Por José Calero
Tras
considerar un "gran éxito" el Sinceramiento Fiscal, que ya superó
los 100.000 millones de dólares y podría llegar a 120.000 millones
o más a fines de marzo, el Gobierno busca crear las condiciones
para blanquear la economía, bajar impuestos y aumentar la
productividad.
Para ello necesita subir la recaudación en forma sostenida a
partir de un fuerte combate a la economía en negro, que según sea
la fuente de consulta se ubica en el 30 o el 40 por ciento del
Producto Bruto.
El desembarco de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda
no sólo persigue el objetivo de reducir el déficit fiscal mediante
una evaluación minuciosa sobre en qué gasta el Estado y cuánto
rinde cada peso que se pone en un programa de gobierno.
Es un hecho que impulsará cambios en Ingresos Brutos -para lo
cual necesitará mostrar artes de negociador con las provincias y
pedir ayuda al conciliador ministro del Interior, Rogelio
Frigerio-, el impuesto al cheque, el nivel del IVA y el de aportes
patronales, entre otros tributos.
Mauricio Macri dijo que "el impuesto al trabajo perjudica
mucho, por algo tenemos casi la mitad de la población trabajando
en negro".
Y fijó el objetivo de encarar una reforma tributaria que
incorpore más trabajadores al sistema formal, por motivos de
equidad y para aumentar la base de recaudación.
"Uno de nuestros principales objetivos es reducir los impuestos
distorsivos", dijo Dujovne.
La meta final de la administración de Macri sería ir a fondo
con una reforma tributaria que permita eliminar los impuestos
distorsivos que le restan competitividad a la economía argentina.
Los expertos señalan que con una presión tributaria del 40% es
cada vez más chico el margen para trabajar que tiene la nueva
administración.
También sostienen que la fuerza laboral argentina tiene
salarios de países con ingresos medios, pero su nivel de
productividad es bajo, con alto ausentismo, y asimilable a la de
trabajadores de economías con menos ingresos.
La consultora Abeceb elaboró un ranking que estudia la
competitividad del sector manufacturero según los costos laborales
y la productividad.
Sobre 26 economías, la industria argentina se ubica penúltima,
solo delante de Brasil, que arrastra hace más de un año un
panorama de recesión de la cual recién ahora da indicios de
empezar a salir.
Esta medición incluye a los sectores dedicados a la
transformación de materias primas en productos elaborados o
productos terminados para su distribución y consumo.
Los expertos coinciden en que la pérdida de competitividad de
la economía argentina lleva más de medio siglo.
Una comparación elaborada por la propia Abeceb arroja un dato llamativo: en 1950, respecto de Estados Unidos, la
Argentina tenía el 50% de su productividad, mientras que ahora
llega a menos del 30%.
Desde 2004, de acuerdo con el informe, la Argentina mantiene un
nivel de productividad casi estanco, al igual que Brasil, mientras
que la mayoría de los países (Alemania o Australia, por caso)
fueron progresando o incluso duplicaron su productividad, como es
el caso de Corea.
La Argentina necesita invertir en maquinarias más modernas y
dispuestas para gente más capacitada, construir infraestructura,
reducir la burocracia, bajar la carga impositiva y educar mejor.
Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, coincide con la
necesidad de bajar los impuestos al trabajo dentro de un esquema
de reforma tributaria.
Pero explicó que para alcanzar ese objetivo convendría mostrar
un mejora significativa en el plano fiscal y por ello una de las
discusiones que se viene en el gobierno está vinculada con la
rebaja del IVA. La Argentina tiene una tasa del 21%, una de las más altas del
mundo: no siempre fue así, ya que ese impuesto llegó a estar en el
13% en 1990, pero Domingo Cavallo lo subió al 18% en 1992.
En abril de 1995 alcanzó la tasa del 21% que quedó hasta la
actualidad y ningún gobierno se animó a bajar por temor a
desfinanciar aún más las deficitarias cuentas públicas.
Aplicado por primera vez durante el breve gobierno de Estela
Martínez de Perón en 1975, el IVA surgió para evitar la distorsión
de los impuestos a las ventas en cascada, que encarecían los
costos de producción.
Pero la voracidad y las urgencias fiscales de las
administraciones provinciales, y sobre todo de los municipios,
hizo que la sobreimposición de gravámenes se multiplicara, hasta
llegar a la actualidad a una situación compleja, con impuestos y
tasas de todo tipo, que perjudican la competitividad de la
economía.
La tasa aplicable también sufrió variaciones: con la reforma
introducida en 1986 se unificó la alícuota general en el 18%,
entre 1988 y 1992 se produjeron marchas y contramarchas llegando a
descender hasta el 13% en 1990 para volver a subir hasta el 18% en
1992. A partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta el 21%
vigente en la actualidad.
En los cálculos del nuevo equipo económico, el IVA tiene una
productividad muy baja, porque con una alícuota de 21 puntos
porcentuales se recauda menos de 10% del Producto Bruto.
Dujovne considera que tener una alícuota tan alta genera
evasión y prometió que será uno de los temas para ir "mirando".
El otro gravamen en la mira es el impuesto al cheque, al que se
considera un incentivo a la informalidad.
El nuevo equipo económico parece tener claro hacia dónde
apuntar con la sintonía fina que necesita la economía argentina,
pero la duda es si los tiempos políticos de un año electoral se lo
permitirán.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.