Por REDACCION
La deuda externa de la Argentina se ha convertido, desde la década del ochenta, en una mochila tan pesada que condiciona en gran medida los planes de desarrollo del país. Si a esta adversidad se le agrega la falta de acuerdos internos entre los dirigentes políticos sobre qué modelo es mejor para asegurar el bienestar de los argentinos, entonces nunca terminamos de subir la pendiente y por momentos retrocedemos. Así las cosas, los indicadores sociales de la actualidad son pésimos y reflejan la cadena de desaciertos que ha cometido la política toda, los de derecha, los del centro y los de izquierda. Las responsabilidades se reparten entre todos, aunque claro que la clase dirigente que ha cobrado muy buen dinero por ocupar cargos públicos debe hacerse cargo del mayor peso del fracaso.
En este contexto, la deuda externa alcanzó los 272.852 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que representó un aumento de u$s 454 millones respecto del período abril-junio de 2020, según datos del INDEC. La suba se debió a los incrementos de deuda del Gobierno general en u$s 1.147 millones; el pasivo del Banco Central en u$s 797 millones y el de las sociedades captadoras de depósitos por u$s 493 millones.
Mientras nos sorprendemos una y otra vez sobre la magnitud de la deuda externa del país, hay otro dato que llama poderosamente la atención: los argentinos tienen más de u$s 336.000 millones en dólares, depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema financiero local, propiedades e inversiones afuera. El dato surge de la estadística del INDEC correspondiente al tercer trimestre del 2020 y refleja un aumento de u$s 12.000 millones en el último año en esos fondos.
Un año atrás, sumaban u$s 324.165 millones: en los últimos tres meses, el incremento se debió sobre todo a los depósitos fuera del sistema. Desde 2015, la dolarización aumentó en unos u$s 100.000 millones y llegaron al récord de U$S 336.224 millones, en septiembre último. Esa cifra representa más de ocho veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central que, al 30 de septiembre, sumaban U$S 41.379 millones. Es un proceso de dolarización que lleva varias décadas, según especialistas.
Las cifras del INDEC surgen de los movimientos de la compra- venta de moneda extranjera del sistema bancario y financiero. También de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central. Y de datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de las propiedades, colocaciones o activos que tienen los argentinos en sus países y de estimaciones de movimientos, como el turismo extranjero. Una gran parte de esos activos privados externos, más de u$s 233.000 millones, está en monedas y depósitos, en dólares en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o "bajo el colchón".
Con tantos dólares en manos de las personas y empresas argentinas en cuentas en el exterior o bajo de colchón, asoma la ley 27.605 que establece el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que fue impulsado por el Frente de Todos en el Congreso. Esta ley crea con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, recaerá sobre unas 11.855 personas personas en la Argentina, según estimaciones realizadas por el oficialismo.
El dinero recaudado no irá directamente al Tesoro dado que tendrá cinco fines específicos. Así, un 20% será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y normas complementarias, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
Además, un 20% se asignará para el programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. Un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
Finalmente, un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.
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