Por Guillermo Briggiler
“Evadir impuestos debería ser un derecho humano”. La tremenda y controvertida frase fue dicha por el actual Presidente de la Argentina. Si quieren corroborarlo la tiene publicada actualmente en la red social X, donde es asiduo participante, aun ahora que ostenta el mayor cargo al que puede aspirar un ciudadano. Cabe aclarar que pronunció esta polémica sentencia antes de dedicarse a la política. Sin embargo, nos sirve de disparador para referirnos a los impuestos que se cobran desde el Estado. En los próximos días, están venciendo tanto Ganancias y Bienes Personales, siendo estos impuestos anuales los que apalancarán el superávit fiscal de los próximos meses.
El tema de la ética de los impuestos es crucial y polémico, especialmente en el contexto de la justicia distributiva y las responsabilidades tanto del Estado como de los ciudadanos. Este análisis podemos centrarlo en dos cuestionamientos principales, uno hacia el Estado y el otro hacia los propios ciudadanos.
Respecto del Estado, existe una preocupación generalizada sobre la incapacidad del gobierno para aplicar una legislación tributaria equitativa. Muchos ciudadanos se preguntan si es justo pagar impuestos cuando una gran parte de la población, tanto en el ámbito empresarial como laboral, opera en la informalidad, evadiendo así sus responsabilidades fiscales -se estima que cerca del 40 por ciento de los trabajadores desarrolla sus actividades en el ámbito de la economía informal-. Esta situación genera una carga excesiva para aquellos que intentan cumplir honestamente con sus obligaciones, sin que los beneficios fiscales se reflejen adecuadamente en el Bien Común, que es el fin último de toda legislación tributaria. Además, durante mucho tiempo en nuestro país se gastó de mala manera desde el sector público -corrupción, subsidios al consumo de energía para sectores pudientes, planes sociales utilizados políticamente para beneficio de movimientos sociales que no llegaban a quienes realmente necesitaban la asistencia, etc.- y el populismo melló fuertemente el argumento distributivo de la recaudación.
Por otra parte, los ciudadanos y empresas que estos conforman, enfrentan un desafío ético ya que, en su afán de lucro, motor de la economía, no se logran identificar con los principios de la justicia social. Esta actitud egoísta, debería ser utilizada por los Estados, cual dilema del prisionero, para intentar garantizar los servicios esenciales. Si todos pagan, resulta menos oneroso para todos. Los que evaden, si los descubren tienen obligaciones peores, y los que no evaden deben afrontar los costos mayores por los que eluden los impuestos.
Pero todo este argumento se cae, cuando periódicamente, gobierno tras gobierno, se ofrece un blanqueo o perdón por los impuestos evadidos. Aunque este blanqueo que impulsa el Gobierno de Javier Milei sea otro de los pilares para obtener superávit fiscal y reservas para el alicaído BCRA.
El gobierno tiene la obligación de actuar con competencia, responsabilidad, prudencia y desinterés. Su función principal es legislar con justicia, asegurando que las leyes sirvan al Bien Común y no a intereses particulares. La promulgación de leyes injustas no solo debilita la legitimidad del Gobierno, sino que también socava la autoridad del Estado. Este es probablemente uno de los motivos por lo que el actual Presidente alcanzó el poder.
Por su parte, los ciudadanos y las empresas tienen el deber moral de cumplir con las leyes justas y de contribuir al Bien Común. La evasión fiscal, el incumplimiento de las promesas electorales, y el abuso de poder son faltas graves contra la justicia distributiva, y ponen en riesgo la cohesión social y el desarrollo armónico de la sociedad.
En última instancia, la ética de los impuestos se fundamenta en la justicia distributiva, que exige un trato equitativo para todos los miembros de la sociedad. El gobierno debe garantizar que las leyes tributarias sean justas y que su aplicación no recaiga desproporcionadamente sobre los más vulnerables. Al mismo tiempo, los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades fiscales, reconociendo que su contribución es esencial para el bienestar común y la estabilidad social. La Doctrina Social de la Iglesia ofrece una guía valiosa para entender y aplicar estos principios, enfatizando la importancia de la justicia, la solidaridad y el amor en la vida económica y social. Especialmente para no repetir la equivocada frase con la que comenzamos estas líneas.
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