¿Vuelve el dilema Salud vs Economía?

Por Matías Fontanetto *

Con una inflación y devaluación del orden del 4% mensual en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, donde la tasa de interés se ubicaba en el 2,8% mensual, el equipo económico decidió un cambio de estrategia. El nuevo enfoque pretende llevar el ritmo de devaluación por debajo de la tasa de interés, de manera de sostener la demanda de pesos y anclar nominalmente la evolución de los precios futura.

Si bien se podrían lograr resultados en el corto plazo en términos de una baja de la inflación, la misma tiene componentes inerciales que dependen de la política monetaria, fiscal y cambiaria pasada. Entonces, se correrá el riesgo de atrasar el tipo de cambio, en un escenario donde la inflación será superior a la devaluación, lo cual podría incrementar el riesgo de corrección abrupta del tipo de cambio al finalizar las elecciones.

El tipo de cambio oficial en torno a los 90 pesos por dólar está 4% por debajo del promedio histórico, no hay demasiado margen para atrasar el dólar sin generar un impacto negativo sobre la competitividad. En el caso de tipo de cambio real con Brasil (principal socio comercial de la Argentina), actualmente el mismo es un 27% inferior al promedio histórico, si se consideran las proyecciones de depreciación e inflación de ambos países, este atraso cambiario bilateral va a profundizarse en los próximos meses.

La agenda económica resulta difusa, no se vislumbran señales de un acuerdo con el FMI con metas fiscales y monetarias antes de octubre. El objetivo pareciera ser llegar lo mejor posible al proceso electoral, aprovechando tanto el viento de cola de los precios internacionales de las commodities que mejoraría en USD 9.400 millones el valor de la cosecha respecto al año anterior, como el posible ingreso de USD 3.500 millones (para engrosar la reservas del BCRA) producto de la aprobación del G7 y del FMI de una ampliación de los Derechos Especiales de Giro asignados a los países miembro.

Las expectativas económicas se verán influidas por la evolución de la campaña de vacunación Covid-19, el fuerte impacto que tuvieron las segundas olas de contagio en Europa y EE. UU. ponen en jaque al programa económico del gobierno. Si no se logran avances rápidos (se estima que al ritmo del primer trimestre del 2021, se alcanzaría el 70% de la población total vacunada en enero del 2022) respecto a los grupos de riesgos, un rebrote podría saturar el sistema de salud, lo cual llevaría a las autoridades a aplicar mayores restricciones a las actividades económica que enfriarían la recuperación del PBI, con un doble costo fiscal: mayores gastos para sostener el ingreso de las personas y empresas (3,5% del PBI en 2020), junto con menores ingresos tributarios (1% del PBI en 2020).

Un mayor déficit fiscal requerirá de una mayor emisión monetaria y colocación de deuda en el mercado local, lo cual empujarían a la tasa de inflación y a la tasa de interés, complicando el panorama económico en un año electoral. De no acelerar el proceso de vacunación, las autoridades locales tendrán que optar entre dos decisiones no deseadas: la primera sería aplicar una cuarentena estricta como la del año 2020 de manera de contener la curva de contagios, esto traería un descontento social importante que en conjunción al costo productivo y fiscal asociado, provocaría una derrota electoral.

En el otro extremo se ubicaría la continuación de una cuarentena laxa (denominado “distanciamiento social preventivo”), lo que podría traer aparejado un gran número de contagios, corriendo el riesgo de saturar el sistema de salud. Dicho fracaso sanitario también podría generar una derrota electoral. El gobierno debería en primera instancia acelerar el proceso de vacunación, y además desarrollar una estrategia sanitaria y económica que lo ubique en el punto medio de estas dos situaciones no deseadas.

(*) Licenciado en Economía. Analista de Inversiones.