Por Andrés Domínguez
El reclamo respecto de la necesidad de rebajar los derechos de exportación para los productos agropecuarios, no por viejo y repetido, deja de ser justo. Es al día de hoy una deuda pendiente hacia el campo y el interior, y un desafió para quienes pretendemos gobernar el país. En tiempos de campaña electoral, serán seguramente repetidas las promesas al respecto por una gran variedad de candidatos. En otras oportunidades esas promesas fueron traicionadas, vale destacar. Pero quiero detenerme en un aspecto crucial, en dos preguntas que desde el mayor sentido común surgen de quienes escuchan estas promesas, y que desde el sentido de la responsabilidad en la gestión pública los políticos debemos responder. ¿Cuánto cuesta bajar las retenciones? y ¿Cómo se financia esa rebaja?
Intentaré contestar esas preguntas basado en la propuesta de la Coalición Cívica al respecto. Hace años que tenemos una postura firme y concreta en este punto: proponemos la eliminación de las retenciones para todos los productos agropecuarios (cereales, granos, lácteos, todas las carnes, cueros, todas las economías regionales y maquinaria agrícola) y una fuerte rebaja para el caso de la soja y sus subproductos, llevándola del 35% actual a un 25%, sin segmentación. Dados los actuales precios internacionales, los niveles de producción y exportaciones de la campaña 2010/2011, el nivel del tipo de cambio y los últimos datos presupuestarios fehacientes con que contamos, el costo fiscal anual de aplicar esta propuesta asciende a unos 20.000 millones de pesos anuales. Para entender esta magnitud, 20.000 millones de pesos equivale a algo menos de la mitad del aporte total del campo al fisco por retenciones, y aproximadamente al 4% del gasto presupuestario nacional. Estos números muestran la importancia del esfuerzo fiscal propuesto: si bien no es imposible, requiere ser tomado con seriedad.
Este costo fiscal encuentra su mayor explicación en los granos: 17.000 millones de pesos es el estimado, de los cuales 10.000 provienen de la eliminación total de retenciones al maíz, girasol, trigo, sorgo, sus subproductos y demás granos, mientras que sólo el costo de reducir en 10 puntos porcentuales la alícuota de la soja asciende 7.000 millones de pesos. El costo estimado se completa con 1500 millones de pesos anuales que significaría eliminar las retenciones a las carnes y los lácteos, y 1120 millones para la eliminación total de los derechos a todas las economías regionales del país.
Algunas consideraciones a destacar. En primer lugar, resulta clarísima la preponderancia en el impacto fiscal de granos y cereales, y entre ellos, se destaca fuertemente la soja. Es por ello que en el caso de la soja la rebaja no puede ser mayor, al menos en el corto plazo. La justa necesidad de rebajar retenciones debe ser sopesada con el impacto fiscal y las demás necesidades sociales que el Estado debe atender con sus recursos. En segundo lugar, en el tema carnes, creemos que es el momento "ideal" para eliminar las retenciones. Hemos sufrido una brutal caída del stock, muchos productores salieron del negocio, el precio interno ha subido hasta alinearse con el internacional y en los frigoríficos se suceden los despidos. Todo esto es muy malo, sin dudas, pero en ese "combo" de malas noticias, surge el hecho que nuestras exportaciones de carne han bajado a niveles mínimos históricos. Dentro de tan mal panorama, esta situación configura una ventana de oportunidad central para eliminar retenciones con bajo impacto fiscal y poco efecto sobre los precios internos.
Merecen un párrafo aparte las economías regionales, siempre relegadas. Su contribución por retenciones al Estado Nacional como conjunto es bajo, y si tomamos cada economía regional por separado, realmente ínfimo. Pero el impacto productivo –negativo- que implican las retenciones en cada territorio y en cada producción es tremendo. Esto se repite en el tabaco, el vino, los cítricos, las peras y las manzanas y muchas otras producciones, en donde los actores más pequeños están en condiciones de rentabilidad muy malas. Con muy poco esfuerzo del Estado, tal como proponemos, se puede lograr un gran apoyo a estas economías.
¿Cómo se financia esta rebaja? En primer lugar, teniendo claro que las retenciones funcionan como un impuesto a los ingresos brutos sin tener en cuenta la rentabilidad, por lo que su eliminación genera un aumento en la misma para cada actor, un efecto meramente contable, que según serias estimaciones, implica un "recupero" por aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias equivalente al 25% de la rebaja aplicada. Por otra parte, desde años venimos proponiendo el redireccionamiento de los subsidios de la ex ONCCA, de forma tal que los mismos se eliminen y los fondos se usen para solventar la rebaja propuesta. El último dato confirmado para el total de estos subsidios es de 2.700 millones de pesos, pero creemos que podrían haber sido más. También proponemos reorientar una serie de micro-programas y fondos especiales del Ministerio de Agricultura, que buscan sostener la economía familiar, las economías regionales y demás, no porque no compartamos su espíritu, sino porque han demostrado tener bajo impacto y mala implementación, y preferimos, directamente, la eliminación de las retenciones como un mejor medio para lograr los mismos fines. Allí tenemos otros 2.500 millones de pesos. Recordamos también una propuesta histórica de la Coalición Cívica, que implica gravar la renta financiera, recaudando así al menos 5.000 millones de pesos extra. Con todo esto estamos cerca de cubrir el 75% del impacto fiscal de nuestra propuesta. Quedaría cubrir el resto por rentas generales, unos 6.000 millones de pesos anuales. Entendemos que hay con qué hacerlo: sólo el programa "Fútbol para todos" gastó 1.000 millones el último año. Ni que hablar de los sobreprecios de obra pública. Aun así, no estamos teniendo en cuenta en nuestros cálculos los ingresos extra que el Estado Nacional tendrá por "mayor actividad". Es decir, sabemos que esta rebaja de retenciones generará más producción, más empleo y más actividad en todo el país. Estudios académicos afirman que esa mayor actividad implicará para el Estado, entre impuestos nacionales como IVA y ganancias, e impuestos provinciales, un recupero de hasta el 65% de la rebaja aplicada.
Como ven, la propuesta para eliminar y bajar retenciones no sólo es coherente y es clara: también es posible.
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