Por Redacción
BRASILIA, 19 (AFP-NA). - La presidenta Dilma Rousseff sancionó ayer la creación de una Comisión
de la Verdad que investigará violaciones a los derechos humanos durante
la dictadura (1964-1985), una medida histórica para Brasil, que está a
la zaga del resto de la región en este tema.
"El secreto nunca más dará guarida a la falta de respeto a los derechos humanos", dijo la mandataria de 63 años en la ceremonia oficial, en la que fue recibida de pie con aplausos.
"Es fundamental que la población, sobre todo los jóvenes y las generaciones futuras, conozcan nuestro pasado, cuando muchas personas fueron apresadas, torturadas y matadas. La verdad sobre nuestro pasado es fundamental para que esos hechos que mancharon nuestra historia nunca vuelvan a ocurrir", expresó Rousseff, que en la dictadura fue guerrillera, estuvo presa y fue torturada.
Siete personas nombradas por la presidenta integrarán esta comisión que funcionará por dos años. Su misión será sacar a la luz hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988, un período mayor que la dictadura, y bajo condición de no levantar la amnistía de 1979 que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
Rousseff también sancionó una ley de acceso a información que obliga a hacer públicos todos los documentos oficiales, incluso los ultrasecretos, después de un máximo de 50 años. Este plazo no se aplica a documentos referidos a violaciones de derechos humanos, que serán inmediatamente públicos.
Familiares de víctimas de la dictadura consideran que las medidas son tímidas frente a los pasos dados en otros países suramericanos, donde militares acusados de crímenes han sido procesados.
"En Argentina ha habido miles de procesos, en Uruguay se revisó la Ley de Amnistía. Brasil es el más atrasado. No tenemos esperanza, creemos que esas medidas sancionadas no traerán los hechos a la luz", dijo a la AFP Vitoria Grabois, directora de la ONG Tortura Nunca Más, y cuyos padre, esposo y hermano fueron víctimas del régimen militar.
En la ceremonia estuvieron presentes los jefes de las Fuerzas Armadas, que hace un año pactaron con el gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva la creación de esa comisión.
Representantes de familiares y de organismos de derechos humanos se mostraron emocionados. "Para alguien como yo, que lleva 40 años intentando rescatar la historia de mi padre, este momento es un gran aliento, aunque hay mucho por hacer", dijo a la AFP Carlos Augusto Marighella, hijo del político Carlos Marighella, uno de los principales organizadores de la lucha armada, abatido a tiros en 1969. "Si Argentina, Chile y Uruguay han podido avanzar en esas medidas, Brasil también puede: podemos ir subiendo peldaños", dijo.
El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.
Las férreas dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y llegaron a coordinarse en un denominado "Plan Condor" para perseguir a opositores.
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