Por REDACCION
La explotación de los recursos naturales de un país, generalmente, no está exenta de polémicas y conflictos de mediana o alta intensidad porque puede alterar y dañar para siempre un paisaje ambiental o afectar intereses de pequeñas minorías. Encontrar equilibrios entre una producción sustentables con sistemas que reduzcan la huella ambiental y que a su vez signifique un beneficio económico y de desarrollo de distintas comunidades y regiones se impone a la hora de habilitar a empresas a extraer recursos del suelo.
El negocio petrolero genera enormes ganancias para elites multinacionales y es vital para aportar la energía -y otros derivados- que necesita la sociedad moderna en todos sus ámbitos, desde el hogar hasta las empresas. Pero se debió elaborar un entramado legal para que las actividades de exploración y extracción del oro negro se realice respetando el medio ambiente.
En la agricultura y ganadería, sectores tradicionales de la fértil Pampa húmeda argentina, aún se debate sobre el impacto de los productos fitosanitarios en el suelo y los ecosistemas naturales. Es necesario que los gobiernos auditen qué tipo de químicos se emplean para mejorar la fertilidad o alejar hongos o bichos de los cultivos, con la premisa de que sean lo menos agresivos posible para las personas y otras formas de vida.
La minería constituye otra actividad primaria que abre grietas no solo en las montañas sino en las sociedades, porque si bien implica la generación de empleo para una región y por ende posibilidades de progreso, sino se lleva a cabo mediante mecanismos que disminuyan al mínimo el costo ambiental, entonces el daño colateral puede ser mayor al beneficio obtenido.
La pesca y el aprovechamiento de los recursos ictícolas se traduce en la creación de puestos de trabajo y de prosperidad para familias, ciudades y regiones. Pero también se requiere de una estructura legal de control y sanción para evitar una pesca indiscriminada que ponga en peligro especies y con eso la alimentación futura de millones de personas.
En todos los casos, se requiere el desarrollo de un marco legal con Estados presentes para garantizar la defensa de los intereses de los más débiles y poner límites al poder de grandes corporaciones.
Ahora en la Argentina asoma una nueva industria derivada de un recurso natural como lo es el litio, una materia prima excluyente de la actual evolución tecnológica a partir de su utilidad para el desarrollo de baterías para dispositivos móviles como celulares, tablets y laptops. Y es un mineral clave en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros, y dio un impulso vital a la aparición de vehículos híbridos y eléctricos.
Como ocurrió alguna vez con la fiebre del oro, o con el petróleo considerado el oro negro, el litio fue bautizado como el oro blanco porque será un insumo clave para la movilidad eléctrica que exige la estrategia para desacelerar el cambio climático. Cabe consignar que Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado "triángulo del litio" porque concentran las mayores reservas mundiales de esta materia prima aunque deben lidiar con la maldición de los recursos naturales, también conocida como la paradoja de la abundancia (países y regiones con una abundancia de recursos naturales tienden a tener un menor crecimiento económico y resultados de desarrollo peores que los países con menos recursos naturales). Argentina es quizás el mejor ejemplo de esta maldición.
Para impulsar un auto Tesla Model S eléctrico se necesitan 45 kg de carbonato de litio. Y para producir una tonelada de carbonato de litio -dependiendo de la instalación- se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce según apuntó un artículo de la BBC.
Precisamente las comunidades locales próximas a los salares jujeños rechazan esta explotación porque, según creen más allá de que no hay estudios científicos que lo certifiquen, reducirá la disponibilidad de agua dulce en la región que de por sí es una de las más áridas del planeta. Más allá de estas tensiones, la Mesa Nacional del Litio quedó formalmente conformada con la incorporación de la Nación al espacio creado en marzo pasado por las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este sector clave para el Noroeste argentino. Según datos de la Secretaría de Minería, en la actualidad en Argentina hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 17 proyectos avanzados. Se estima que se pueden llegar a extraer 350 mil toneladas anuales. En el sector de litio las inversiones acumuladas entre 2017 y 2020 totalizaron U$S 1.118 millones y el empleo se ha duplicado en los últimos 3 años, y a junio 2020 se registraban 1.474 empleos directos y casi 3 mil indirectos.
El reto será conciliar los distintos intereses, el de las empresas, las comunidades locales y, por supuesto, el medio ambiente.
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