Por José Calero
La presidenta Cristina Fernández deberá afrontar a partir del 10
de diciembre los últimos dos años de mandato con desafíos
mayúsculos, con eje en la necesidad de inversiones en el sector
energético, un esquema de subsidios en el que desbordan las
inconsistencias, una pérdida de reservas que continúa a pesar del
cepo cambiario y una inflación persistente.
La jefa de Estado conoce los desafíos de la hora y por eso
quiere contar con las mayores herramientas a mano para
enfrentarlos, lo cual explica su reclamo para que el Presupuesto
se apruebe en tiempo y forma en el Congreso.
A partir del 10 de diciembre, el oficialismo seguirá siendo
primera minoría en el Parlamento, pero emergerá más débil de las
elecciones de octubre, si se ratifican los resultados de las
primarias.
Además, Cristina deberá empezar a lidiar con el "síndrome de
pato rengo", el fenómeno de pérdida de poder que ocurre a los
gobiernos en los últimos tiempos de su mandato, cuando ya no les
es posible reelegir.
En esta última etapa, el cristinismo buscará mostrar que la
estabilidad económica está asegurada, y para ello deberá seguir
emitiendo pesos sin miramientos como lo ha hecho hasta ahora para
mantener caliente la demanda.
Es por eso que se vienen cambios en el Banco Central, donde La
Cámpora pasará a tener al menos dos integrantes en el directorio,
uno de los cuales será la economista Paula Español, segunda
candidata a senadora porteña por el FPV, sin chances de entrar a
la Cámara alta.
Español irá al Central con el objetivo de controlar más de
cerca los pasos de la presidenta, Mercedes Marcó del Pont, y tal
vez en algún momento, sucederla.
Cristina no parece dispuesta a ceder casilleros de poder a
menos que la realidad se los arrebate.
Es el caso del secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, procesado por la Justicia, quien sólo corre riesgo de
tener que irse en caso de que la Cámara termine ratificando el
fallo de primera instancia, y tal ni siquiera en esa
circunstancia.
Es muy probable, además, que la Presidenta busque patear para
el próximo gobierno deudas en dólares que la obligarían a liquidar
casi todas las reservas en caso de pretender cancelarlas.
Una es la que se mantiene con el Club de París, que con
intereses ya ronda los 10.000 millones de dólares, cuando las
reservas declaradas rondan los 35.000 millones.
La otra pelea es con los fondos buitre, que reclaman cerca de
20.000 millones de dólares entre capital e intereses.
Sólo esas deudas harían desaparecer las reservas del Banco
Central, que cayeron en unos 15.000 millones en los últimos años
como consecuencia de la fuga de capitales.
Aún con este escenario complejo, hay especialistas que alertan
que lo más preocupante es la "deuda interna".
Cuando se le pagó al FMI, la plata la puso el Central, y cuando
se salden los bonos que vencen en estos meses para cumplir con el
pago de la deuda, los fondos saldrán de nuevo de las reservas.
Según cálculos de consultoras, el Tesoro le adeuda al Banco
Central casi 75.000 millones de dólares.
Los otros casos son la ANSeS, el PAMI y el Banco Nación, que
poseen en sus carteras bonos del Fisco que en algún momento se
deberán afrontar.
Un tema que tal vez quede para el próximo gobierno es la deuda
que reclaman las provincias, como Córdoba y Santa Fe.
Como ocurrió en los 90, bancos y aseguradoras también tienen
bonos del Estado, en buena medida obligados por medidas dispuestas
por la presidenta.
Todo ese paquete de fondos abre interrogantes sobre la
capacidad de financiamiento de un país al que le cerraron el grifo
de créditos desde el exterior desde el default del 2001.
Una de las preguntas que sobrevuela el mercado es qué hará la
presidenta con el mercado cambiario.
Parece estar convencida de que una brecha superior al 60 por
ciento se puede mantener en los dos años que le quedarán de
mandato.
Sin embargo, los especialistas advierten que eso es imposible y
está provocando un daño severo a los fundamentos de la economía.
El propio viceministro de Economía, Axel Kicillof, sería
partidario de un desdoblamiento del mercado cambiario, que
mantenga el dólar oficial para las exportaciones y fije un dólar
alto para rubros como turismo, autos e importaciones de ciertos
bienes, al cual se pueda acceder.
Para la Presidenta sería tragarse un sapo: todo indica que
optará por mantener a flote el barco en aguas turbulentas y
dejarle el iceberg a quien le toque asumir la responsabilidad de
timonear un posible Titanic.
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