Presupuesto en debate

La inversión proyectada en el Presupuesto por el Gobierno nacional en materia de obras de infraestructura para 2018 se presenta, en una primera lectura, desigual si se tiene en cuenta la distribución por provincias. De acuerdo a un estudio, el 25 por ciento del gasto no tiene una asignación provincial específica mientras que del resto, el 40% de las erogaciones presupuestarias se concentra en Buenos Aires, con un 22%, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 20%. 

De acuerdo al informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), después aparecen Córdoba con un 4,5% y Santa Fe, con 4,3%, en tanto que resalta que hay 12 provincias a las que, tomadas en conjunto, se les asigna menos del 10% del gasto. 

El estudio consigna que desde los gobiernos santafesino y cordobés reclamaban mayor inversión en obras en sus distritos, casualmente dos provincias gobernadas por el PJ y el Frente Progresista, Cívico y Social. 

Otro enfoque del gasto planteado por el IARAF tiene que ver con el reparto per cápita de los recursos para obras al señalar que "provincias que figuran entre las últimas en el listado de participación en el gasto total, como Tierra del Fuego o Santa Cruz, se ubican ahora como las más favorecidas". En cambio, Córdoba, Santa Fe e incluso la oficialista Buenos Aires se ven perjudicadas cuando se analiza el destino del gasto por cantidad de habitante. 

En el caso de Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz añade un elemento adicional en la discusión presupuestaria. El reclamo para el pago de la deuda de fondos coparticipables que reconoció incluso la Corte Suprema y que alcanza unos 50 mil millones de pesos con actualización correspondiente. Precisamente el mandatario santafesino alertó que en el Presupuesto 2018 no hay grandes obras para Santa Fe o, en el mejor de los casos, son "cifras insignificantes". Un dato adicional: Lifschitz pidió una prórroga para enviar su propio presupuesto para el año que viene a la Legislatura provincial.

Así como las provincias están atentas al momento en que el Ejecutivo nacional envía su proyecto de Presupuesto al Congreso, en el mismo sentido los municipios y comunas santafesinos están a la expectativa de la iniciativa que Lifschitz remitirá a la Legislatura en los próximos días.

En el Congreso nacional se modelará el formato definitivo del Presupuesto 2018, por lo cual adquiere importancia el rol que desempeñen diputados y senadores nacionales santafesinos. De todos modos, siempre hay lugar para maniobras: las partidas para la transformación de la Ruta 34 se incluían en el presupuesto nacional desde 2010 pero los trabajos comenzaron varios años más tarde. Es decir, se incluye una asignación específica para dar respuesta a los reclamos, pero después no hay ejecución alguna. 

Presentado en tiempo y forma, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2018 contiene una pauta de crecimiento de la actividad económica estimada en 3,5%, la inflación promedio se ubicaría en 15% anual y el déficit fiscal primario sería de 3,2% del PBI, en línea con la meta fiscal oportunamente fijada por el gobierno. Pero si se adicionan los intereses de la deuda, el resultado financiero trepa al 5,5% del PBI. 

Como sostiene Walter Agosto, del CIPPEC, la clave de la política presupuestaria en el 2018 -al igual que lo sucedido en el 2016 y este 2017- pasa por la estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en los mercados voluntarios, limitando la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. En este sentido, destaca que las condiciones de elevada liquidez, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país, parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal con endeudamiento.

De acuerdo al análisis efectuado por Agosto, el cambio en la modalidad de financiamiento del déficit ha generado un incremento significativo en el stock de deuda pública (de mercado), situación que se trasladará al ejercicio siguiente. Según la información oficial, la deuda pública se incrementaría de U$S 275.000 millones a U$S 317.000 millones de dólares entre 2016 y 2017, pasando de representar 54,2% a 58,7% del producto, y se espera para 2018 un incremento similar. 

En tanto, se estima que las provincias registrarán en 2017 un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones equivalente a 0,9% del PBI, estimándose para el año próximo una reducción que lo ubicaría en $44.775 millones, 0,4% del PBI. Tanto en el caso de la nación como en el consolidado provincial, la pauta de crecimiento del gasto primario corriente ronda 15% para 2018, en línea con la inflación esperada en las proyecciones del gobierno. De este modo, se pretende que la evolución del gasto público se encuadre en las restricciones que contiene el nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal.