Por REDACCION
Para desbloquear los proyectos de inversión de las PyME industriales frenados por falta de financiamiento hacen falta 1,400 millones de dólares. El 60% de estos fondos es demandado por empresas inversoras que necesitan ampliar sus proyectos, algunos de ellos ya en curso, según sostiene un informe especial de la Fundación Observatorio Pyme.
El problema afecta al 26% de las PyME industriales y los sectores más perjudicados son Alimentos y Bebidas, que presenta una demanda insatisfecha de financiamiento de inversiones de 336 millones de dólares, y el sector metalmecánico con 354 millones de dólares. El sector Textil, confecciones, cuero y calzado, muestra una demanda insatisfecha por su parte de 171 millones de dólares.
La demanda insatisfecha de financiamiento se concentra en un 80% en AMBA y la Región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). Si esta demanda de financiamiento fuera satisfecha, la proporción de PyME industriales inversoras aumentaría del 43% al 55%.
El dinamismo inversor observado, muestra que estas empresas han destinado durante la última década entre el 6 y 10% de las ventas a este propósito. Los fondos fueron dedicados en su gran mayoría a la modernización tecnológica (63% de las firmas inversoras), al mejoramiento de la capacidad comercial (50%) y a la expansión de la capacidad productiva (53%); además de otros destinos, tales como: nuevos productos (41%), investigación y desarrollo (33%) y casos de internalización de procesos o producciones antes contratadas en el mercado (13%). En síntesis, un núcleo inversor consistente de PyME que necesita financiamiento para el desarrollo de sus negocios y que sería conveniente para el país no desatender.
En 2016 el problema del financiamiento bancario para estas empresas se agravó con respecto a 2015, cayendo la participación de los bancos en el financiamiento del 35% del total de las inversiones al 22%. Como contrapartida, aumentó la participación de la autofinanciación del 54% al 68%.
Es importante destacar que el problema no reside sólo en el insuficiente tamaño del mercado del crédito. El mercado de capitales tampoco está en condiciones de financiar las inversiones postergadas de las PyME. Actualmente, menos del 1% de las inversiones de las PyME industriales se financia a través de los instrumentos disponibles en este mercado.
El problema del financiamiento de las PyME industriales es sólo una parte del problema. La restricción se replica y agrava entre las PyME de Servicios, del Comercio y del Agro. La restricción financiera para el desarrollo es un verdadero problema nacional, que asimila a Argentina con algunos de los países más desafortunados del planeta que carecen prácticamente de un sistema financiero capaz de movilizar el ahorro nacional hacia inversiones realizadas en su propio territorio.
En efecto, el nivel de intermediación bancaria en Argentina no superó nunca el 25% del PBI y actualmente se sitúa en el 14%. Nuestros países vecinos Brasil y Chile alcanzan el 62% y el 89% respectivamente. Es muy desalentador comprobar que según el Banco Mundial la posición de Argentina en la tabla de las naciones se sitúa en los mismos niveles que Burundi, Gabón, Lesoto, Madagascar, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia, todos con un nivel de crédito al sector privado como proporción del PBI en torno del 14%.
En síntesis, el tamaño del sistema de intermediación bancario argentino constituye la verdadera anomalía del capitalismo nacional. Es efectivamente anómalo la convivencia de niveles de PBI per cápita como el de Argentina con niveles de desarrollo financiero tan bajos como los de los países más desafortunados del planeta, como los antes mencionados.
Debido al subdesarrollo del sistema financiero local, el sistema económico argentino crece por debajo de sus posibilidades.
Según los cálculos de FOP, en base a las estimaciones de autorizados estudios internacionales, si Argentina alcanzara el actual nivel de intermediación bancaria de Brasil o Chile, la tasa de crecimiento del PBI del país podría incrementarse tendencialmente entre 1 y 2 puntos porcentuales por año. Esta ganancia se explicaría por el efecto conjunto de una mayor movilización del ahorro nacional hacia la inversión, una más mejor evaluación de los proyectos, un mayor control de las decisiones de los administradores. Para desbloquear esta situación es necesario no sólo mantener baja y estable la tasa de inflación (que es una tarea permanente y para el largo plazo de construcción de una moneda nacional capaz de funcionar como reserva de valor), sino también (y de cortísimo plazo) implementar en lo inmediato cambios regulatorios que afectan negativamente la posibilidad del sistema bancario de otorgar créditos a las empresas y estimular una actitud un poco más agresiva de los bancos en la gestión del riesgo crediticio; aunque es importante reconocer que la insuficiente escala del sistema bancario es un impedimento severo para manejar el riesgo. En sumatoria, un problema circular que la política pública debería interrumpir de alguna manera.
En este sentido, una de las alternativas explorada en algunos países para gestionar mejor el riesgo de las PyME ha sido el de articular programas de financiamiento bancario con las cadenas de valor, apalancados por las empresas de mayor envergadura de la cadena.
La llamada Ley PyME, recientemente reglamentada, es un aporte positivo de estímulo a las inversiones y una ayuda al financiamiento de las mismas, pero es necesario complementar esta Ley con una marcha decidida hacia una mayor profundización del sistema de crédito al sector privado. No puede haber “revolución” inversora sin “revolución” financiera. El Estado y el sistema financiero deben moverse al unísono para resolver esta grave anomalía del país.
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