La vivienda, ¿derecho o mercancía?

Vivimos en una sociedad donde todo tiene un precio, pagamos por la comida, la luz, el agua, internet. Le hemos puesto precios a la educación, la salud y la vivienda entre otras innumerables cosas. Hasta el oxígeno en algunos países asiáticos ya comenzó a venderse. ¿Hasta dónde llegaremos? Quién sabe... Lo cierto es que en nuestra sociedad se ha mercantilizado casi todo, es decir que se puede comprar o vender a través de la fijación de un precio.

¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa con aquellas familias que no llegan con sus ingresos a pagar el precio de estos bienes y servicios? ¿Cómo logran satisfacer sus necesidades básicas para llegar a niveles dignos de vida?

En muchos casos, las sociedades han acordado que algunos de estos bienes o servicios son derechos fundamentales de las personas por lo que el Estado, en sentido amplio, debería garantizar su acceso. Como es el caso de la salud y la educación pública que de todas formas no logran escaparse de las lógicas del mercado con el surgimiento de servicios diferenciales para aquellos que puedan pagarlos.

Pero con la vivienda sucede un fenómeno especial: es un bien que tiene dos atributos muy distintos, uno es su valor de uso (el lugar material donde se reproduce la vida de las familias) y otro su valor de cambio (un objeto con propósito lucrativo). Con el primero se asocia el concepto de la vivienda como un derecho y con el segundo la vivienda como una mercancía. Dado su valor de cambio se ha convertido en una mercancía de muy difícil acceso para la mayoría de la población y el Estado, si bien la ha declarado como un derecho fundamental, no logra promover su acceso a todos los ciudadanos.

Nos encontramos en una situación de insuficiencia del mercado para que los sectores populares puedan acceder a la “mercancía” - vivienda y con un Estado que se ha visto desbordado por el fenómeno de la creación de asentamientos irregulares en América Latina.

Aparece entonces un nuevo camino, entre el derecho y la mercancía, para las poblaciones sin acceso a una vivienda digna. Es el camino de lo que se conoce como “la producción social del hábitat”, donde el acceso al mismo es concebido como un proceso social y cultural, fruto de la participación activa, informada y organizada de los habitantes. Esta parece ser una alternativa viable para grandes contingentes de población de nuestras ciudades cuyo fin es acceder a una vivienda y hábitat dignos.

EL CASO DE LA

MANGA 2002

En las afueras de la ciudad uruguaya de Montevideo se está viviendo un proceso con estas características. Se trata del caso de los habitantes del asentamiento irregular popularmente denominado Manga 2002, cuyo nombre hace referencia al barrio donde se ubica y al año donde fueron tomados los terrenos, una época de crisis económica y social en Uruguay. Estos vecinos se han organizado, con el apoyo de otros actores de la sociedad civil, públicos y privados, bajo la forma de cooperativa con el objetivo, de acceder a la seguridad de la tenencia del suelo y del acceso a la vivienda digna, el cual les ha sido esquivo dados los bajos ingresos de las familias y situaciones económicas que no les han sido favorables.

Su recorrido no está siendo fácil, han tenido que negociar con el propietario de esas tierras y liderar un proceso autogestivo de organización para realizar la construcción social, cultural y material del barrio que anhelan, con acceso a los servicios básicos (agua, luz, saneamiento, recolección de residuos), caminería en buenas condiciones, alumbrado público, espacios verdes y movilidad hacia el resto de la ciudad.

A modo de reflexión y en búsqueda de aprendizajes en relación a políticas públicas en materia de vivienda y hábitat dignos, es de interés visualizar qué aspectos de este camino emprendido por los vecinos de Manga 2002 han sido fundamentales para su realización a partir de una sistematización de la experiencia realizada en el marco de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN FRRA.

Un primer elemento que se destaca es el compromiso, voluntad y convencimiento de los principales actores involucrados, trascendiendo la órbita institucional. Este involucramiento personal de los actores representa un intangible de un valor fundamental para el éxito de este tipo de proyectos, donde las trabas burocráticas y los obstáculos de una sociedad individualizada parecen tener la última palabra en estos tiempos.

Por otra parte, los procesos de producción social del hábitat muestran la necesidad de trabajar en una planificación urbana cuyo fin sea una ciudad más inclusiva y sustentable. En este aspecto se identifica la necesidad de crear espacios donde el Estado y el mercado pueden encontrarse, generando un marco institucional con participación de actores tanto públicos como privados y de la sociedad civil organizada, para dar respuesta a los complejos desafíos que plantea el desarrollo de las ciudades latinoamericanas.

En este contexto, se hace imprescindible entonces que dicho marco apunte a dar solución a aquellas poblaciones que han ocupado irregularmente tierras privadas o que potencialmente podrían hacerlo, dado que existe un vacío en el accionar del Estado ante estas situaciones.

También las organizaciones sociales tienen para aportar en este punto, apoyando la autogestión como la generación de capacidades de liderazgo, articulación y movilización de los vecinos organizados. Todos los actores que forman parte en el caso de Manga 2002 reconocieron estos aspectos como fundamentales para poder construir soluciones definitivas y de largo plazo para estas familias.

Por último, cabe mencionar que las diferentes personas involucradas en el caso de Manga 2002 consideran al territorio como un elemento dinámico donde se puede intervenir para transformarlo.

Millones de familias en toda América Latina no tienen garantizado el derecho a la vivienda. Por ello el convencimiento de que las injusticias de nuestra sociedad son modificables es el punto de partida para cualquier actor que quiera embarcarse en la compleja tarea del desarrollo territorial.