Por REDACCION
"La política exterior argentina parece orientada por preconceptos que ya rigieron en los años ´90, y que a pesar de su probada incapacidad para mejorar el status internacional de nuestro país, vuelven a ser utilizados por la actual administración", advierten los economistas agrupados en el Plan Fénix en su último reporte.
En principio se observa una lectura de la realidad global más cercana al mundo unipolar existente hace un cuarto de siglo, que a la actual configuración múltiple de fuerzas, con áreas de enorme dinámica de crecimiento, tradicionalmente desatendidas por la diplomacia argentina, y otros espacios sumidos en problemas de estancamiento y tendencias proteccionistas, a los cuales se insiste en asociarse.
En la conducción de la política exterior argentina parece ignorarse la existencia de dos elementos económicos centrales:
1) La falta de resolución de la crisis financiera de 2008, que provocó una caída en la demanda global de Estados, empresas y particulares fundamentalmente en occidente, cuya dinámica no se ha recuperado porque no se ha resuelto el problema del elevado endeudamiento general que inmoviliza la demanda y 2) Las presiones proteccionistas y el unilateralismo que a partir de esa realidad surgen precisamente en las áreas que prioriza la administración macrista para establecer vínculos comerciales más estrechos.
Pareciera que se busca lograr una inserción comercial “a la chilena”, basada en la exportación de bienes y servicios de un conjunto de actividades con bajo valor agregado (agro, pesca, minería, hidrocarburos, madera, turismo), mientras se resignan las actividades portadoras de cambio productivo y tecnológico, y creadoras de empleo calificado, en aras del libre comercio y la integración pasiva al orden global.
Dentro de esa estrategia sesgada, se buscan aceleradamente acuerdos para el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y un Tratado de comercio e inversiones entre el MERCOSUR y la Unión Europea.
Para lograr tal acuerdo con la UE, se está utilizando el MERCOSUR para negociar un tratado bilateral, pero al mismo tiempo este proyecto sudamericano está siendo debilitado en todas sus dimensiones, alejándolo de su objetivo central, que es la construcción de un proyecto autónomo -más allá de lo exclusivamente comercial- a partir del cual la región se inserte soberanamente en el orden global.
La reciente Cumbre de las Américas mostró un vacío doble: evidenció la falta de interés norteamericano en la región, así como la falta de una visión regional propia por parte de los países que adhieren en este momento a políticas de orientación neoliberal.
La Argentina ha adoptado durante la gestión de Cambiemos con especial énfasis una política de apoyo incondicional y subordinación a la política exterior de los Estados Unidos, que ha sufrido constantes tropiezos materiales (biodiesel, acero, aluminio), por parte de la gestión del Presidente Trump.
El Tratado que se negocia entre el Mercosur con la Unión Europea:
Más allá del secretismo con el cual los funcionarios argentinos manejan el tratado, son sumamente preocupantes los trascendidos sobre los detalles de la actual negociación que se está desarrollando entre ambos espacios regionales, que tienen una fuerte asimetría de capacidades productivas, financieras y tecnológicas.
El cuadro general que surge es el de una Unión Europea que no está dispuesta a ceder nada significativo que afecte su entramado productivo y social, mientras que el MERCOSUR parece apremiado a avanzar en un acuerdo, a pesar de las múltiples desventajas para sectores productivos locales. Especialmente dañinos parecen ser los efectos para la Argentina, país más industrializado que Uruguay y Paraguay, pero con ciertos segmentos industriales menos competitivos que algunos de Brasil.
Según la información disponible desde el lado europeo, el acuerdo aparece como desequilibrado. Mientras se exige que América Latina reduzca aranceles en forma amplia, la Unión Europea sólo ofrece otorgar cuotas de importación en bienes sin elaborar que no afecten gravemente a ningún país o sector productivo interno. Estas cuotas, a su vez, no estarán libres de pagar aranceles.
Al mismo tiempo, la UE enfatiza en acordar en áreas en las que puede hacer valer su competitividad relativa:
1) propiedad intelectual (impacto fuertemente negativo sobre la industria de medicamentos);
2) denominación de origen;
3) compras gubernamentales: participación para europeos en igualdad de condiciones a nivel nacional, provincial y municipal;
4) e-commerce;
5) resolución de controversias en un Tribunal multilateral;
6) exportación de lácteos a América del Sur;
7) trato nacional a las empresas de servicios europeos;
8) libre navegación por los ríos y mares de países del MERCOSUR;
9) trabas al movimiento de profesionales sudamericanos hacia la Unión Europea;
10) exclusión de los servicios audiovisuales de las cláusulas de liberalización del Tratado;
11) liberalización automática de cualquier nuevo servicio que aparezca (lo que desprotege la actividad innovativa en nuestra región).
El tratado ataca a sectores productivos en donde el MERCOSUR posee ventajas comparativas para el comercio internacional. Rechazaron en su momento la demanda del MERCOSUR de poder exportar un mínimo de 400.000 toneladas de carne vacuna, y hoy aceptan sólo 70.000 (provenientes de toda la región). El MERCOSUR, que viene retrocediendo sistemáticamente en casi todos los ítems negociados, ha reducido su demanda a una cuota de 100.000 toneladas. Si el Tratado rechaza tajantemente las exportaciones de carne vacuna del MERCOSUR, ¿qué se podría esperar de bienes y servicios de mayor valor agregado y que incorporan más contenido tecnológico?
Es previsible que de firmarse el Tratado en las actuales condiciones, Argentina sufra impactos no sólo en diversos sectores relevantes de su mercado local local, sino en aquellas actividades que tienen presencia exportadora en Brasil, dónde nuestros productos industriales podrían ser desplazados por los europeos que entrarán en condiciones muy favorables. La industria autopartista argentina, entre otras, podría verse severamente afectada.
Los estudios de impacto del Tratado sobre la producción y el empleo realizados hasta el presente ofrecen resultados muy graves, y diversas cámaras sectoriales, a pesar de sus temores políticos, han señalado la peligrosidad de las cláusulas establecidas hasta la fecha. Informes críticos del Tratado han estimado, en principio, la potencial pérdida de 180.000 puestos de trabajo en el sector industrial, sin incluir los impactos sobre otras actividades que también serán afectadas y desplazadas por la competencia europea.
CONCLUSIONES
El tratado MERCOSUR-UE que el Gobierno está encarando, junto con la posibilidad del ingreso a la OCDE y la probable firma de un programa con el FMI, da a entender que la política exterior argentina va a contramano de las tendencias que prevalecen a nivel mundial en materia geopolítica.
Por todo lo conocido, pareciera que el MERCOSUR está cediendo en todos los terrenos de la negociación, a cambio de mejoras insignificantes. Mientras la UE muestra una rigurosa conciencia de las “líneas rojas” que no desea traspasar, la dirigencia negociadora sudamericana parece no tener límites en materia de concesiones y renuncias a objetivos productivos o sociales.
Cabe aclarar que el Tratado no ha avanzado aún más en su concreción y aprobación debido a las reticencias de países como Francia, Irlanda, Polonia y Dinamarca, que temen que algunos productos latinoamericanos afecten a sus productores locales.
Estamos en presencia de un acuerdo muy desfavorable, como aquel que fue rechazado en 2005, en ocasión de la iniciativa norteamericana de un tratado de libre comercio continental. Se trata de un nuevo ALCA, pero en esta oportunidad con la Unión Europea.
Es imposible disociar la aceleración de las negociaciones —que se vienen prolongando desde el año 2004—, de la aparición de las gestiones neoliberales de los presidentes Temer en Brasil y Macri en Argentina.
Es evidente la prioridad política que tiene el Tratado para dichas administraciones, sobre consideraciones relativas al desarrollo material y social de nuestra región.
La falta de ejemplos “exitosos” (para ambas partes) entre países o regiones asimétricas que hayan firmado este tipo de acuerdos, inclusive dentro de la propia UE, refuerzan los temores respecto a las consecuencias que podría tener el Tratado.
Sectores del poder más concentrado de nuestros países están tratando de cristalizar, en el plano internacional, compromisos permanentes para condicionar la libertad para la toma de decisiones de política económica de los futuros gobiernos de signo opositor.
En el caso argentino, de concretarse el Tratado, el impacto en materia de desocupación y, sobre todo, de pérdida de segmentos productivos medianamente sofisticados sería sumamente notorio, en tanto las ventajas estarían focalizadas en muy pocos sectores productivos, cuyos negocios no se traducirían necesariamente en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población.
En este sentido, más que un tratado o acuerdo, nos encontramos ante la presencia de un proyecto que condiciona la soberanía nacional a partir de la destrucción de capacidades productivas y tecnológicas en un renovado intento de sometimiento a los intereses de los países más avanzados, y en detrimento de las mayorías populares.
Por todo lo descripto anteriormente el actual acuerdo con la UE en gestión, en el caso de ser firmado, solo incrementará el grado de dependencia de nuestro país cediendo soberanía que obtuvimos a un costo muy elevado.
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