Empleadas municipales del área de Protección Vial y Comunitaria, que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación del Municipio rafaelino, son víctimas desde hace años de situaciones de violencia laboral, psicológica, simbólica y sexual. En esa dependencia, ubicada en bulevar Yrigoyen al 400, "los coordinadores acosaban a las trabajadoras y si ellas se negaban las cambiaban de turno, las mandaban a caminar bajo la lluvia o le sacaban horas extras" y "hasta le tocaban la cola a las compañeras", según señalan los testimonios que figuran en la denuncia que tomó el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). 
La denuncia amenaza con generar un escándalo nacional con imprevisibles derivaciones políticas y judiciales, que hasta podría significar el desplazamiento de autoridades de alta jerarquía en la estructura municipal. La bomba estalló ayer durante una asamblea de mujeres que se realizó en la sede del SEOM con la participación de más de un centenar de delegadas para tratar "recurrentes hechos de violencia de género y discriminación sucedidos en el área de Protección Vial y Comunitaria, que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela", según informó el gremio. 
Durante el encuentro se decretó un paro de mujeres con movilización nacional para el próximo martes 25 de abril, mientras que la quita de tareas será exclusivamente en la Municipalidad de Rafaela. "Se resolvió que participen de la movilización las compañeras y compañeros de todas las localidades, así como convocar a organizaciones de mujeres de todo el país", sostiene el comunicado del SEOM cuya onda expansiva promete llegar hasta las agrupaciones feministas de toda la Argentina.
Mientras tanto, en el gabinete municipal no salían del asombro ante el calibre de la denuncia pública desde el corazón del sindicato y con fuerte consenso: del encuentro participaron en forma presencial la totalidad de las trabajadoras delegadas de Rafaela, en forma virtual las representantes de Esperanza, San Vicente y las 45 comunas adheridas al gremio.
Por la tarde, el intendente Luis Castellano activó de oficio el Protocolo de intervención y prevención ante situaciones de violencia laboral, que rige por el Decreto N° 48.678 del 7 de marzo de 2019, según se informó. Asimismo, después de dialogar con el titular del SEOM, Darío Cocco, ordenó a funcionarios de su gabinete que soliciten al sindicato datos y denuncias que manifiestan para avanzar con la correspondiente investigación. 
En la asamblea, que fue encabezada por Anahí Raffaelli, secretaria adjunta de SEOM, y Eloísa Torreano, secretaria gremial, se consensuó un pedido formal que "será remitido a los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial" en el que la organización gremial manifiesta "haber recibido reiteradas denuncias de parte del grupo de mujeres que trabajan dentro de esa área, sobre situaciones de abuso de poder, desigualdad de género y el miedo instalado que paraliza a las compañeras y las deja en un lugar de extrema vulnerabilidad".
"Los testimonios, audios y grabaciones recopiladas refieren a situaciones de violencia laboral, psicológica, simbólica y sexual. Se han detectado situaciones de exclusión y barreras que imposibilitan el normal desarrollo laboral del grupo de compañeras, quienes se ven desplazadas e imposibilitadas a hacer uso de ciertos recursos, como el uso de vehículos o la posibilidad de hacer horas extras", subrayó el SEOM en el marco de una denuncia que ya llegó a ámbitos políticos de la ciudad y de la Provincia. Una bola de nieve difícil de frenar asoma en el Municipio rafaelino, que implicará además la intervención de la Justicia para investigar la violencia de género. Pero incluso el tema podría incluir otros delitos por la forma en que se administran las horas extras, que en definitiva contempla el uso de los fondos públicos.  
Este Diario consultó a distintas fuentes sobre si las máximas autoridades del Municipio estaban al tanto de las irregularidades y la violencia en Protección Vial y Ciudadana. "Tanto el Secretario del área (Jorge Muriel) como el Intendente saben. Muriel intentó solventar la situación poniendo una directora mujer pero no hubo cambios en la coordinación General. Y el problema son los coordinadores", aseguraron. "La situación viene de hace mucho pero es difícil de avanzar para todas las partes por el miedo de las mujeres a denunciar y tener que soportar represalias", agregaron. "Todo lo que sucedía era silenciado por años por miedo", insistieron. 
"Las categorías altas son todas para los amigos de los coordinadores. Incluso los coordinadores con las horas extras que se guardan ganan más que el Intendente. Ellos usaban las extras como moneda de negociación",  ampliaron las fuentes a las que accedió este Diario bajo estricto off the record. 
El SEOM advirtió además que "se ha desestimado el cuidado de la salud no atendiendo e ignorando la falta de insumos y la necesidad de generar un real cambio que posibilite desarrollar las tareas laborales dentro de un ámbito digno y cuidado desde una mirada integral". 

REACCIÓN OFICIAL 
Ante el impacto de la denuncia, el Municipio activó el Protocolo de intervención y prevención de violencia laboral mientras que Castellano instruyó a miembros de su gabinete que soliciten al SEOM datos y denuncias para avanzar con la correspondiente investigación. 
El Protocolo de intervención y prevención ante situaciones de violencia laboral contempla entre sus considerandos que "es primordial detectar y erradicar este tipo de acciones, previendo planes de actuación para lograr ambientes laborales satisfactorios", según informó el Municipio.
No hubo hasta el cierre de esta edición información sobre resoluciones que desplacen o suspendan a funcionarios o empleados del área. 
Desde la oposición, evaluaban una reunión de urgencia para este miércoles para analizar las denuncias del SEOM y tomar postura pública al respecto, a la vez que comenzaron a poner en duda la real contribución de áreas de auditoría y control del propio Municipio.