BUENOS AIRES, 16 (NA). - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó ayer sin prisión preventiva al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender y a la presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, mientras que el exministro Julio De Vido recibió la falta de mérito.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 procesó además a Pablo Schoklender; al exsecretario de Obras Públicas José López (detenido mientras intentaba ocultar más de 9 millones de dólares en un monasterio) y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, por el delito de "defraudación a la administración pública por administración fraudulenta".

A todos ellos, al igual que a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el juez Martínez de Giorgi les dispuso un embargo de 250 millones de pesos, "suficientes para satisfacer las costas del proceso".

Por otro lado, la Justicia decidió dictar la falta de mérito en los procesamientos de los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los exministros de Trabajo, Carlos Tomada y Planificación, De Vido, entre otros.

En el caso de todos ellos, el juez sostuvo que "no existe mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseerlos", en relación a los financiamientos otorgados en el marco del programa "Misión Sueños Compartidos", que se expandió a varias provincias. En la causa se investiga el desvío de fondos públicos entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas que fueran adjudicadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del proyecto "Misión Sueños Compartidos".

Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la Fundación, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución y que, con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en las arcas de la institución, desviaron más de 206 millones de pesos.

Ese monto lo canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias ("Meldorek S.A." y "Antártica Argentina S.A.", entre otras), o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro (como, por ejemplo, "Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A." y "Agropecuaria Monte León S.A.", vinculadas a Guillermo Alejandro Greppi).Por el mismo hecho se dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de Bonafini, a quien se consideró "partícipe necesaria" de la maniobra,

en tanto se valoró que conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido, y que, en esa línea, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa "Meldorek S.A." de los servicios.

En declaraciones televisivas, Sergio Schoklender se quitó responsabilidad e insistió: "Preguntenlé a Hebe de Bonafini, que autorizó los desvíos". Además, el exapoderado de Madres aseguró que ese dinero desviado era para "pagar el sueldo de los empleados" de la Fundación: explicó que la institución "siempre estaba desfasada financieramente porque Planificación Federal retrasaba los pagos" y que para que no se suspendieran las obras "lo que había que hacer era cambiar en plaza cheques, pagando el costo financiero que eso tenía, para poder seguir adelante y pagarle a la gente".

El juez entendió que existió delito en esta maniobra y señaló que su éxito fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la "Asociación Madres de Plaza de Mayo" cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos y al "infiel desempeño" de López y Fatala, quienes articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda (cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales) fueran adjudicadas en forma directa a la Fundación.

ORIGEN
El escándalo en torno al programa "Sueños Compartidos" estalló a mediados de 2011, poco antes de que la entonces presidenta Cristina Kirchner buscara su reelección: tras una primera investigación del exjuez Norberto Oyarbide, el caso fue reactivado años después por Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi también procesó sin prisión preventiva a Alejandro Gotkin, Gustavo Serventich, José Caparrós Gómez, Enrique Rodríguez, Hugo Gallardo, Manuel Camet, Daniel Laurenti, Mariano Moncada, Pablo Sette, Adolfo Bus, Christian Terdjanian, Emilio Gutiérrez y Guillermo Greppi, por el delito de lavado de activos, en la inteligencia de que las distintas operaciones financieras, inmobiliarias y comerciales en las que tomaron intervención tuvieron como finalidad dar apariencia lícita al dinero espuriamente obtenido.