Por José Calero
La
oposición busca consolidar un eje capaz de calentar motores en el
año electoral, y puso la mira en el "cepo cambiario", una de las
medidas más polémicas del segundo mandato de Cristina Fernández,
durante cuya vigencia se fugaron más de 20.100 millones de dólares.
Como la "Revolución productiva" y el "Salariazo" prometido en
su momento por Carlos Menem, sectores de la oposición buscan ahora
instalar un slogan que reditúe votos, como la promesa de "terminar
con el cepo en 100 días".
La campaña la lanzó Sergio Massa, uno de los anotados para
suceder a Cristina Fernández, pero algo similar vienen prometiendo
los equipos económicos de Mauricio Macri en conversaciones con
empresarios y banqueros.
"Normalizar" la economía para volver a atraer capitales es el
término que usan los macristas en esas tertulias en las que se
trata de captar la atención, y por qué no, los aportes de campaña
de los principales referentes empresariales del país.
La oposición busca mostrarse como una alternativa "racional" a
una economía que se ha ido saliendo de cauce en parte por
problemas vinculados con el mundo, y en buena medida por gruesos
errores que algunos sitúan en los inicios del 2007, cuando comenzó
a aplicarse un intervencionismo cada vez mayor en la economía.
Ejecutadas apenas una semana después de las presidenciales del
2011, las restricciones cambiarias, luego endurecidas en el 2012,
fueron el camino que encontró una presidenta ratificada con el 54%
de los votos para tratar de frenar la sangría de divisas.
Con el cepo, la jefa de Estado logró reducir el ritmo de salida
de capitales, pero no revertir el esquema de desconfianza que
fueron su causa.
Cuando se aplicaron las primeras restricciones para adquirir
divisas, las reservas del Banco Central ascendían a 47.587
millones de dólares.
Casi tres años después, rondan los 27.440 millones de dólares,
lo cual representa una pérdida de 20.144 millones a pesar de todas
las restricciones.
A esta altura, la mayoría de los especialistas, empresarios y
políticos -incluso algunos del oficialismo- coincide en atribuir
muchos males del presente económico a las distorsiones provocadas
por la intervención desordenada en el mercado cambiario, que
derivó en la vigencia de al menos cinco tipos de dólar.
La Argentina tiene dólar oficial, utilizado para el comercio
exterior, que opera como un factor de desaliento para la
liquidación de divisas por su distancia con el paralelo.
También dólar turismo y para compras al exterior, por el cual
sin demasiados argumentos que lo sostengan, alguien que debe pagar
divisas o pretende adquirir productos en un viaje por el exterior
debe abonar una penalidad del 35 por ciento sobre la cotización
oficial.
A esto se sumó, desde principios de año, el dólar ahorro, por
el cual la AFIP autoriza con cuentagotas la compra de divisas,
pero si el ahorrista quiere llevarse los billetes físicos y no
dejarlo un año en el banco, debe abonar una penalidad que en este
caso es del 20 por ciento.
Se suman a estos dos tipos de dólares sobre los cuales el
gobierno puso la lupa, el ´contado con liqui´, una triangulación
con bonos para hacerse de dólares en el exterior, y el MEP, una
operación similar pero realizada a nivel local, conocida como
"dólar bolsa".
El gobierno cree ver en estas últimas operaciones parte de los
males de su débil esquema cambiario, y por eso intenta probar que
algunas entidades financieras están detrás de una jugada para
desbaratar la economía.
Así fue que se inició una investigación sobre banco Mariva, uno
de los líderes en el juego del dólar ´contado con liqui´, que por
ahora no arrojó los resultados esperados, a tal punto que la CNV
debió levantarle la suspensión preventiva.
En un escenario recesivo en el que la inflación no amaina, los
inversores tienen puesta la mira en detectar qué hará el gobierno
con el problema de la deuda.
Algunos inversores parecen entusiasmados con la ilusión de que
en enero la Argentina hará una oferta no sólo a los fondos buitre,
sino a todos los acreedores que no ingresaron a los canjes de
deuda del 2005 y el 2010.
Esos bonistas representan poco más del 7 por ciento de la
deuda, y sólo en el caso de los fondos buitre -incluido intereses-
ronda los 1.600 millones de dólares.
Quienes creen ver ese escenario -muchos de los cuales son
banqueros-, consideran que la presidenta no permitirá que la
economía argentina se deteriore al límite en el 2015, y buscará
una salida.
Son quienes alimentan versiones de posibles acuerdos que vienen
siendo puntillosamente desmentidas por el ministro Axel Kicillof y
el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Otros, que dicen conocer más la "esencia" del cristinismo, ven
un panorama diametralmente opuesto: aseguran que el capítulo de
los fondos buitre está totalmente cerrado para el gobierno, y por
eso ya ni reconoce al mediador Daniel Pollack, nombrado por el
juez de Nueva York Thomas Griesa.
Pronostican que Cristina está dispuesta a "quemar las naves",
sobrevivir con las reservas que le queden -algo difícil si se
tiene en cuenta que hasta el final de su mandato vencerán unos
10.000 millones de dólares de deuda y pagar importaciones de
energía por unos 10.000 millones- y, si es necesario, "morir en su
ley".
Es el peor de los mundos que imagina Daniel Scioli porque
representaría que, al menos en materia económica, la presidenta no
dará el brazo a torcer en su pulseada con el sector financiero y
se pierden chances de abrir el camino a la llegada de capitales.
En el mundillo político consideran que de prosperar esa
estrategia el "trabajo sucio" deberá hacerlo el próximo gobierno,
y las chances de que un oficialista acceda al poder en diciembre
del 2015 comienzan a parecer cada vez más remotas.
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