Por REDACCION
De un tiempo a esta parte se instaló el debate sobre si los funcionarios públicos de todos los poderes del estado y de los distintos niveles de gobierno, incluyendo por tanto a legisladores y magistrados judiciales, deben destinar parte de sus sueldos a conformar un fondo solidario para financiar la lucha contra el coronavirus. El punto de partida fue un reclamo de parte de la sociedad para que quienes cobran salarios en la órbita del Estado sean solidarios en el marco de una grave situación económica que atraviesa el país. El planteo tuvo una rápida respuesta del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien afirmó que le parece "un acto demagógico" el reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia del coronavirus, y destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda".
Más allá de la postura del jefe de Estado sobre una eventual reducción salarial de la clase política, desde el Poder Judicial tanto nacional como de la Provincia de Santa Fe hubo gestos en dirección de la "demagogia". Los magistrados que integran la Corte Suprema de la Nación decidieron donar 25 por ciento de sus ingresos de marzo en favor del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso que el 50 % del sueldo básico correspondiente a la liquidación del mes de abril de sus miembros, lo que incluye al Procurador General, sea destinado como aporte solidario a solventar gastos vinculados a la emergencia sanitaria.
En la provincia de Santa Fe, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, decidió donar el 30% de su sueldo para constituir un fondo destinado a solventar los gastos de las acciones contra el coronavirus. En Rafaela, solo los concejales del bloque de la oposición adoptaron una decisión similar, en tanto que los ediles oficialistas y los funcionarios del Departamento Ejecutivo no hubo pronunciamiento alguno.
Tampoco el Gobierno de la Provincia de Santa Fe resolvió avanzar en un gesto solidario con la donación de un porcentaje de los salarios de los funcionarios públicos, en una línea similar a la planteada por el Presidente de la Nación. Sin embargo, el gobernador peronista de Salta, Gustavo Sáenz estableció a comienzos de este mes de abril montos y la modalidad en la que funcionarios públicos de primer nivel de su gobierno harán su aporte al Fondo Solidario Covid-19. Esta medida encabezada por el mandatario salteño, tiene como finalidad fortalecer el sistema de salud con recursos que financiarán en Salta la lucha contra la pandemia. En este sentido los ministros harán un aporte de dos cuotas de $25.000; Secretarios y Subsecretarios, dos cuotas de $15.000; Personal de Apoyo de Niveles 1 y 2, dos cuotas de $15.000; y de Nivel 3, dos cuotas de $10.000. Al mismo tiempo, se invitó a todos los funcionarios de menor jerarquía y a personal de apoyo de los niveles restantes a brindar su apoyo al Fondo Solidario. El gobernador Sáenz fue quien encabezó esta iniciativa donando el 100% de su salario. Pero esta semana el mandatario fue más allá porque dispuso a través de un mensaje que dirigió a toda la Provincia que bajará entre un 10% y un 15% los sueldos de los empleados públicos, con excepción de los que prestan servicios en Salud y en Seguridad, para crear con ese dinero un fondo de emergencia que servirá para ayudar a pequeños emprendedores privados. Según explicó, el descuento será devuelto a los estatales salteños una vez que finalice la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
En un documento del Banco Mundial dado a conocer el fin de semana, se destacó que los Gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas financieras de emergencia para respaldar su respuesta a la pandemia de COVID-19. Una pregunta que ha surgido en los debates sobre políticas es: ¿la partida de sueldos del sector público, que representa alrededor del 8 % del PIB y el 30 % de los gastos gubernamentales a nivel mundial, debería reducirse para financiar en parte esta respuesta de emergencia? Los Gobiernos de Brasil y Uruguay, por ejemplo, están estudiando disminuir los salarios del sector público, y en Montenegro se ha suspendido el pago de algunas prestaciones que reciben los funcionarios públicos. ¿Es esto una buena idea? se pregunta el Banco Mundial.
Si bien en diversos países los trabajadores públicos son un grupo privilegiado porque en su mayoría cuentan con la estabilidad laboral, para el Banco Mundial el sector público debe proteger todos los trabajos, tanto de los estatales como de los empleados privados. Además, considera que la partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección. Por tanto, la entidad sugiere no recortar los salarios de los empleados públicos.
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