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Editorial Miércoles 28 de Marzo de 2018

Zig zag judicial

Tras las recientes liberaciones de imputados por corrupción, queda la sensación que gana la impunidad.

REDACCION

Por REDACCION

Es verdad que estas liberaciones de detenidos por casos de corrupción que se han venido registrando en los últimos días, y que según se dice es altamente probable que continúe ampliándose, no significa que los beneficiados hayan sido exculpados de sus imputaciones -esas mismas que los llevaron detrás de las rejas bajo la figura preventiva, sospechando que podían interferir en el desarrollo de las causas-, pero también es muy evidente que constituyen golpes muy potentes para la credibilidad pública.

Es que la justicia, desacreditada en la confianza de la gente, tal como lo aseveran todas las encuestas sobre los temas que más preocupan a la gente, con este andar zigzagueante y contradictorio, no hace otra cosa que profundizar su situación de desconfianza con la que es observada.

Está fuera de discusión si las preventivas que les fueron aplicadas a Amado Boudou, Roberto Baratta, Cristóbal López, Fabián de Souza, Carlos Zannini y Luis D'Elia era lo que correspondía, lo que en realidad trasciende es que esa medida fue dispuesta por la misma justicia que hoy los deja libres, quedando como saldo la indignación pública que se provoca con esta clase de medidas, que no hacen otra cosa que instalar la presunción de inocencia de imputados sobre quienes pesan infinidad de pruebas suficientes para dejar de lado las dudas, aún cuando habrá que aguardar para confirmarlo lo que disponga la justicia. Y otra vez volvemos al punto de partida, depositando todo el peso de la decisión sobre esta institución que ha sido tan vapuleada en los últimos años, tal vez por injerencias externas, pero esencialmente por sus propios integrantes, sospechados de parcialidad expuesta, de venalidad y de acciones de lo más llamativas y extrañas.

La liberación de Cristóbal López y su socio De Souza, tiene condimentos muy especiales, no sólo por la forma en que fue gestada, por un tribunal con dudas sobre su conformación que hizo suyas la Corte Suprema al requerir aclaraciones sobre la incorporación de Eduardo Farah al tribunal en cuestión, por el sólo hecho de haberlo solicitado Jorge Ballestero -titular del mismo-, sin apelar al sorteo como corresponde. Lo grave, es algo mucho más importante aún que la libertad de ambos por el cargo de haber defraudado al fisco en 8.000 millones de pesos que hoy con intereses y adicionales se convirtieron en 17.000 millones, es que aún sin haberlo solicitado nadie, estos dos camaristas -el tercero Jorge Bruglia se manifestó en contra- cambiaron la carátula de fraude al Estado por evasión, alivianando de manera formidable la situación procesal de ambos, que hasta es poco probable que dentro de esta nueva perspectiva regresen a la prisión, y además, contarían con la posibilidad de ingresar en una moratoria y plan de pagos con la AFIP con interminables plazos. Claro, siempre y cuando esa decisión no sea modificada, ya que hubo -además de las investigaciones pedidas por el tribunal máximo- denuncias para que todo vuelva a su situación original.

Lo que agrava aún más lo actuado por Ballestero y Farah, según fue dicho con todas las letras por la diputada Elisa Carrió, es que se sospecha que podrían haber recibido coimas para llegar a tal fallo. Lo cual, dadas las circunstancias y repasando hechos recientes, como por ejemplo la destitución de Eduardo Freiller -que integraba esa misma cámara cuestionada- por un enriquecimiento que no pudo justificar.

Otro que puede seguir este camino es el ex ministro Julio de Vido cuyo juez de la causa de Río Turbio Luis Rodríguez separó sin demasiado tramite al fiscal Stornelli quien fue gran impulsor de la misma. Sospecha que excede el marco público pues fue la misma Oficina Anticorrupción la que solicitó apartar al juez Rodríguez, pues advierte lo que se viene.

Queda entonces flotando una fuerte sensación, que incluso excede esa denominación, que la impunidad sigue prevaleciendo en la Argentina. Es que la organización judicial kirchnerista Justicia Legítima que parecía estar en retirada luego de la asunción del nuevo gobierno, vaya a saber porque razones, ha regresado no sólo con entusiasmo sino con fuerza para adoptar decisiones que van a contramarcha de la sociedad argentina. 

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