Pobreza, el camino inverso

Por REDACCION

En un país que más allá de los ensayos no encuentra un modelo sustentable para el crecimiento equilibrado de su economía que se traduzca en una mejor calidad de vida para todos, la pobreza como calvario que afecta a más de 13 millones de personas es el resultado final de una serie de desaciertos que tiene sus responsables: todos, aunque claro está con distintos grados. Quienes estuvieron en la cima de los gobiernos son, junto a sus principales colaboradores, tienen una cuota mayor de culpabilidad.

Un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) compara lo que sucede en nuestro país con las realidades de Chile y Uruguay. Tras consignar que la tasa de pobreza urbana aumentó al 32% de la población en el segundo semestre del 2018 según informó el INDEC, destacó que en el mismo período del año anterior se ubicaba en el entorno del 26%. Es fácil asociar este deterioro en la situación social con la gran devaluación del 2018 y su correlato inflacionario. La explicación es simple: a finales del 2017, una familia tipo necesitaba ingresos superiores a los $16 mil mensuales para no ser pobre; a fines del 2018 este monto subió a $25 mil, es decir, aumentó el 55%, y como los ingresos de la población crecieron menos, muchas familias cuyos ingresos estaban cerca de este valor –que es la Canasta Básica Total– cayeron en la pobreza.

Según la consultora, ante esta situación se naturalizan los diagnósticos centrados en la coyuntura, como la devaluación y el ajuste fiscal pero, remarca, lo mejor es tener una visión más integral y profunda para identificar los orígenes del problema, lo que podría facilitar el diseño de estrategias más consistentes para reducir de manera sustancial y perdurable la pobreza.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente comparar la dinámica social de la Argentina con sus países vecinos por las cercanías geográficas y culturales, más allá de las diferencias políticas entre ellos. En este sentido, según datos oficiales de los tres países, entre los años 2006 y 2018 la pobreza en Argentina pasó de 29,2% a 32,0% de la población, en Chile pasó de 29,1% a 8,6% de la población y en Uruguay pasó de 32,5% a 8,1% de la población. De manera contundente, estos datos muestran la enorme dimensión del fracaso social que sufre la Argentina.

Así, con situaciones parecidas en el año 2006 ya que los tres países tenían 1 de cada 3 personas en la pobreza, Chile y Uruguay bajaron este flagelo al 8% de la población en poco más de una década. En el mismo período, Argentina en el 2006 empezó a distorsionar las estadísticas del INDEC para encubrir la pobreza y luego dejó de medirla en el 2013. Con el nuevo gobierno, en el 2016 se volvió a medirla y seguía en el orden de 1 de cada 3 personas en la pobreza, nivel que salvo vaivenes se mantiene. La consecuencia es que en la actualidad la Argentina tiene 4 veces más pobreza que Chile y Uruguay, apunta Idesa.

En el reporte se resalta que semejante involución excede la crisis económica actual y lleva a poner el énfasis en temas más estructurales como por ejemplo la relación entre los ingresos y los egresos del Estado. En tal sentido, entre los años 2006 y el 2018 los ingresos en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) pasaron de 28% a 35% del PBI y el gasto público del 27% a 41% del PBI. De este modo se generó un sector público mucho más grande y deficitario que tuvo como principal consecuencia la emisión monetaria espuria y el endeudamiento, de lo que se deriva la alta inflación que multiplica la pobreza. Los países vecinos con una administración del Estado responsable y profesional (el gasto público en Chile es 25% y en Uruguay 33% del PBI) han logrado evitar la inflación y reducir sustancialmente la pobreza subraya el informe.

Por tanto, en la Argentina el problema central es la gestión del Estado que está plagada de irresponsabilidad, los cientos de programas asistenciales que se ejecutan desde los tres niveles de gobierno sirven para justificar burocracia, corrupción y “hacer política”, pero han demostrado que no sirven para bajar la pobreza. Esto a pesar de que, puntualiza Idesa, sumando lo que gastan nación, provincias y municipios en asistencia social alcanza para eliminar la pobreza y mucho más la indigencia. Y algo similar sucede por el lado del sistema tributario y judicial: de manera sistemática se toman decisiones para que los ricos paguen menos impuestos. Un ejemplo reciente es la decisión de la Corte de eximir y devolver el impuesto a las ganancias a una jubilada de privilegio.

Por último, señala que asignarle responsabilidad al actual gobierno o al FMI por el aumento de la pobreza es una manera simple y políticamente atractiva de explicar el fracaso pero como lo demuestra la experiencia de Chile y Uruguay, lo que se necesita es menos hipocresía y más profesionalismo en la gestión pública en todos los estamentos del Estado.