El caso Maldonado

Por REDACCION

La tipificación de "desaparición forzada" que se había instalado en el caso de Santiago Maldonado, con clara intencionalidad política de parte de quienes contribuyeron activamente con esa posibilidad para jaquear al gobierno nacional a través de la Gendarmería, que fue la fuerza interviniente en el episodio que dio lugar a este lamentable episodio, ha perdido casi todos los elementos que lo sostenían. Es que si bien no se han difundido oficialmente todavía, ya trascendieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Maldonado, hallado tal como se recordará, luego de dos meses de permanecer sumergido en las aguas del río Chubut.

Sobre el hallazgo se hicieron numerosas especulaciones, aunque todas ellas van quedando desvirtuadas, al comprobarse mediante la autopsia que el plancton encontrado en su cuerpo correspondía al río mencionado, y que los desprendimientos y arrugas de la piel ratifican la teoría que permaneció más de dos meses bajo el agua. Es decir, no hubo manipulación, ni el cadáver permaneció en poder de nadie para finalmente ser arrojado en el sitio que fue hallado.

Todo constituyó, tanto de una como otra parte, una gran red de mentiras, contradicciones e investigaciones falsas, incluso con la participación de testigos supuestos que dijeron haber visto lo que en realidad no ocurrió, mientras la justicia tironeaba el caso para un lado y para otro, producto de la actuación de algunos miembros que también dividieron sus preferencias, al igual que el resto. Mientras todo eso sucedía, dentro de un marco previo a las elecciones en búsqueda de sacar réditos con el desprestigio del gobierno, la verdad resultaba vapuleada, como parece haberse instalado como metodología de uso por algunos sectores, afortunadamente no favorecidos por una situación tan lamentable, con la pérdida de una vida de por medio.

Este desenlace parece estar dejando en claro lo ocurrido, que fue también lo que interpretó la mayor parte de la ciudadanía, aunque por otra parte también debe decirse, el caso debía ser aclarado y afortunadamente así se produjo. Aunque, en todo el procedimiento hubo fallas muy visibles y gruesas de parte del Estado en el manejo de sus herramientas institucionales, como por ejemplo fue el sometimiento de las fuerzas de seguridad y judiciales a los designios del RAM mapuche en un territorio al que califican de "sagrado", pero que no es otra cosa que un territorio de la Argentina, y como tal debe estar ajustado a las mismas normas y leyes que todo el resto. Sin embargo no sucedió de esa manera, siendo lamentable que el propio juez de la causa no pudiera ingresar y que los uniformados fueron palpados de armas por los mapuches. Esta, es sin dudas una situación a la cual habrá que ordenar como corresponde.

Ya se tenía la confirmación por parte del juez Gustavo Lleral que el cadáver no presentaba lesiones, y ahora la autopsia reveló que el plancton hallado en la médula ósea de Maldonado corresponde al plancton que había en el río Chubut, y además, que estuvo más de dos meses dentro del agua, recordándose que su desaparición se extendió por 78 días.

Todos los indicios reunidos en los exámenes indican que ningún ser humano tocó el cadáver, que se encontraba aprisionado en el fondo del río por una rama y por causas que se ignoran emergió en el momento de ser encontrado. De tal manera, todo coincide para descartar la hipótesis que el cadáver fue "plantado" en el lugar.

La autopsia fue realizada conforme al llamado Protocolo de Minnesota, siendo firmada con plena conformidad de todo lo observado por todas las partes participantes. Tal protocolo está recomendado internacionalmente en aquellos casos donde existe sospecha de ejecución y donde pudieran estar involucrados agentes del Estado. Con tales exámenes, una vez confirmada la teoría del ahogamiento, se cambiaría la carátula de la causa a muerte dudosa y entonces se podrían investigar a algunos mapuches que tuvieron participación en el hecho, como el caso de Matías Santana que aseguró haber visto a los gendarmes llevarse a Maldonado.

Una vez que todos estos informes se conozcan oficialmente, se diligenciarán denuncias penales contra todas aquellas personas que plantaron pistas falsas para instalar la idea que se trataba de una desaparición forzada.