Por REDACCION
RIO DE JANEIRO, 8 (AFP-NA). - La luz verde otorgada por
la Corte Suprema de Brasil a la fiscalía para investigar a decenas
de políticos en el marco del histórico escándalo de corrupción que
estalló en la estatal Petrobras hizo temblar la coalición de
gobierno y amenaza la economía del país más grande de Sudamérica.
Tras una jornada de gran tensión en el centro político de
Brasilia, la lista revelada en la noche del viernes impresiona: 49
personas citadas, 47 de ellas autoridades en funciones o que
ejercieron cargos en el pasado.
Los 12 senadores y 22 diputados actualmente en el cargo
proceden de cinco partidos, tres de los cuales forman parte de la
colación gobernante.
Entre ellos están los presidentes del Senado, Renan Calheiros,
y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos pertenecientes
al partido centrista PMDB, ineludible para gobernar y aliado clave
del gobierno de Rousseff.
Según la fiscalía, los políticos citados recibían propinas
semanales, quincenales o mensuales y las investigaciones revelaron
los "comportamientos de una organización criminal compleja".
El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quiere
determinar las responsabilidades en este inmenso escándalo de
contratos sobrefacturados con empresas, de propinas y posterior
lavado de dinero que habría ocasionado pérdidas de 4.000 millones
de dólares en 10 años al gigante petrolero Petrobras, una de las
empresas insignia del país controlada por el Estado y que hasta
hace poco era el "orgullo nacional" de Brasil.
CAMPAÑA BAJO
LA LUPA
La fiscalía investigará también la financiación de la campaña
de Rousseff en 2010, cuando sucedió en el cargo al presidente Luiz
Inacio Lula da Silva, su padrino político.
El nombre de Antonio Palocci, exministro de Finanzas de Lula y
exjefe de gabinete de Rousseff (en 2011), apareció en las
delaciones de los presos que colaboran con la policía con la
esperanza de conseguir una reducción de sus penas.
El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo,
convocó este sábado una rueda de prensa en Sao Paulo para corregir
ciertas informaciones "erróneas", según él, aparecidas en la
prensa, que afirmaban que Rousseff no iba a ser investigada por la
fiscalía por estar protegida por su cargo.
Su nombre nunca apareció en la lista de Janot y "no hay nada
que haya sido rechazado a propósito de la presidenta, ya que no
hay hechos ni indicios contra ella", en el informe de la fiscalía,
reiteró el ministro.
Por el momento, todos los sospechosos niegan las teorías de la
fiscalía y aseguran que se les está condenando antes de tiempo.
Las futuras decisiones de la Justicia podrían, sin embargo,
tener consecuencias imprevisibles para Brasil, según los
analistas.
"¿El caso de corrupción en Petrobras va a paralizar al país?",
se pregunta el semanario económico Exame, sobre todo ahora que
otros sectores de la economía brasileña están preocupantemente
ralentizados.
Además de Petrobras, una treintena de grandes empresas, muchas
de ellas constructoras, están implicadas en el escándalo, lo que
ha generado la suspensión de obras en curso, así como la
cancelación o revisión de líneas de crédito y contratos.
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