Por José Calero
Ante
la sequía económica, el gobierno trata de agudizar la inventiva
para paliar la situación de crecientes sectores con dificultades y
evitar que se profundice la incipiente pérdida de empleos.
Hasta los manipulados indicadores del INDEC ya admiten que la
economía se estancó, sea por razones externas como sostiene el
ministro Axel Kicillof, o por mala praxis interna, con las medidas
que complicaron a sectores clave como la construcción y el automotriz.
La actividad económica se estancó en enero tras una tímida alza
del 0,5% en el 2014 informada por el INDEC, aunque los que siguen
el tema dicen que en realidad hubo un retroceso cercano al 2%.
A la industria le va mucho peor: el gobierno reconoce un
deterioro del 2% en el primer bimestre, pero para la UIA la baja
ya supera el 4%.
Son múltiples los indicadores que reflejan que el país va
marcha atrás y a la propia presidenta Cristina Fernández se le
escapó esa situación en su última cadena nacional que hay sectores
con "algunos problemitas".
Fue al justificar el plan de facilidades de pago por deudas
impositivas y previsionales a diez años que debió lanzar la AFIP.
La medida o plan de regularización incluye una tasa de interés
superior al 22% anual, que el gobierno presentó como "ventajosa".
Fue una forma de reconocer que la inflación no será este año
del 15% como insiste el secretario de Comercio, Augusto Costa, por
orden de Kicillof.
Sorprende el monto de la deuda involucrada: $ 60.000 millones
es lo que los contribuyentes dejaron de pagarle al Fisco. También
impacta la cantidad de deudores: más de 1,2 millones.
Por las dudas, la presidenta aclaró que uno de los requisitos
para las empresas que quieran adherir será mantener la plantilla
de personal vigente al 31 de diciembre de 2014.
La decisión encierra el claro mensaje de que el gobierno quiere
a toda costa evitar despidos y conflictividad social en un año
electoral donde el panorama asoma incierto.
Pero algo anda mal en la economía para que tantas personas y
empresas se hayan retrasado con el Fisco.
La presidenta buscó encontrarle una explicación: "Muchos
prefieren quedarle debiendo al Estado antes que a un banco o a una
tarjeta, porque deberle al Fisco es más barato", razonó.
Por eso, una vez cerrado el programa, el gobierno elevará los
punitorios para deudas de la seguridad social con la intención de
"evitar que las empresas se financien con la ANSeS en lugar del
sistema bancario".
Más allá de las especulaciones, los datos reflejan que junto con
un alza en la morosidad y un aumento en la cantidad de cheques
rechazados, la economía atraviesa un momento delicado.
El impacto se está sintiendo con fuerza en las PyMEs, que
redujeron planes de crecimiento y ahora están más preocupadas por
ver cómo pagar deudas y, sobre todo, cobrarle a las grandes
empresas a las que proveen.
La cadena de pagos está resentida. El Gobierno lo ve y trata de
jugar a dos puntas, ya que por un lado calienta el consumo,
sumando a la tarjeta SUBE al plan de descuentos, y subsidiando
cada vez más la demanda, como ocurrirá con los 2,5 millones de
hogares que utilizan el sistema de calefacción por garrafas.
Ya hay 8 millones de personas que perciben planes sociales en
la Argentina, el 20 por ciento de la población total, por unos
90.000 millones de pesos anuales.
El Gobierno sostiene que semejante ayuda directa refleja las
políticas de redistribución del ingreso impulsadas por el
"modelo".
En la otra vereda, la pregunta cae de madura: ¿Por qué un
modelo exitoso que lleva casi doce años en el poder necesita
todavía dar semejantes niveles de "ayuda social"?
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