Por José Calero
Acostumbrada a contarle cada día a los argentinos cómo son la
cosas, la presidenta Cristina Fernández recibió en pocas semanas
"baños de realidad" que tal vez la hayan ayudado a dimensionar
cuál es el verdadero estado de la Nación.
Primero masculló bronca porque sus funcionarios le habían
jurado que la Fragata Libertad era inembargable y dejó que la nave
insignia de la Armada argentina amarrara mansamente en un puerto
de Ghana, donde la esperaban agazapados los abogados de los fondos
buitre, que la mantienen retenida allí desde el 2 de octubre
último, en lo que constituye un papelón internacional.
Luego debió soportar una gigantesca movilización en sus propias
narices en la Residencia de Olivos el 8-N, a pesar de que Luis D
´Elía, La Cámpora, Unidos y Organizados, y otros dirigentes y
organizaciones que crecen al calor de los fondos de los
contribuyentes le habían asegurado que la calle fue, es y sería
kirchnerista.
El casi millón de personas que se movilizó en todo el país para
pedir seguridad, bajar la inflación y poner fin a la soberbia
oficial -entre otros 20 reclamos- dejó mal parada a esa cohorte
que le está haciendo el flaco favor a la mandataria de contentarla
con una realidad deformada.
A mediados de semana, un malhumorado juez de Nueva York
nombrado en su momento por Richard Nixon le dio otro cachetazo a
la Argentina, con un fallo insólito que pone al país al borde del
default técnico y que hasta dice sustentarse, entre otras cosas,
en declaraciones formuladas por la mandataria argentina.
La decisión judicial llegó pocos días después de que el
canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Hernán
Lorenzino, le habían ´explicado´ a la Presidenta que la demanda de
los fondos especulativos no tenía chances de prosperar.
El argumento de los diligentes funcionarios era que la
Argentina tenía todo a su favor, porque el Banco de Nueva York
había presionado al magistrado, el gobierno de Barack Obama no
quería más olas con este tema, y el lobby de los bonistas que
entraron al canje era mucho más poderoso que el liderado por el
"inescrupuloso" Paul Singer y su NML Elliot, que administra 15.000
millones de dólares.
Otra vez la realidad le pegó un cachetazo al optimismo de los
entusiastas funcionarios argentinos que estaban, de nuevo, mal
informados.
"Y encima me tengo que enterar por la tapa de Clarín", habría
bramado la jefa de Estado en la residencia de Olivos cuando inició
su prolija lectura de diarios ese jueves nefasto por la mañana,
ante de correr por la cinta en sus ejercicios de rutina.
El último baño de realidad llegó tras las tormentas y la ola de
calor posterior, que provocó generalizados cortes de electricidad,
que en algunos barrios duraron más de una semana.
El sistema energético viene sobreviviendo a duras penas gracias
al remanente de las inversiones que se hicieron en los 90, porque
las empresas hace años que lo único que hacen es el mantenimiento
de rutina ante cada corte.
"El sistema no da para más, hace agua por todos lados y está
atado con alambre. Sin inversiones la ecuación no cierra", había
admitido la semana pasada un alto directivo de una de las firmas
que ahora deberán cobrar el aumento anunciado por la dupla De
Vido-Kicillof.
El efusivo viceministro de Economía había reunido a
representantes de las distribuidoras de energía el 14 de
septiembre último.
Allí les dijo que el sistema ungido durante el "modelo
neoliberal de los 90 no va más. Ahora, nosotros vamos a definir
cómo deben funcionar las empresas, cuáles serán las inversiones y
el margen de rentabilidad", les señaló a sus interlocutores.
Lo escucharon con cierto entusiasmo, porque debieron soportar
12 años de tarifas congeladas con una inflación que subió 100 por
ciento solo en los últimos cuatro años.
La primera respuesta de Kicillof llegó este viernes, con el
aumento de hasta 150 pesos en los hogares, y de 300 para comercios
e industrias.
Las distribuidoras esperan que esas decisiones no terminen ahí,
porque esa plata será destinada totalmente a inversiones, a razón
de 1.000 millones de pesos para el sector eléctrico y una suma
similar para el gasífero.
Falta resolver cómo afrontar el alza de salarios a razón de 20
por ciento anual, y el costo de la energía en el mercado
mayorista, que se encareció una enormidad a partir de que la
Argentina debe importar fuel oil, gas y otros combustibles por
unos 10.000 millones de dólares anuales.
Las empresas del sector eléctrico consideraron a estos anuncios
como un primer paso para concretar el resto de las medidas que
hacen falta -sincerar las tarifas- mientras que analistas del
mercado energético sostuvieron que por ahora será otro parche para
un sistema que no da para más.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.