Por José Calero
La
nueva medida sobre las compras con tarjeta en el exterior refleja
una necesidad cada vez mayor del gobierno de hacerse de dólares,
como actitud preventiva ante una actividad económica cuyo futuro
se torna incierto.
Y esas medidas se vienen aplicando en forma puntillosa aún a
riesgo de resentir la actividad económica, como viene ocurriendo
con el mercado inmobiliario y la construcción.
Una mezcla de medidas para luchar contra la evasión y evitar la
salida de dólares convenció al gobierno de adoptar el recargo del
15 por ciento a las compras con tarjeta en el exterior.
De paso, piensan en la Casa Rosada, este verano el turismo
interno crecerá en forma exponencial, porque quienes pensaban
viajar al exterior serán desalentados por las nuevas medidas.
El dato que convenció al gobierno de adoptar esta decisión fue
contundente: en el último año y medio los argentinos gastaron casi
7.500 millones de pesos con tarjetas de crédito en el exterior,
y el ritmo de erogaciones se acrecentó con el cepo cambiario y
amaga profundizarse.
Es que poder pagar al tipo de cambio oficial los gastos en
dólares realizados en el exterior se terminó convirtiendo en un
incentivo para que muchos argentinos decidieran no sólo viajar,
sino también comprar bienes en el exterior.
"Preferimos que los argentinos veraneen en el país", lanzó el
jefe de la AFIP, cuando se le consultó sobre los objetivos de esta
medida.
Este recargo en las compras con tarjeta servirá como
herramienta, evalúan en la AFIP, para contribuir a la lucha contra
la evasión, y por eso se exigirá el detalle de las compras con
tarjetas de crédito de quienes viajen al exterior.
La medida también avanza otro casillero en el grado de
intervención del Estado en la economía, que semana tras semana se
va ampliando.
En ciertos sectores de la sociedad, en general alejados del
voto al oficialismo, se está construyendo una visión de que los
grados de libertad se van achicando en la Argentina, y que la vida
privada está perdiendo por goleada ante un Estado que tiene cada
vez más herramientas de control y las aplica a ritmo vertiginoso.
Esos mismos sectores reclaman también que el Estado rinda
cuentas sobre niveles de gasto que no siempre están claros y que
en otras oportunidades parecen destinados a fines no del todo
compartidos por grandes conglomerados sociales.
Lo concreto es que la medida apunta a cerrar aún más el cepo
cambiario y controlar los consumos de los turistas en el exterior.
La AFIP asegura haber detectado inconsistencias entre las
declaraciones juradas de los contribuyentes y los gastos en el
exterior, para justificar el recargo en las tarjetas.
Para el siempre ácido economista Juan Carlos De Pablo, "cada
día es más complicado hacer las cosas más elementales" y se
preguntó "por qué toda transacción fuera del tipo de cambio
oficial es ilegal".
Incluso opinó que en la Argentina los empresarios están tan
ocupados, pendientes de lo que "se le va a ocurrir" al secretario
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que no tienen tiempo para
"trabajar", es decir, "pensar en los consumidores, en los
competidores, en las inversiones".
La pregunta clave es hasta dónde llegará el torniquete fiscal y
si habrá cuerpos capaces de soportarlo.
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