Por Redacción
Los jubilados y pensionados constituyen uno de los sectores que más han sufrido y sufren el saqueo por parte del gobierno nacional. Como si se tratara de un castigo por algún pecado desconocido, ese sector vuelve a ser víctima de las manipulaciones y trampas de una administración que, necesitada de fondos, arrebata los que pertenecen a quienes no pueden defenderse.
Estimaciones de diversos especialistas en seguridad social indican que el último aumento otorgado a las jubilaciones y las pensiones en septiembre del año pasado debería haber sido del 14,18%, y no del 11,42%, que fue el que se aplicó.
De confirmarse esos cálculos, esos tres puntos de diferencia representan más de 6.000 millones de pesos anuales que dejaría de percibir la llamada clase pasiva. Esta sensible diferencia generó un pedido de informes de la ex diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, sobre los datos empleados en la fórmula aplicada. Pero la preocupante e inaceptable respuesta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue no mostrar todos los números que utiliza para calcular el aumento de las jubilaciones.
El organismo que conduce Diego Bossio agregó que la estimación de porcentajes hechos por "actores distintos al Poder Ejecutivo" y su difusión "podrían provocar en la población beneficiaria una expectativa errónea sobre sus ingresos futuros". Sin ninguna vergüenza, el escrito sostuvo que la autoridad administrativa "goza de determinada discrecionalidad" para responder a quien requiere información.
ALGO PUBLICO
¿Por qué la Anses recurre al ocultamiento de algo que debería ser público? Muy probablemente porque una vez más, y recurriendo a nuevas modalidades de despojo, ha decidido seguir esquilmando a los jubilados.
Como en otros casos en los que el Gobierno niega el acceso a informaciones que deben ser públicas, nos encontramos ante otra intencional falta de transparencia. Como señaló este diario (por La Nación), la ley de movilidad rige desde marzo de 2009, tres años después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la aprobación de un sistema de ajustes automáticos para proteger a los jubilados de la inflación.
El porcentaje del incremento que se aplica en el tercer y en el noveno mes de cada año se define mediante una fórmula que combina la evolución de los salarios y de la recaudación por beneficiario de recursos tributarios con los que se financia parte de las prestaciones. Pero la Anses no publica el número de jubilaciones que paga mes a mes. El resultado de esa fórmula se compara con el de otra que actúa como límite (se tiene en cuenta la que da el resultado más bajo) y que multiplica por 1,03 la evolución interanual de la totalidad de recursos que van al sistema.
La ex diputada Reyes, que formó parte de la comisión bicameral de seguimiento de la administración del fondo de reserva del sistema previsional, heredado de las AFJP, consideró que, ante la falta de información oficial, el problema no sólo consiste en la imposibilidad de hacer cálculos a futuro, sino que también se imposibilita así a los ciudadanos y a los poderes Legislativo y Judicial el control de los índices aplicados. A eso debe añadirse la incógnita de lo que puede ocurrir de ahora en más, especialmente ante las cada vez más apremiantes urgencias de caja del Gobierno.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señala que, como el incremento de los impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, el Gobierno recurrió mediante decretos de necesidad y urgencia a los fondos de la Anses y del Banco Central por un total de 50.000 millones de pesos, de los cuales 22.000 millones fueron aportados por el organismo previsional. Otros estudios indican que, entre 2009 y 2012, el Tesoro nacional se apropió de 80.000 millones de pesos de la Anses. De esta manera continúan consumiéndose los ahorros previsionales que pertenecen a los jubilados, profundizándose así, como sostiene el informe de Idesa, "la insolvencia del sistema jubilatorio, que se evidencia en el sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales".
BOSSIO Y BOUDOU
Por el presunto desvío de fondos de la Anses, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina denunció ante la Justicia a Bossio y al vicepresidente Amado Boudou, en su carácter de ex director ejecutivo de la Anses, por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó la investigación.
Es criminal el incumplimiento de lo que la Justicia, en fallos firmes, ordena pagarles a los jubilados que se vieron obligados a pleitear para que les ajusten sus haberes, y en este sentido, pese a que el presupuesto nacional del año pasado autorizó a la Anses pagos por 3.541 millones de pesos correspondientes a esas sentencias, el organismo sólo habría cancelado 3.250 millones de pesos.
Fácil es advertir que el castigo y el constante empobrecimiento del sector pasivo constituye una política oficial siempre presta a innovar en las modalidades del saqueo. Una política tan sólida como cobarde y tan despiadada como ilegal e inmoral. (Editorial diario "La Nación" del 26 de febrero de 2013).
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