germandy Pérez Galeno
Valentina Ríos Tejera *

Ante la emergencia, la pregunta inmediata fue ¿qué es lo esencial? ¿qué capacidades precisa el aparato gubernamental para afrontar esto? ¿es valiosa la heterogeneidad o resulta contraproducente? ¿en qué tareas debería centrarse el Estado y los diferentes niveles de gobierno? El éxito de las políticas a implementar no era, especialmente, opcional, porque en ese momento más que nunca, era cuestión de vidas o muertes.
Pasadas las décadas en las que se consideró disminuir el papel del Estado porque controlar era sinónimo de reducir, se evidencia cómo la velocidad de reacción ante una crisis sanitaria a nivel mundial se ve atada de manera intrínseca a la capacidad de gestión de los gobiernos: los seguros de desempleo, servicios sociales en general, pensiones, las medidas sanitarias y de apoyo a emprendimientos, por nombrar algunos.
Sin embargo, como la realidad es variopinta, hay que aclarar al menos dos cosas: 1) todas las áreas de atención gubernamental no resultan igualitariamente esenciales y 2) tampoco se debería entender que todo asunto público debe ser enfrentado únicamente por organizaciones estatales, los actores no gubernamentales siempre han tenido un papel primordial en todo esto.
Lo correcto sería entonces -para empezar- iniciar un proceso de diagnóstico para identificar fallas en la estructura de actores existente y analizar las ventajas que tiene trabajar con cada uno de ellos.
Dicho esto, entra en juego un factor fundamental: las capacidades estatales, que son el resultado de una comparación entre aptitudes políticas-técnicas y la cantidad de responsabilidad que acarrea la tarea de gobernar. A partir de ello, lo lógico sería que, en todo caso, la capacidad estatal vaya de la mano con el alcance que tenga el rol del Estado. Sin embargo, la pandemia nos dejó ver con crudeza que a nuestros Estados realmente les faltan capacidades para cubrir incluso aquellas áreas de atención que son absolutamente imprescindibles.
El pasado 27 de septiembre se realizaron las elecciones subnacionales en Uruguay, luego de un aplazamiento de más de 4 meses debido a la emergencia sanitaria. Esto, fuera de la planificación original en los cambios de gobierno, llevó a una serie de consecuencias en la gestión local. Aquellos/as alcaldes/as e intendentes que dejaron sus puestos por la reelección hicieron que los/as suplentes tuvieran que asumir el liderazgo de los municipios y departamentos casi todo un año en lugar de un par de meses, con equipos de gobierno ya formados y con el desafío de planificación y gestión fuera del quinquenio y en situación de pandemia.
Finalmente, a partir de diciembre de este año se llevarán a cabo los cambios de equipos, lo que traerá un conjunto de desafíos en cuanto a la planificación y margen de acción de estos niveles de gobierno para los próximos años, entendiendo que, en el mediano plazo, este contexto de emergencia sanitaria seguirá presente, ya sea por la persistencia de la pandemia o sus consecuencias.
Dada la gran heterogeneidad de los municipios uruguayos en cuanto a población, territorio, arquitectura institucional, diálogo multinivel, entre otras características, no se puede suponer una única forma de repensar y accionar la gestión local en el mediano y largo plazo. Asimismo, el nivel de incidencia que ha tenido la pandemia en los territorios ha sido disímil. De todas formas, a continuación, se comparten algunas reflexiones sobre desafíos comunes, entendiendo que las formas de respuesta representarán y evidenciarán esta diversidad.
Uno de los temas iniciales para los nuevos equipos de gobierno será la planificación del quinquenio, requisito fundamental para el futuro presupuesto. Durante estos meses de crisis, los gobiernos subnacionales debieron destinar gran parte de los recursos disponibles (en el amplio sentido del concepto) a las cuestiones urgentes que se demandaban en lugar de lo planificado. Con el antecedente de la incertidumbre, los gobiernos municipales deberán desarrollar la habilidad de anticiparse a posibles consecuencias de la pandemia contemplando las eventuales medidas de contingencia sin que deje de ocupar un lugar central el plano estratégico.
En este contexto, los distintos territorios han tenido que construir múltiples medidas de acción rápida de reactivación de las empresas (principalmente mipymes), de empleo y alimentación, entre otras dimensiones, que impactan en la vida económica-productiva de los territorios. Con la hipótesis de continuidad de los efectos de la pandemia, más la visualización de fuertes impactos a nivel económico en la población (teniendo en cuenta también las escuetas medidas de contención que ha tenido la política pública nacional), se visualiza como un gran desafío el accionar del tercer nivel de gobierno para apoyar en la disponibilidad y calidad de los servicios básicos. Ante esta situación, más que nunca es necesario apostar al fortalecimiento de los sistemas productivos locales y cadenas de valor territorial y movilizar también el comercio de cercanía. Es hora de visualizar actividades alternativas y nuevas prácticas en una planificación innovadora.
Esto no se resuelve únicamente con la creación convencional de la planificación quinquenal municipal para el acceso a los recursos. La efectividad de las respuestas se logrará con sistemas de gobernanza fortalecidos. Aquellos territorios que apuesten a esto, generarán mejores condiciones para lograr agendas locales que puedan elevar el bienestar de la comunidad. Resultará fundamental poner foco en qué mecanismos se generan para lograr concertación entre los distintos actores del territorio, pero también para la coordinación multinivel, entendiendo la existencia de intereses diferentes y planos de actuación distintos. Entonces, será necesaria una gobernanza que apueste a la articulación y a la interdependencia, que logre legitimidad y aceptación social de manera que las políticas tengan el impacto deseado. Esto será fundamental para la generación de confianza y la sostenibilidad de los procesos locales que hoy en día, en muchos casos, se han visto corrompidos.
En una situación de incertidumbre como a la que nos enfrentamos a escala mundial, resulta imprescindible encarar los procesos de desarrollo local desde la complejidad. Si bien esto es algo a tener presente en todos los contextos, ante estas nuevas situaciones donde en muchos de los horizontes hay mayores dudas que certezas, la gestión de la complejidad es una condición esencial para la construcción políticas, para entender las reglas de juego y para accionar en realidades cambiantes y diversas.
Por otro lado, la planificación de los municipios es necesaria no solo para cumplir con los requisitos presupuestales sino desde el punto de vista estratégico, para visualizar el desarrollo de los territorios y atender el nuevo contexto en los distintos horizontes temporales: cuáles son las medidas necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Prestar atención en las especificidades territoriales y en el contexto de cada lugar resulta necesario para generar medidas de respuesta, acciones ante las necesidades y tener objetivos comunes y alineados a la visión territorial que es necesario construir. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los gobiernos municipales tienen competencias limitadas y en grandes dimensiones no tienen incidencia real. De todas formas, la capacidad de diálogo multinivel y multiactoral y de iniciativa propia serán cruciales para potenciar las áreas definidas como prioritarias o esenciales y ser territorios tractores y dinámicos.
Resultará un desafío estar atentos/as a la hora de planificar y entender cuáles son aquellas nuevas capacidades a desarrollar y cuáles hay que fortalecer para garantizar procesos continuos pero dinámicos. Para lo cual será necesario traer un último tema que dado el contexto su importancia se realza: la planificación participativa. Promover instancias de participación de calidad en todas las fases que requiere la planificación y desarrollo de estrategias en el territorio es crucial para socializar la toma de decisiones, construir confianza y una mayor democratización de los espacios.
Finalmente, la pregunta es, una vez pasada la emergencia, cuál será el mayor desafío político, ¿retomar aspectos no tan urgentes, pero igual de necesarios? ¿o darse el trabajo de revisar la estructura de actores, sus fallas y ventajas en pos de la ampliación de capacidades de gestión de los asuntos públicos?

(*) El presente artículo forma parte de la nueva serie de aportes al debate y la reflexión que hacen a diario LA OPINION alumnos de la Maestría en Desarrollo Territorial, la cual se dicta desde hace 10 años en el ámbito de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional - www.mdt.frra.utn.edu.ar -