Por José Calero
A
pesar del esfuerzo por incrementar la presencia del Estado en casi
todos los sectores de la economía, son cada vez más las variables
que escapan al radar de la Casa Rosada, como quedó demostrado esta
semana con el dólar paralelo.
Apenas llegada de Roma, donde presenció la asunción de Jorge
Bergoglio como primer Papa argentino de la historia, Cristina
Fernández debió dedicarse a pleno a abordar un problema que se
viene profundizando desde octubre de 2011, cuando se aplicó un
progresivo cepo cambiario para frenar la fuga de capitales.
El mismo miércoles, horas después de que se conociera la suba
del impuesto para la compra de paquetes turísticos para viajar al
exterior, quienes fijan la cotización del dólar "blue" quisieron
enviar una señal contundente y elevaron 50 centavos la divisa, a
8,75 pesos, un récord histórico. Tal embestida obligó a que la jefa de Estado convocara a
Olivos por primera vez en varios meses a sus principales "espadas"
en materia económica, aunque con la curiosidad de que nunca se
reconoció esa convocatoria.
El problema de esta hora es que el Gobierno tiene demasiados
mosqueteros pero ningún D´Artagnan con capacidad de influir sobre
la Presidenta, y menos fijar un criterio uniforme sobre una
política económica cada vez más errática.
El caso más emblemático es el secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, quien hace unos meses exigía que el paralelo
bajara a $ 5,50, luego se conformaba con $ 7 y ahora pide por favor
que no supere los $ 8,50 y que las cuevas le vendan sólo a clientes
vip. Eso sí, lo sigue exigiendo a los gritos.
Todo ocurre mientras ningún fiscal investiga si son ciertas las
versiones de que desde el propio Tesoro Nacional, es decir, con la
plata de todos los argentinos, el Gobierno estarían proveyendo
dólares a casas de cambio "amigas" para intervenir en el mercado
paralelo, algo que de comprobarse podría constituir una violación
de los deberes de funcionario público.
Encerrado en su lógica blindada, el Gobierno suele creer que
puede hacer y deshacer vía decretos o, peor aún, a través de los
llamados telefónicos de tono subido que suele hacer Moreno.
Ese estilo de gobierno -si fueran ciertas las anécdotas que
circulan de a decenas en el mercado- tendría la particularidad de
no dejar rastros, una irregularidad que sería inaceptable en un
Estado de Derecho.
Acuerdos de precios, restricciones a las importaciones,
pesificación de fantasía, cepo al dólar, media docena de tipos de
cambio, autorización discrecional de importaciones, todo se maneja
vía telefonazos y "gestiones" que generan inquietud en sus
destinatarios pero le restan formalidad, previsibilidad y
seguridad jurídica a la política económica.
En la Argentina no se sabe cuál es el precio lógico del dólar -
una moneda que encima no se puede adquirir legalmente-, como
tampoco cuál fue el resultado de las cuentas públicas -habría
arrojado déficit por primera vez en una década en el 2012-, a
cuánto llega la inflación, cuál es el criterio para autorizar la
venta de dólares para viajes al exterior, qué pasa con el empleo o
cuántos son los pobres.
Los principales indicadores son manipulados, su difusión
demorada o los signos negativos atenuados, porque se consideran
que las estadísticas son "secreto de Estado" y, en definitiva, que
todo índice negativo provoca en realidad una "psicosis colectiva"
que termina agravando los problemas.
Así, economistas, empresarios y consumidores carecen del insumo
básico de información creíble para adoptar las decisiones más
convenientes, y lo mismo le ocurre al Estado, que termina
desorientado y suele fallar a la hora de implementar sus
políticas públicas.
El cóctel que domina la escena económica es una pesadilla:
dólar oficial retrasado en perjuicio de la industria y el campo, y
divisa "blue" súper alta que acelera expectativas inflacionarias y
de devaluación.
El "secretismo" tiñe la acción política y le resta
transparencia a una economía que, día tras día, da nuevas y
alarmantes señales de deterioro.
Mientras la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del
Pont, va quedando en el centro de la tormenta, algunos
ultrakirchneristas, en especial uno que ocupa una banca en el
Congreso, ya se imagina como la persona de recambio para hacerse
cargo de la autoridad monetaria.
El tiempo dirá si le habrá llegado la hora.
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