Por José Calero
La
economía no ha dejado de deteriorarse desde que Cristina Fernández
fue reelecta presidenta y dispuso el cepo cambiario ante la
imparable fuga de capitales, mientras el pronóstico para los
próximos meses sigue siendo "reservado", con caída en la
actividad, mayor pobreza, suspensiones y despidos.
La estanflación, y el rejuvenecido proyecto de controlar los
precios endureciendo la ley de Abastecimiento, dispararon
tensiones indisimuladas con el empresariado, tal vez las más
potentes desde la pelea con el campo en 2008 por las retenciones
móviles.
También se mantiene abierto el frente gremial, ya que la CGT
liderada por Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli harán paros
hacia fines de agosto para reclamar cambios en la política
económica, reapertura de paritarias y eliminación del impuesto a
las Ganancias sobre los salarios, entre otras medidas.
En tanto, las mayores regulaciones que busca imponer el equipo
económico reflejan que el programa "Precios cuidados" fracasó en
controlar la inflación, o al menos no alcanzó los objetivos
ambicionados por sus impulsores.
El gobierno considera que hace falta algo más: una herramienta
capaz de disciplinar a un sector empresarial que abusa de la
´maquinita´ de remarcar, aunque desde las cámaras patronales
responsabilizan a las alzas de costos, la emisión descontrolada,
el intervencionismo estatal y la presión impositiva como origen de
sus males.
Cuando todavía estaba fresco el cruce de declaraciones entre la
UIA y el Ministerio de Economía por el intento de endurecer la ley
de Abastecimiento, la presidenta subió la apuesta -otra vez-, y
anunció que intentaría aplicar la ley Antiterrorista a una
imprenta norteamericana tras cerrar y dejar en la calle a 400
personas.
La jefa de Estado sostiene que detrás de ese pedido de quiebra
otorgado en tiempo récord por la Justicia argentina están los
fondos buitre, y considera que el objetivo final es
"desestabilizar" al país en medio de la puja en Nueva York por la
deuda.
Hasta hace poco y nada, la disputa con esos fondos había
dominado varios meses la agenda económica y terminado en un sonoro
revés para la estrategia argentina.
Los intentos por arreglar con los holdouts encarados por
bancos locales primero y, luego, por extranjeros, cayeron en saco
roto.
Para Aurelius y NML, la propuesta realizada por las entidades
financieras internacionales fue insignificante, ya que apenas
cubría la mitad del valor de los bonos que tenían en cartera.
Los bancos, por su parte, cumplieron con las formalidades pero
intuían que la gestión estaba destinada al fracaso, porque desde
el gobierno sólo recibían señales negativas.
El capítulo de la deuda parece camino a ingresar en un
paréntesis al menos hasta fin de año, a pesar de los golpes de
efecto de última hora tratando de usar el fallo ´discovery´ para
seguir buscando activos de la Argentina por el mundo.
Esa estrategia incluye un condimento de alto voltaje político,
porque busca hacer aparecer en escena supuestos activos de
empresas vinculadas con Lázaro Báez y vincularlos con fondos
relacionados con el Estado argentino.
El intento tiene condimentos simbólicos fuertes: le apunta a
quien tal vez fue el hombre de mayor confianza de Néstor Kirchner,
próspero empresario de Santa Cruz en la última década y quien
compartió la última cena del ex presidente.
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