Por Redacción
WASHINGTON, 9 (AFP-NA) Por Ramon Sahmkow. - El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que la Justicia está "politizada" y acusó a los jueces que evalúan su decreto antiinmigratorio, de momento suspendido, de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos.
Tres jueces de una corte federal de apelaciones de San Francisco deben pronunciarse esta semana sobre la orden presidencial que prohibió la entrada al país a inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes, y que ha garantizado un inicio accidentado para el joven gobierno Trump.
"Jamás quiero decir que un tribunal es parcial, por lo tanto no voy a decir que es parcial y aún no tenemos una decisión. Pero los tribunales parecen estar muy politizados", dijo el presidente republicano en una reunión en Washington con la asociación de comisarios policiales.
Ante un auditorio mayoritariamente cautivo, Trump expresó "estupefacción" respecto a las preguntas hechas sobre su polémico decreto por los jueces durante una audiencia telefónica el martes, señalando que lo que escuchó fue "vergonzoso".
Trump leyó en voz alta un artículo de una ley adoptada hace 65 años, que estipula que el presidente estadounidense tiene la prerrogativa de cerrar las fronteras a una categoría de ciudadanos extranjeros si pensara que su entrada al país iría "en detrimento de los intereses de Estados Unidos".
RESPETO A LA CORTE
El presidente republicano, en su tercera semana en el poder, dijo incluso que "un mal estudiante de secundaria" estaría de acuerdo con su lectura de la ley.
Según Trump, los jueces deberían fallar a su favor por "respeto a la corte".
La orden presidencial cerró las fronteras a todos los refugiados durante 120 días, y de manera indefinida a los refugiados sirios. Los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen tienen prohibida la entrada durante 90 días.
Durante una semana la medida provocó caos en los aeropuertos y protestas mundiales, no menos reclamos de legisladores del mismo Partido Republicano de Trump.
Pero el viernes un juez federal de Seattle, en el estado de Washington (noroeste), suspendió la medida, luego de que dos estados pidieran su revocación argumentando discriminación religiosa y "daños irreparables".
Ante los comisarios, Trump resaltó que la seguridad en Estados Unidos "está en riesgo" debido a la suspensión del decreto.
"Creo que es un día triste (...) Una de las razones por las que fui electo fue por (la promesa de) la ley y el orden y la seguridad", señaló.
EL MURO EN
ETAPA DE DISEÑO
El nuevo inquilino de la Casa Blanca dibujó un alarmante cuadro de criminalidad, tráfico de drogas y ataques a policías: "muchas comunidades en Estados Unidos enfrentan una crisis de seguridad pública", dijo.
Alertó que los datos de asesinatos en las grandes ciudades se elevaron "a tasas de dos dígitos" en 2016, junto a un aumento de violaciones, ataques y tiroteos.
A Chicago, la tercera ciudad del país viciada por una guerra de pandillas, la catalogó de "tragedia nacional".
"Si Estados Unidos no gana este caso (en San Francisco, NDLR), nunca podremos tener la seguridad que merecemos", había escrito antes en Twitter.
Trump, que suele vincular la inmigración clandestina con el alza de la criminalidad en Estados Unidos, a pesar de la evidencia científica contraria, señaló que el muro fronterizo con México, otra emblemática promesa electoral, ya "está siendo diseñado".
"Muchas personas dicen que Trump solo estaba bromeando con el muro. No estaba bromeando. Yo no bromeo", zanjó.
CHOQUE DE PODERES
Durante la audiencia del martes, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno, argumentó que el decreto estaba dentro de las atribuciones de Trump, señalando que es "un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente".
En el lado opuesto, el abogado que representa a los estados de Washington y Minnesota, Noah Purcell subrayó que "siempre ha sido papel del poder judicial decir lo que es legal y supervisar abusos del Ejecutivo".
Los tres jueces federales del Noveno Circuito de Apelaciones determinarán esta misma semana si la suspensión se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
Si la corte de San Francisco mantiene la suspensión, el caso podría avanzar a la siguiente y máxima instancia, la Corte Suprema, el gobierno necesitaría cinco votos contra tres para restablecer el decreto.
Ese escenario es definitivamente una incógnita pues las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas. Trump ya nominó a un juez conservador para llenar la novena plaza, pero su confirmación por el Senado no se espera por meses.
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